Por Cecilio Ferro Villa
El pasado 25 de octubre el Senado de la República eliminó la propuesta de los diputados de Morena (concretamente del diputado sonorense Javier Lamarque) para modificar la Ley Federal de Derechos, por la que se pretendía cobrar el uso, goce o aprovechamiento de aguas nacionales para los productores agropecuarios. De no haber sido rechazada, los productores hubieran recibido un severo golpe al verse obligados a pagar un incremento de alrededor de 3 mil 500 pesos por hectárea. Afortunadamente la intentona del morenista fue frenada por sus propios correligionarios, pero lo interesante de este asunto es que nuevamente encendió las alertas sobre necesidad imperiosa de iniciar un debate serio y sin actitudes facciosas sobre el uso sustentable del agua para producir con suficiencia y calidad los alimentos que México necesitará en el futuro.
El aumento poblacional implica una creciente demanda de alimentos, pero los retos a enfrentar son descomunales: los enigmas que implica el cambio climático, un mayor estrés hídrico, la sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos, la degradación de suelos, una frontera agrícola con pocos márgenes de ampliación, así como la cuestionable gestión de los recursos hídricos por parte de los gobiernos. Estos son solo algunos componentes de un debate que debió ocurrir hace décadas, pero que tristemente se sigue postergando por aquello de las reinvenciones y caprichos sexenales. La falta de políticas integrales de Estado coloca a México ante un futuro alimentario incierto ¿De qué nos vamos a alimentar nosotros y las generaciones de mexicanos que aún no nacen?
De acuerdo con el documento “Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego. Año agrícola 2016 – 2017” elaborado por la entonces SEMARNAT y CONAGUA, en México, el 76 por ciento del agua dulce es utilizada para actividades agroalimentarias, la mayoría a través de 50 mil 735 unidades de riego que permiten la producción de poco más de 7 millones de hectáreas. De éstas, 3.3 millones de hectáreas están bajo la jurisdicción de los Distritos de Riego y poco más de 4 millones de hectáreas que pertenecen a obras de pequeña irrigación bajo la jurisdicción de las Unidades de Riego.
En un país con una producción agrícola eminentemente basada en el temporal, la seguridad alimentaria pende de alfileres, aún más, si existe opacidad y corrupción en el otorgamiento de concesiones de agua para la producción alimentaria.
Hoy está en la mira la visión con que fue creada la Ley de Aguas Nacionales en 1992, en el marco de la firma del TLCAN, cuando las agroindustrias demandaban certidumbre en las concesiones de uso de aguas nacionales. De ese año a la fecha, se han otorgado más de 500 mil concesiones con títulos que amparan el uso por hasta 50 años y prorrogables, lo que ha propiciado una concentración de concesiones para la explotación del agua y, por tanto, una distribución inequitativa de ésta.
El problema no radica únicamente en la concentración de concesiones, sino que la gestión integral del líquido es a todas luces deficiente, pues la Comisión Nacional del Agua solo cuenta con 149 inspectores para supervisar esos más de 500 mil permisos, lo que ha posibilitado la existencia de pozos clandestinos y altos volúmenes de extracción no autorizados ni registrados debido a la inexistencia de instrumentos de medición confiables y ya no se diga de protocolos para sancionar estas prácticas. El agua de México se encuentra atrapada en un círculo vicioso en el que el líquido nunca es suficiente para quienes más lo necesitan. Además, a este desbarajuste hay que añadirle el fenómeno de las transferencias de las concesiones, la cuales sucumben al mejor postor e incluso a los compadrazgos y cacicazgos políticos.
Para el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, el rechazo a la propuesta del cobro de agua es pura “politiquería” de los agroindustriales. El hecho es que, si la agroindustria tiene que lidiar con otro gravamen, los precios de los alimentos inevitablemente se incrementarían y el problema hídrico no se solucionaría. Lo que sí se deja ver es una suerte de venganza a rajatabla contra los empresarios medianos y grandes.
Los poderes del Estado siguen sin tener la articulación y la visión integral para la construcción de políticas en torno al uso sustentable del agua, y en el caso que nos compete, para la utilización más eficiente del recurso en la producción de alimentos. Estamos gastando 76 por ciento del agua de México en la producción de comida, y la suficiencia alimentaria no se vislumbra en el corto plazo. ¡Aguas! El problema es de todos.