La Gestapo y la KGB —la policía secreta de los nazis y de los soviéticos—, no han muerto. Acaban de abrir una oficina en la Secretaría de la Función Pública con el nombre de Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

¿Cuál va a ser la función de esos ciudadanos? Acusar a sus compañeros de trabajo, de manera secreta y bajo anonimato, de incurrir en actos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, violación de derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual. Esta misma función la van a tener ciudadanos comunes que decidan inscriban en el programa.

En el apartado Sexto del Acuerdo se precisa que “el alertador proporcionará información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sea probable que se  cometan….”

Los “Alertadores Ciudadanos” operarán simple y sencillamente como “orejas” del gobierno. Acusarán, delatarán, señalarán, denunciarán con o sin pruebas. ¿Pero a quiénes? ¿A los corruptos? o a los servidores públicos inconformes, a los que formaron parte de administraciones pasadas y no forman parte del rebaño de la 4T.

La figura no es nueva. Es una copia de lo que hacían los nazis y los soviéticos para espiar a la población y mantener  el control político dentro del sistema. Hoy, con el pretexto de combatir la corrupción, el gobierno la instituye , en principio dentro del servicio público, para luego — ¿por qué no?— convertirla  en una disposición  general donde cada ciudadano se convierta en delator de otro ciudadano. Este instrumento de espionaje, sacado del fascismo más rancio, vulnera los derechos y las garantías constitucionales, destruye el principio de presunción de inocencia, un derecho humano fundamental vigente en los países democráticos.

Lo que está promoviendo la 4T es que un simple rumor, una mera suposición, comentario o señalamiento se convierta automáticamente en prueba judicial para llevar a un inocente o enemigo a la cárcel.

El propósito de este esquema de “soplones” es romper con los lazos de unidad y solidaridad social. Cada persona se convierte en juez y verdugo de su padre, madre, hermanos, amigos y vecinos. La única lealtad admitida es para el gobierno, no para la familia, no para el compañero. El acusador, en este caso,  actuará como un cómplice de la 4T, quien sabrá pagar o recompensar su traición.

Pero, la función más importante de los “Alertadores Ciudadanos” es, sin duda, de tipo político. Dentro de un Estado policiaco, como el que se busca instituir, el gobierno pondrá ojos y oídos por todas partes. Se trata de amedrentar y perseguir de manera más sistemática a quienes se acusa desde las “Mañaneras”, a los “enemigos del pueblo”, es decir, a los adversarios del proyecto político totalitario de López Obrador.

Ante la crisis económica devastadora que se avecina —prohijada y multiplicada por el mismo presidente de la república—, se prepara desde Palacio Nacional el aparato represivo para señalar y castigar a los agitadores, a los conspiradores y a toda esa caterva de empresarios y periodistas conservadores que constituyen una “minoría rapaz” y obstaculizan el avance de  la “revolución”.

El invento  de la Secretaría de la Función Pública, es un producto salido de los regímenes represores más puros. Quien lo propuso debe haber abierto el libro de la Gestapo para ver cómo utilizaron los nazis el miedo, la amenaza y la coerción para impedir la critica, la disidencia y las protestas sociales.

Desde la óptica gubernamental, la lealtad a los más alto valores de patria deben ser incinerados para sustituirlos por el sometimiento a la Cuarta Transformación. Cada padre de familia debe estar dispuesto a entregar a su hijos a los policías torturadores, a los carceleros,  si comete el error de ser un crítico del régimen.

¿Así o más sencillo? Esa es la traducción de los “Alertadores Ciudadanos”, a eso está invitando la Secretaría de la Función Pública a los mexicanos, a ser traidores de su propia raza y de su propia sangre.

El Derecho penal tiene sus propias preguntas: ¿Quién aportará las pruebas, quién las evaluará, quién calificará la calidad del alertador? ¿Y las víctimas? ¿Los inocentes que fueron acusados y declarados culpables a partir de dichos y calumnias, dónde podrán recibir justicia?

Verdugos Voluntarios es el título de un libro escrito por Daniel Jonah Goldhagenm sobre la responsabilidad que tiene un pueblo — un “Alertador Ciudadano”—,  al aceptar convertirse en cómplice de un depredador de los derechos humanos.