La pregunta es de buena fe: ¿hay alguien que pueda decirle al presidente electo que la incertidumbre no es la mejor marca de un gobierno?
La construcción del nuevo aeropuerto se pretende decidir a partir de una conveniencia política y no desde criterios estrictamente técnicos.
No se trata de estar a favor o en contra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), tampoco de ser un reaccionario conservador alérgico a consultar al pueblo. La preocupación va en otro sentido: si la decisión que se tome va a contribuir a generar confianza o inestabilidad.
La consulta ciudadana para decidir si se continúa o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco o si se opta por dos pistas en Santa Lucía es el recurso del que ha echado mano Andrés Manuel López Obrador para salir del embrollo en el que lo metió su retórica.
López Obrador ha cambiado, en cuatro años, cuando menos diez veces de parecer. El 4 de septiembre de 2014, dos días después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara la construcción del NAIM, López Obrador dijo que el proyecto olía a corrupción.
En 2015, 2016 y 2017 insistió en que Morena pediría suspenderlo y que de ganar las elecciones utilizaría esos recursos para reconstruir las viviendas dañadas por el sismo.
Su oposición pública y constante en contra del proyecto de Texcoco hizo creer a los ejidatarios de Atenco —opositores a la obra— que el presidente electo era su aliado.
Sin embargo, conforme se fue acercando el proceso electoral de 2018, el tabasqueño comenzó a entrar en una espiral de contradicciones que lo han llevado, tanto a él, como al país, a una trampa.
Los dichos del presidente electo han tocado todas las teclas del piano y aunque los diagnósticos más acreditados indican que Texcoco es lo más viable, no sabe cómo impedir que la decisión enoje y decepcione a sus seguidores más radicales.
La razón por la cual la consulta va a durar no uno, sino cuatro días —del jueves 25 al domingo 28 de octubre—, tiene una explicación política y no de logística. Lo que necesita López Obrador es tiempo para saber qué decisión tomar.
¿Qué puede tener menos costo para su gobierno?: ¿incumplir sus promesas de campaña y decepcionar a sus simpatizantes, o cancelar, posponer el NAIM y enviar una pésima señal de confianza a los inversionistas extranjeros, provocar como consecuencia una salida de capitales y abrir la puerta a una crisis financiera quién sabe de qué consecuencias?
Está de más decir que la decisión de escoger a una empresa privada, como la Fundación Arturo Rosenblueth, y dejar al margen al Instituto Nacional Electoral tiene la misma explicación. No es una consulta vinculante, con obligatoriedad jurídica lo que se busca, sino un recurso para tratar de resolver un problema político.
La visita que hizo el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a los ejidatarios integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Texcoco, tuvo ese propósito: tratar de impedir que los machetes se levanten contra el presidente electo. Lo mismo sucedió con la conferencia de prensa a la que convocó el futuro funcionario. Puso sobre la mesa una serie de posibilidades, tratando de dar gusto a todos. Ni esto, ni aquello, sino todo lo contrario.
La consulta va a dividir, inevitablemente al país, en ganadores y derrotados. Habrá quienes se sientan triunfadores y quienes se consideren engañados. El resultado no se limitará a contar votos, tendrá consecuencias. Más, de las que se esperan.
