La pandemia del Covid-19 ha revelado de forma cruenta las desigualdades sociales existentes en México, y uno de los sectores más afectados ha sido el educativo, sobre todo por la falta de infraestructura en las escuelas públicas y centros de investigación desde el nivel básico hasta el superior. Los insuficientes recursos mobiliarios, tecnológicos y educativos vulneran la integridad y el desarrollo de los estudiantes, a lo que hay que sumar pugnas sindicales y políticas que han mermado la calidad educativa.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que 1.4 millones de estudiantes mexicanos no regresarán a clases en el curso escolar 2020-2021, una problemática que se agudiza para los sectores más vulnerables como las mujeres, las comunidades indígenas, rurales, campesinas, periurbanas y los afrodescendientes. Además, las desigualdades económicas harán que 15.55 por ciento de los alumnos no continúen con sus estudios en el nivel medio superior, superior y posgrado. La situación es preocupante, ya que las condiciones económicas vulneran el derecho constitucional a la educación.

Esta pandemia también ha demostrado que no existe una coordinación idónea entre los gobiernos locales, estatales y el federal para crear una agenda que integre a padres y madres de familia, al estudiantado y al cuerpo docente. Al mismo tiempo, se ha cuestionado la deficiencia de los programas escolares, lo que se agravó con la enseñanza en línea porque, pese a que 30 millones de estudiantes terminaron a distancia el pasado ciclo escolar, las evaluaciones no garantizaron la calidad educativa para que el estudiantado desarrolle conocimientos y habilidades que le permitan desarrollarse académica y personalmente.

La educación en línea en México está rezagada porque los programas tecnológicos en el país jamás han tenido continuidad. En su momento, el presidente Fox lanzó Enciclomedia (quizá́ el proyecto más serio, pero difícil de operar); por su parte el presidente Calderón lanzó el programa Habilidades Digitales; y con el presidente Peña hubo tres esfuerzos: la entrega de tabletas con materiales precargados, la entrega de computadoras personales y concluyó con un proyecto llamado Web 2.0, que nunca se materializó. Todos estos programas han sido diferentes, y no llevan una línea estratégica de seguimiento.

Ahora que inicia un nuevo ciclo escolar, en línea y televisado, debe ponerse en la agenda de los legisladores la inversión en el ámbito educativo y en el desarrollo de tecnología accesible para terminar con la gran brecha digital que tiene el país, porque sólo un 25 por ciento del estudiantado que cursa educación básica cuenta con un dispositivo electrónico con acceso a internet. Es necesario que la creación de innovaciones tecnológicas esté orientada a resolver las desigualdades del país.

Asimismo, la agenda debe considerar el cambio en los programas educativos que ahora deben tomar en cuenta que la tecnología sólo es un mecanismo para potenciar el desarrollo intelectual, capacidades y herramientas para la vida de los niños y jóvenes. En este sentido, la educación y actualización para docentes es fundamental.

México se está perdiendo la oportunidad de destacar en materia educativa en la región de América Latina, como un buen gestor de la emergencia frente a la pandemia del Covid-19. Se está desaprovechando la capacidad de accionar frente a situaciones extraordinarias. Los meses que se vienen aún aparecen inciertos, pero no debe perderse la idea de que la educación es un pilar esencial para el desarrollo y el futuro del país.