Morena, por ordenes del presidente, dio un golpe a los donativos para la gente más pobre. Decidió reprimir y castigar fiscalmente la filantropía, criminalizar y satanizar la ayuda humanitaria.
¿Cómo se puede llamar a un presidente que utiliza el poder para quitar el pan y la salud a los más débiles? El único término que existe para calificar una decisión tan mezquina es la de: miserable.
A López nunca le han gustado las organizaciones de la sociedad civil porque la participación ciudadana le estorba a los dictadores. Con la reforma al impuesto sobre la renta a donadores, pretende eliminar a las organizaciones de asistencia social que pueden representar un riesgo a su poder omnímodo.
Para decirlo rápido y claro: Los pobres son de su propiedad y sólo a él y a nadie más que a él, le tienen que agradecer —con su voto a favor de Morena— las migajas que reciben.
De ahí su frase “mañanera”: “La filantropía no es una función que deban realizar las empresas….” ¡Aja!. ¿En qué código o tratado está prohibida la ayuda humanitaria? Más bien el señor presidente está violando varias disposiciones internacionales entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pero hagamos memoria. Los ataques a la ciudadanía organizada no es nueva. La trae “entre ceja y ceja” desde que era candidato. Y no es que no crea en ella —como dicen algunos—, o que le tenga desconfianza, como afirman otros. No. El fondo tiene que ver con una disputa de espacios y equilibrios de poder.
No le gusta que las organizaciones de la sociedad civil le cuestionen la pesadilla de gobierno que encabeza. Le enoja las críticas a la escasez de medicamentos, le enfurece que exhiban la inaudita corrupción que hay en su gobierno, lo saca de quicio las denuncias hechas por movimientos comunitarios en contra de la depredación ambiental provocada por la construcción del Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.
A todas y cada una de las ha acusado de recibir dinero del extranjero con fines intervencionistas y para “tirar” a su gobierno. De ahí, que muchas organizaciones no gubernamentales le hayan exigido detener los discursos que satanizan y criminalizan la labor de personas defensoras de derechos humanos de niños, mujeres e indígenas.
“Algo huele a podrido en Dinamarca” cuando el gobierno, al mismo tiempo que pone a funcionar la maquinaria recaudatoria para inhibir y deslegitimar la ayuda social, deja libres a los barones del crimen organizado que utilizan el sistema fiscal para lavar dinero. La verdad, nunca hemos escuchado que López acuse a un cartel de evadir impuestos.
La iniciativa para gravar las donaciones no tiene un propósito de transparencia sino de control político. El objetivo es evitar que, a tres años de la elección presidencial del 24, haya organizaciones que puedan tener fuerza y poder para movilizarse en contra del régimen. Se quiere callar la disidencia, la carencia, el abandono.
La venganza de López en contra de la ciudadanía altruista va a dejar una estela de muertos —físicos y sociales— por todas partes. A los huérfanos los dejará sin orfanatos, a las mujeres con cáncer sin atención médica, a los enfermos de VIH-SIDA sin medicamentos, a niños pobres sin escuela, museos y universidades tendrán que cerrar sus puertas.
El gobierno está abriendo un hoyo negro que podría devorarlo. El mensaje es único, inédito en un presidente que se asume como encarnación del pueblo: ¡Que se pudran los pobres! Decisión que solo puede tomar un miserable.