Tras la misiva enviada por el presidente de México a los congresistas norteamericanos para que asuman su compromiso de ratificar el T-MEC antes del inicio de las campañas políticas con miras a la elección presidencial de noviembre del 2020, tanto republicanos como demócratas tienen una responsabilidad compartida para con los socios comerciales de su país, antes de que la aprobación del acuerdo se “contamine” por el proceso electoral en puerta.

Hasta el momento, nuestro país ha hecho su parte una vez que el Congreso de la Unión y los Congresos Locales aprobaron la Reforma Laboral en abril pasado y que entró en vigor el primero de mayo. Casi de inmediato la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ordenó su publicación dándose a la tarea de implementar los protocolos para su puesta en marcha.

Como parte de la implementación del nuevo ordenamiento, se instalaron mesas de trabajo con sindicatos y centrales obreras, en las que han venido participando organizaciones independientes como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Nueva Central de Trabajadores (NCT), abordándose temas inaplazables para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora como lo es el trabajo decente.

Los alcances de la reforma, encuadrados en la ratificación y cumplimiento de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se circunscriben únicamente a democratizar el mundo laboral; además, ofrecen la oportunidad de que tanto las empresas como el gobierno en sus tres niveles y poderes, pacten verdaderos contratos de trabajo más justos y que contribuyan a mejorar el nivel de vida de millones de trabajadores tanto del apartado “A” como del apartado “B”.

Y es éste, sin duda, el mayor reto para comenzar a eliminar la simulación laboral que operó durante décadas en México en detrimento de la fuerza laboral, estancando el mercado interno con los bajos salarios. Sin dejar de mencionar el sindicalismo charro que permitió los contratos de protección a favor de los intereses empresariales.

Otra de las herencias abonadas en contra de los trabajadores y que impidió el acceso a la seguridad social y la estabilidad laboral de millones de jóvenes, fue la subcontratación. El lesivo outsourcing alentado por los gobiernos neoliberales como una concesión para liberar a los patrones del pago de cuotas obrero patronales y la firma de contratos colectivos a cientos de empresas, que debe ser eliminado.

Es momento de que todos los trabajadores del país exijamos a los congresistas de los Estados Unidos la ratificación del T-MEC, si en verdad, como han propalado en el marco del nuevo acuerdo comercial, les preocupan la democracia y libertad sindicales, así como los derechos laborales de millones de mexicanos.

Hace tres décadas cuando se firmó el TLCAN, los compromisos laborales solo quedaron plasmados en el papel sin ninguna cláusula que obligara a México a cumplirlos y, por ende, a mejorar los salarios y las condiciones de vida de sus trabajadores.

Ahora, es momento de que los legisladores norteamericanos salden esa deuda histórica con la clase trabajadora de nuestro país y asuman su responsabilidad de dar luz verde al T-MEC y a su capítulo laboral para que los obreros mexicanos se sacudan de una vez por todas los mini incrementos salariales, el charrismo sindical y la regresiva subcontratación, entre otros muchos vicios del pasado.