Otra vez, por enésima ocasión el Fiscal General de la República se ve envuelto en un escandalo público que pone en entredicho los principios que se encuentra obligado a acatar en su carácter de servidor de la Nación, consistentes en objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Las ilícitas grabaciones provenientes de llamadas telefónicas que salieron a la luz pública a través de redes sociales evidencian la vulnerabilidad de los altos funcionarios del país, es inconcebible que al responsable de perseguir los delitos y de procurar justicia lo intervengan en sus comunicaciones privadas, además que lo exhiban ante la comunidad.
Es obvio que se trata de enemigos, sin embargo, el puesto que desempeña es proclive por su propia naturaleza a causar molestias a muchas personas que se convierten en adversarios. No obstante, las razones de Estado obligan a tomar precauciones para evitar romper el sigilo y confidencialidad con que deben manejarse los asuntos a su cargo, aspecto que, por lo visto, ya haya sido por ligereza o negligencia se transgredió.
No menos importante resulta el contenido de las conversaciones, al advertirse un conflicto de carácter particular, donde él se dice parte agraviada y tiene un interes directo y personal en ese asunto, lo que pone de manifiesto un conflicto de intereses no compatible con la imparcialidad de la función.
Su intervención ante los ministros de la Corte para influir en la resolución, no es en carácter de particular, ya que no puede quitarse la investidura como Fiscal, máxime que esa dependencia tiene participación formal en el asunto, por lo tanto, estaba impedido para intervenir y al hacerlo, se presume un tráfico de influencias.
El comportamiento del Fiscal desde hace tiempo se viene cuestionando, ha sido noticia nacional sus confrontaciones con otros servidores públicos; también por persecuciones de carácter político, en contra de adversarios de la actual administración, como el caso de Ricardo Anaya y los investigadores del Conacyt; se le acusa de plagio y; un sinfín de conductas que lo colocan en una posición poco confiable.
La pregunta obligada: ¿Cuántos asuntos se han manejado de esa forma y no han salido a la luz pública?, ya que con la displicencia llevada a cabo del que nos ocupa, es dable presumir el método utilizado para otros casos, dejando de lado la constitución y por supuesto la legalidad.
También me extraña la actitud del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien hace unos días recordó las presiones que tuvo en el asunto de la guardería ABC, y ahora solapa con su silencio las injerencias del Fiscal ante sus colegas, para presionarlos y que se dicte resolución favorable a sus intereses particulares.
En resumen, es denigrante lo que se sigue viviendo en el país, muchos de los ocupan importantes cargos, no son personas de Estado, sino que defienden sus particulares posiciones y se aferran a sus puestos a costa inclusive de devastar a las instituciones.