Hungría y la libertad de expresión
María Cristina Rosas *
Mal y de malas se encuentra la Unión Europea en estos días. Agobiada por los problemas económicos que aquejan a cada uno de sus miembros, Bruselas parece desentenderse de una tendencia populista que prolifera en los Balcanes, pasando por Italia y llegando, inclusive, a Francia. La cereza en el pastel viene siendo uno de los países de más reciente ingreso (2004) a la Europa comunitaria, Hungría, quien, a partir del primer día del año en curso y por los siguientes seis meses, ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea.
Quienes argumentaban que la ampliación de la Unión Europea estaba procediendo con excesiva celeridad y que ello le acarrearía serios problemas, parece que tenían razón. Más le habría valido a Bruselas esperar algunos años antes de incorporar a países que, como Hungría, no “dan el ancho.” En descargo de Budapest, sin embargo, habría que decir que países con una membresía más antigua en la Europa comunitaria como Irlanda (1973), Grecia (1980) y ahora también Portugal (1986) han mostrado un pésimo desempeño económico que, debido a la creciente interdependencia que existe entre los socios de la Unión Europea, afecta crecientemente el funcionamiento de este ambicioso proceso de integración en su conjunto. Por lo tanto, no sólo Hungría está haciendo mal las cosas, si bien sus dificultades van más allá de la esfera económica y están dañando un rubro del que la Europa comunitaria suele sentirse muy orgullosa: la democracia y el respeto a la libertad de expresión.
El gobierno actual, encabezado por el conservador Víktor Orbán, quien por segunda ocasión es Primer Ministro (la primera vez fue en el período 1998-2002 y la segunda comenzó en mayo del año pasado), no ha logrado cumplir con las expectativas de la Europa Comunitaria, la que cuestiona su capacidad para cumplir con los objetivos encaminados a lidiar con el déficit económico, y otras decisiones controvertidas como la reducción de los salarios de los trabajadores del sector público, incluyendo el del titular del banco central. Bruselas sostiene que esta medida compromete la independencia de dicha institución.
Con todo, el suceso más controvertido a lo largo de esta segunda gestión de Orbán al frente del gobierno húngaro, es la nueva ley sobre medios de comunicación, aprobada en el otoño pasado. Esta ley es considerada como un gran retroceso en un país que, habiendo formado parte de la esfera de influencia soviética en la Guerra Fría, padeció en carne viva el autoritarismo de Moscú en 1956. Sin embargo, como puede observarse en la actualidad, los gobiernos de derecha también pueden ser autoritarios.
La nueva ley de medios, por ejemplo, elimina el secreto profesional de los periodistas obligándolos a dar a conocer sus fuentes. Asimismo posibilita que sean decomisados documentos y computadoras, amén del establecimiento de un comité de vigilancia, integrado –curiosamente- por simpatizantes del partido gobernante, el Fidesz, que cuenta con facultades para decidir si la información es “políticamente correcta”. Lo que es más: los periodistas podrían ser forzados a someter sus artículos a la autorización de ese comité antes de publicarlos, en lo que constituye una abierta política de censura. Quienes no cumplan con estas disposiciones se harán acreedores a multas de hasta 720 mil euros, lo que, evidentemente, podría llevar al cierre y colapso de los medios independientes y críticos. Ante esto vale preguntar, cuál es la diferencia entre el actual gobierno y el de los tiempos de la era soviética, dado que pareciera como si Hungría hubiera retrocedido en el tiempo, pese a que la región y el mundo han cambiado mucho.
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