La inseguridad es el problema que más preocupa a la sociedad y garantizarla es una obligación del Estado mexicano, que no puede evadirse. Aprobada constitucionalmente la Guardia Nacional y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión, en un periodo extraordinario, tendrá que avanzar en tres normas fundamentales: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, y la Ley del Registro Nacional de Detenciones, con lo cual el marco legal quedará completo.
Es importante enfatizar que la reforma constitucional que reformó la Guardia Nacional establece en sus artículos transitorios el fortalecimiento de las policías locales. Esto implica que a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México les corresponde una parte sustancial del mejoramiento de la seguridad. Por supuesto que debe establecerse una estrecha coordinación con la Guardia Nacional, pero la tarea fundamental de los gobiernos locales será fortalecer los cuerpos de policía. No sólo aumentar el número de elementos, sino capacitarlos, certificarlos y equiparlos adecuadamente.
Lograr esto sería un gran avance, pero no basta, para atacar el problema de la inseguridad de fondo se requiere también restructurar las fiscalías locales y contribuir a fortalecer los poderes judiciales; así como restructurar los sistemas penitenciarios. No debe permitirse que los penales sigan siendo verdaderas escuelas del crimen o donde se violen sistemáticamente los derechos humanos.
Un tema muy importante a atender son los feminicidios. Lo primero, en todas las instancias de procuración de justicia de los estados debe existir una fiscalía especializada en feminicidios, con los recursos para que pueda cumplir con su trabajo, sin ésta no habrá posibilidad de que se haga justicia a las víctimas. Deben seguirse puntualmente los protocolos y acciones que establece la alerta de género y crear mecanismos adicionales de protección. No debe permitirse que ningún feminicidio quede impune. De manera particular, debe priorizarse la atención a la violencia familiar. La mayoría de los feminicidios pueden evitarse si se combate la violencia en el seno de las familias y de las escuelas. Además, establecerse módulos de vigilancia, botones de alarma, sitios seguros para las mujeres y denuncias por Internet.
Mientras que para enfrentar problemas como el robo del combustible, como ya se está impulsando desde el Gobierno de México, debe recuperarse el campo, impulsar actividades productivas y brindar opciones educativas y laborales a los jóvenes de esos municipios. De manera destacada debe mejorarse la seguridad en las carreteras y erradicar la corrupción. Se trata de desmantelar la red de protección política con la que cuentan las bandas de huachicoleros, que les permiten actuar con impunidad.
Como puede verse, el trabajo de construcción institucional es apenas el primer paso para mejorar la seguridad y construir la paz. El país enfrenta una tarea enorme en esta materia. Los anteriores gobiernos se dejaron derrotar por la inseguridad, las estrategias que pusieron en práctica fueron fallidas; sin embargo, los esfuerzos que se están realizando desde el Gobierno de México y desde los gobiernos estatales, sin importar su origen, son enormes. Hay buena coordinación, porque para todos está claro que la seguridad es una función de Estado y no de gobierno.
@MBarbosaMX