Después de poco más de tres meses en cuarentena, las actividades en varias partes del país están empezando a reactivarse, sobre todo porque estamos frente a una de las peores crisis económicas que vamos a vivir en nuestra historia. Los datos no nos mienten: un estudio realizado por Consultores Internacionales S.C. estima que para el mes de junio el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del INEGI mostrará una caída de alrededor de -21.5 por ciento, y de -20.9 por ciento para el mes de julio. El IGAE es importante porque permite conocer y dar seguimiento a la evolución mensual del sector real de la economía y se trata de una muy buena aproximación a la dinámica del Producto Interno Bruto.
En este sentido, la reapertura económica podrá contribuir positivamente, en tanto que los negocios puedan volver a abrir sus actividades y se genere el ritmo de oferta y demanda, y así poner en movimiento la economía. Sin embargo, este proceso debe hacerse de la forma ordenada y responsable, de lo contario estaríamos entrando a un caos en el que veremos un aumento de contagios y de lamentables pérdidas humanas.
La reapertura necesita una nueva estructura para evitar el rebrote, se necesita un equilibrio entre la contención del virus y la reapertura de actividades, por ejemplo, teniendo un control de los lugares donde el virus está bajo control y dónde están los puntos más graves.
Es un equilibrio muy complejo que requiere una política de Estado muy bien hecha y coordinada, en la que se deben involucrar los sectores de salud, de transporte, de control de seguridad pública y, en general, todos los actores sociales. Debe ser una política de Estado sin medias tintas, en la que se tienen que poner todos los recursos disponibles, incluso dejando de hacer algunos proyectos de infraestructura que pueden esperar, porque lo que no puede esperar es la vida de todos los mexicanos que cada día están en riesgo.
En este sentido, también es necesario realizar una mayor cantidad de pruebas para detectar COVID-19 para una reapertura sin rebrotes, y se debe aumentar la capacidad diagnóstica para que cada caso sospechoso se investigue. No se debe escatimar recursos en este aspecto, porque una de las razones por las que no se hacen las pruebas suficientes ha sido el alto costo económico. De hecho, México es uno de los países que menos pruebas para detectar COVID-19 ha hecho en el mundo, teniendo una tasa de solamente 1.2 pruebas por millón de habitantes.
La estrategia de limitar la cantidad de pruebas por COVID-19 ha sido una medida errónea porque no ha tenido ningún efecto en la disminución y control de casos. No hay que olvidar que realizar más pruebas de diagnóstico permite controlar el brote, y los muy probables rebrotes analizando a más personas y rastreando los casos sospechosos. Realizar pruebas suficientes es un proceso que nos hace falta, porque lamentablemente se está haciendo una reapertura descontrolada en lugares donde hay aún un alto índice de contagios. Y estas decisiones pueden tener consecuencias muy graves.
No hay que olvidar, por ejemplo, que muchas entidades del país como Yucatán, Quintana Roo y Jalisco han regresado a semáforo rojo tras una apertura prematura; y esto es lo que hay que evitar en el resto del país porque la posibilidad de un rebrote tendrá un efecto negativo siendo el principal riesgo para la economía nacional.
Es una verdad ineludible el hecho de que hoy se debe reactivar la economía, pero se debe insistir en una Política de Estado integral, en realizar más pruebas diagnósticas y en destinar los recursos suficientes. Sólo así se saldrá adelante mucho más rápido y se podrá respirar el aire de libertad que necesita la economía.