En tiempos en los que el ejercicio de planeación y evaluación de política pública son más necesarios, son en los que vale la pena analizar en dónde estamos y lo que nos falta como País para alcanzar el objetivo al que queremos llegar. Para ello, revisaremos tres elementos de planeación: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible firmada en 2015, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) que entregó el Ejecutivo Federal en su versión articulada por objetivos, estrategias y metas (no en su versión de manifiesto político, ya que éste carece de mecanismos de medición), así como la medición de la pobreza 2008-2018.
La Agenda 2030 es un documento adoptado por 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre éstos México, que contiene los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuya finalidad es poner fin a la pobreza y reducir la desigualdad y la injusticia en un marco de adopción de políticas públicas atentas al cambio climático.
Ante este contexto, la anterior administración pública federal y la actual, armonizaron la planeación estratégica para alinearla con los objetivos antes citados. El PND 2019-2024, como eje rector de la política pública en México presenta en sus tres ejes generales (Justicia y Estado de Derecho, Bienestar y Desarrollo Económico), la alineación con la Agenda 2030.
En días recientes, el Coneval publicó los resultados de la medición de pobreza para el año 2018 y en retrospectiva, los presentó en un análisis respecto del año 2008; es decir, una década del ejercicio de políticas públicas orientadas al abatimiento de la pobreza. A nivel nacional, México redujo la proporción de la población en pobreza pasando del 44.4 por ciento en 2008 a 41.9 por ciento en 2018; sin embargo, el número de pobres creció en 2.93 millones de habitantes. De hecho, las brechas de desigualdad se acentúan regionalmente al observar los resultados por entidad federativa. ¿Por qué razón? Este tema está directamente ligado a la cantidad y calidad del empleo, a la inversión privada primero y a la pública después, donde ha venido imperando un ambiente de incertidumbre de las políticas públicas, así como de volatilidad internacional.
En un México caracterizado por realidades, viendo el centro-norte, el sur y el sureste, es de atención prioritaria generar un conjunto de agendas que centren su foco de acción en el desarrollo estatal-regional. No como proyectos federales o nacionales que omitan las particularidades de cada zona específica, sino en una dinámica de diálogo constante con los actores del gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y la sociedad en general, que perciben las problemáticas de sus comunidades de manera cotidiana. Estas agendas deben promover la consecución de objetivos basados en un proceso profundo de diagnóstico bajo una perspectiva regional, así como en una visión de corto, mediano y largo plazo con un carácter transexenal que permita aprovechar su conocimiento y experiencia.
En este contexto, las agendas de desarrollo regionales que se generen deben estar alineadas no sólo con el PND sino con la Agenda 2030.
La clave en dicha alineación de orden federal y estatal radica en la implementación de la metodología de evaluación al desempeño aplicada a los programas públicos estatales en su contribución con los objetivos de la Agenda 2030. Una verdadera intervención de políticas en combate contra la pobreza y la desigualdad no puede provenir únicamente a nivel federal por lo que es prioritario medir los esfuerzos conjuntos en un mismo lenguaje. El objetivo final radica en alinear las estrategias puntuales del desarrollo, como la reducción de la pobreza o garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para lograr una convergencia económica y de competitividad entre las distintas zonas del país.