El sistema económico capitalista mexicano, sujeto siempre a la libre concurrencia conforme al artículo 28 de nuestra carta magna, admite y regula la publicidad para aumentar ventas y obtener mayores ganancias.

Así compiten productores, comerciantes, consumidores, todos entre sí; patrones y trabajadores asisten al libre mercado, con equilibrios constitucionales. Todos, con sus múltiples vínculos, se rigen por la ley de oferta y demanda, con normas jurídicas de diversas índoles.

Por ello, no sorprende que el mercado de autos, alimentos,  vinos, vestidos, perfumes, telefonía, cines, restaurantes, profesiones diversas, transporte aéreo, canales televisivos, refrescos diseñen y paguen su propia publicidad, ya que son iniciativa privada en libre contienda.

Lo aberrante es que el gobierno mexicano pague multimillonarias cantidades del presupuesto público para hacer publicidad personalizada, a favor de los altos funcionarios que autorizan esos egresos grotescos.

Como si hubiese varios presidentes de la república en México, o varios gobernadores en un solo estado, o varios presidentes municipales en un municipio, compitiendo en libre mercado para ver quién de ellos es escogido por cada gobernado.

No hay más que un secretario de Educación Pública, de Salud, de Hacienda y Crédito Público; así es que para qué se publicitan si no tienen competencia; al igual que la Cámara de Senadores o la de Diputados. Sobre todo, ¿por qué su publicidad es personalizada?, cuando toda propaganda oficial debe despojarse de nombres y fotografías de funcionarios, para ser exclusivamente orientadora respecto a las prestaciones de servicios y bienes públicos.

Pero hay funcionarios que tienen complejo de bonitos, y en su tontejez abusan y gastan en demasía, y los feos nos agreden sin piedad alguna; empero, se calcula que en 2016 se gastó en publicidad por parte de los tres niveles del gobierno mexicano (federal, entidades federativas y municipios) más de 40 mil millones de pesos; y para este 2017 parecen sobrepasar ese monto.

Si es cierto que el costo de la reconstrucción, como lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, es de cerca de 37 mil millones de pesos, y si es verdad, como dijo en Taxco, que la “reconstrucción y la educación son prioridades”, bastaría con destinar todo lo que el poder público gasta en publicidad para el culto a la personalidad de los funcionarios gubernativos, para satisfacer esos rubros.

Obvio que habrá quien asegure que nadie en el gobierno paga publicidad para aparecer como honrado, inteligente y trabajador, sin serlo. Habrá quien afirme que exagero en el monto de lo gastado en publicidad anual, y que no es verdad que el presidente haya informado sobre las dos prioridades y el valor de la reconstrucción.

Pero decenas de millones de mexicanos nos sentimos agredidos por el gastadero gubernativo en propaganda que solo sirve para una cosa: para nada.