Por : Alfredo Ríos Camarena
El Estado nacional y su Constitución han sido desmantelados, y sus propósitos de control de la economía y la distribución de la riqueza, se han perdido frente a la agresión brutal y permanente del neoliberalismo globalizador.Este fenómeno, entre otras cosas, explica la tragicomedia del secretario del trabajo, Javier Lozano, quien hizo el ridículo público frente a un grupo de supuestos inversionistas, que pretendían el rescate de Mexicana de Aviación; éste tema no sólo se trata de problemas entre particulares, sino de una empresa nacional de carácter estratégico y de enorme importancia para las comunicaciones y el desarrollo turístico del país. Mexicana, como muchas otras empresas, fue “ordeñada” y desvalijada de su patrimonio, para enriquecer a unos cuantos de los grandes empresarios, que ya tomaron como forma de enriquecimiento ilícito, el llevar empresas a la quiebra para que el Estado las rescate, como fue el caso de Fobaproa o el Rescate Carretero, y que se repite reiteradamente con la fórmula de los Proyectos de Infraestructura con impacto diferido en el Registro de Gasto (Pidiregas); como siempre las utilidades se privatizan y las pérdidas se socializan.En el caso que nos ocupa, el gobierno se ha negado a invertir más dinero, pero están pendientes los pasivos de ésta empresa defraudada, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares y con otras entidades del sector público, cuyos montos son cuantiosísimos, y más aún, el pasivo laboral, pues finalmente y como siempre, los trabajadores son los más afectados.El tema central es que el Estado ha dejado de cumplir sus funciones constitucionales de control y de rectoría que establecen los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna. El Estado se ha debilitado frente al crecimiento exponencial de una voraz iniciativa privada que no paga impuestos, pues la evasión y elusión fiscales de las grandes empresas, se calcula en más de 400 mil millones de pesos anuales, que dejan de pagar a través de ardiles legales, que les permiten intencionadamente las leyes fiscales. Por eso, frente a la crisis económica y social, el gobierno tiene que recurrir a soluciones cortoplacistas, para impulsar la economía sobre la base de entregar indiscriminadamente los recursos nacionales, eso explica los contratos de generación eléctrica privada y los contratos incentivados en materia petrolera; estos recursos energéticos constituyen la última oportunidad de ejercer la rectoría económica del Estado.Actualmente los conflictos se están dando entre los grandes empresarios por el control de contratos y concesiones, como es el caso que hoy se evidencia a la luz pública, en el conflicto entre las empresas de Carlos Slim del grupo Carso y las televisoras, que mantienen el duopolio Televisa-TV Azteca; esos son ahora los escenarios, pues el gobierno permanece arrinconado y debilitado, sin poder y, sin siquiera, intentar establecer la hegemonía que le atribuye la Constitución.Tratar de resolver el tema económico en forma cortoplacista nos lleva irremisiblemente a la “venta de garage”, a la entrega de concesiones y contratos, violando la propia Constitución y las leyes que establecen la obligación de las licitaciones para las compras y el otorgamiento de contratos; éste es el caso de los Pidiregas, que habiendo fracasado en el reciente pasado, hoy intentan revivir, con una forma francamente violatoria de los principios fundamentales del Estado mexicano.Por eso, se ha insistido en las Cámaras en la aprobación de una Ley denominada de Asociaciones Público-Privadas, que constituye el camino fácil para abrir la puerta a la inversión externa, suprimiendo los controles que existen en las leyes vigentes.El artículo 7 de esa minuta a la letra dice: la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de asociaciones público-privadas, salvo, en lo que expresamente la presente Ley señale.Ese proyecto de ley se convirtió en minuta al haberla aprobado el Senado de la República, y, hoy se discute en la Cámara de Diputados, su aprobación constituirá la rendición total de la doctrina jurídica que sustenta la Constitución, y la entrega abierta de todos los proyectos de políticas públicas, como son: construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas y todo lo imaginable al margen de las normas, que de alguna u otra manera, siguen manteniendo el espíritu del Constituyente.La burla de la que fue sujeto el secretario del trabajo, es un ejemplo más de lo que se avecina en los próximos meses, pues con un Presupuesto de Egresos insuficiente, con una política fiscal cara e ineficiente, el camino del desarrollo económico independiente, está prácticamente cancelado.¿Qué país vamos a heredar a nuestro hijos, cuando la pobreza, la inseguridad y la falta de brújula, impiden darle a la Constitución los altos fines que la historia les asignó como propósito final del bienestar del pueblo de México?Mientras tanto, la discusión de los partidos políticos se antoja limitada y pobre, pues al parecer lo único que importa es el poder por el poder mismo.