México está gobernado por un partido cuyo brazo operador es el crimen organizado. Esta es la conclusión más relevante que se desprende del informe presentado por la coalición PAN-PRI-PRD ante la OEA para denunciar la intromisión del narcotráfico en las elecciones del pasado 6 de junio.
El documento deja ver cómo los cárteles fueron capaces de imponer por medio de tácticas terroristas el triunfo de los candidatos de Morena en, cuando menos, seis estados. Cómo “Grupos armados secuestraron e inmovilizaron equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto por consigna”.
El informe relata con todo detalle cómo la delincuencia asesinó a aspirantes y candidatos, “levantó” a jefes de sección, jefes de colonias, representantes de casillas, a dirigentes de partidos y cómo miles de electores marcaron la boleta a favor de Morena con una pistola en la sien o un “cuerno de chivo” apuntando a su espalda.
El relato de hechos entregado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, empieza con la descripción de una escena: El 6 de junio de 2021, un hombre arrojó una cabeza humana en una casilla electoral de Tijuana. “La imagen de esa cabeza cercenada y con los ojos abiertos era la metáfora de la intromisión del crimen organizado” en la elección más grande en la historia de la joven democracia mexicana.
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En Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Nayarit, Colima los testimonios de las víctimas son parecidos. Todas escucharon a los sicarios decir: “Esto está decidido”. “Aquí van a hacer lo que el jefe ordenó , y la orden es que tenemos que hacerle un hijo a las urnas para que nazca un gobernador moreno”, como sucedió en Michoacán.
¿Quién ese ese jefe que ordenó matar y secuestrar para imponer el triunfo de Morena en 12 gubernaturas? ¿Quién pidió a los “narcos” apoderarse del proceso electoral para imponer —por métodos delincuenciales— el triunfo de alcaldes, diputados y gobernadores del partido que encabeza López Obrador?
Y otra pregunta que salta por obvia: ¿Y el Ejército? ¿Y la Guardia Nacional? ¿Y la policía? ¿Y las fiscalías? ¿Y… la sociedad?
La denuncia presentada por la alianza PAN-PRI-PRD ante un organismo internacional no tiene precedente en la historia de la violencia política y exige que sea redefinido para ponerlo en su justa dimensión. Se trata de un ataque terrorista perpetrado contra los derechos civiles y políticos de los mexicanos.
No solo afecta, daña o importa a los partidos. Se trata de un crimen que atenta contra las libertades individuales, la integridad, el derecho a decidir, el derecho a la vida, y la democracia misma. Un ejército de sicarios le arrebató a los ciudadanos— con la complicidad del régimen— el derecho a elegir libremente. La sociedad tiene entonces la obligación de hacer propia la denuncia presentada ante la OEA.
La lectura política que se desprende del informe es escalofriante: México es hoy un narco régimen. Tiene un presidente decidido a utilizar a los cárteles para consolidar su proyecto político y preservarse en el poder. Así como el crimen organizado le entregó a Morena 12 gubernaturas, impondrá al próximo presidente o presidenta de la república.
López Obrador ya rebasó todos los límites.
Como resultado de las circunstancias que se desarrollaron en estas elecciones, @SiPorMx lanza una alerta a toda la ciudadanía del grave peligro que por indolencia o complicidad de las autoridades federales, se subordine el destino del país al crimen organizado.
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— Beatriz Pagés (@PagesBeatriz) August 24, 2021