EDITORIAL
La campaña de vacunación contra la Covid-19 apesta. El gobierno y Morena la están utilizando para cambiar votos por vida. Ni en las dictaduras más primitivas o en los fascismos más acendrados se tiene registro de que la salud se haya canjeado por respaldo político.
El Plan Nacional de Vacunación de la 4T es ilegal e inconstitucional. Es turbio y perverso por donde se mire. Utilizado para tratar de salvar al régimen de una catástrofe electoral, pero condenado a ser un fracaso sanitario que pagarán con su vida millones de mexicanos.
¿Qué hacen los “servidores de la nación”, brazo propagandístico del presidente, en las brigadas de vacunación? ¿Por qué se vacuna a los personeros de Palacio y se discrimina, en cambio, al personal médico que está en la primera línea de fuego en hospitales públicos y privados?
El diseño de la campaña habla por sí misma. Al autócrata de Palacio le interesa más salvar votos que salvar vidas. Cree, en su enfermiza arrogancia, que su ejército de prosélitos puede sustituir a médicos y especialistas. Hoy nadie sabe, bien a bien, quién aplica la vacuna: ¿una enfermera o una “conseguidora” de votos?
La vida y salud de la población depende hoy de un plan de vacunación oscuro y poco confiable con el que lucran y se “paran el cuello” varios integrantes del gabinete, aspirantes a la candidatura presidencial.
La sociedad tiene miedo al contagio y la autoridad está utilizando miserablemente la vacuna como arma política. Está concentrando su compra, distribución y aplicación para que sus seguidores vea en el régimen a una especie de “salvador” que debe ser ratificado en las urnas.
Mientras el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llama a la unidad para combatir la pandemia, aquí tenemos un mandatario que utiliza la vacuna para abrir abismos y profundizar rencores.
El Secretario de Salud Jorge Alcocer y el querubín Hugo López-Gatell están más interesados en tomarse fotos y selfis al pie de los aviones que traen las cajas con el fármaco, que en dar respuesta a muchas de las dudas que tiene la población.
La preocupación de muchos está totalmente justificada: ¿Qué vacuna me van a aplicar? ¿Qué efectividad y reacciones secundarias tiene? ¿Cuántas dosis? ¿Qué grado y tiempo de inmunidad? ¿Puede poner en riesgo mi vida?
La vacunación contra la Covid-19 es una de las operaciones más retorcidas e inconstitucionales de este gobierno. Su implementación está hecha a base de fobias y filias, de intereses que nada tienen que ver con salvar vidas, además de carecer de una base jurídica –a la que obliga la Ley General de Salud– para evitar conductas arbitrarias.
Ante una emergencia humanitaria como la que vive el país, nada debería impedir que la iniciativa privada y los gobiernos estatales pudieron comparar directamente las vacunas, pero cuando el centralismo y la concentración de poder, cuando el autoritarismo es más importante que la salud del país, entonces, se toman decisiones irracionales y arbitrarias.
López Obrador y su régimen están a la cabeza de un plan que repugna. El ocultamiento de información deja abierta la puerta a pensar que el gobierno está escatimando recursos en la compra de vacunas, que está tratando de adquirir las más baratas y menos seguras, y lo más nauseabundo: que prefiere invertir en comprar votos que en salvar vidas.