Combate a la corrupción: pirotecnia electorera

Irma Ortiz

De acuerdo a cifras de Transparencia Internacional en 2009, México ocupaba el lugar número 89 en la lista del Índice de Percepción de Corrupción; un año después descendió para ocupar el sitio 98 junto con Egipto y Burkina Fasso, con una calificación de 3.1. Además, hoy los ciudadanos tenemos cada vez una peor apreciación de la honestidad en los tres niveles de gobierno y de los funcionarios públicos.

La corrupción se ha enquistado en el país, ya lo dijo el presidente Felipe Calderón, quien reconoció que no es fácil instaurar un estado de derecho en una nación educada en la cultura de la corrupción y la transa, lo que trae a la mente el pasado que en la materia se dio no sólo con administraciones priístas sino también con los gobiernos de la alternancia.

Un día y otro también nos amanecemos con informaciones como que ya se hipotecaron las ventas de petróleo hasta 2018; que si esa paraestatal ya renombró contratos incentivados por contratos integrales para dar una mayor participación a contratistas privados; que si el tráfico de armas de Estados Unidos a México se debió a la corrupción o que si el gobierno pide avalar las asociaciones público-privadas —al que especialistas han denunciado como fuente de corruptelas—, sin olvidar los ecos de los negocios de la familia Sahagún Bibriesca, por comentar algunos botones de muestra.

Para algunos, en México el combate a la corrupción se ha centrado en una pesada burocracia de auditorías internas y externas que detecta fraudes pero que es ineficaz para combatirlos. Lo fundamental es que pese, a las declaraciones presidenciales, carecemos de estrategias estructurales para combatirlos, como lo señala la experta en Fiscalización, Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Sus declaraciones, apunta, demuestran la falta de coherencia política.

Qué opina de las declaraciones del presidente sobre las fortunas de los políticos del pasado cuando también nos remitirían al gobierno de Vicente Fox?

Son declaraciones electoreras que lamentablemente se insertan en la urgencia desesperada por lograr la legitimidad que no puede lograr a través de la vía de los resultados de las actividades en su propio gobierno y sobre todo a partir de que se está dando cuenta del fracaso histórico que ha tenido su gobierno en el tema del combate a la corrupción.

Son declaraciones que muestran la poca coherencia que hay; no, rectifico: que hubo, porque ya está en el ocaso de su sexenio. La poca coherencia política, porque nunca le dio importancia desde el inicio de su administración a un tema crucial como el combate a la corrupción. Siempre hubo una clara ausencia de estrategias de algún tipo para frenarlas.

Ahora es más demagógico que nunca, el hecho de que se ponga a hablar de los pasados gobiernos, porque en los pasados gobiernos ya se cuenta más de un sexenio con administraciones panistas. Además, la colaboración del PRI y el PAN desde hace mucho más de dos sexenios, está clarísima.

Hay una búsqueda a nivel de discurso, un cuestionamiento meramente simbólico por enmendar este fracaso histórico de su gobierno, que es la corrupción y que lo está ahogando en términos históricos.

La corrupción va de la mano del asunto de la soberanía, el extremo en el cual ésta se ha vulnerado. En estos días nos desayunamos con la noticia de que vuelos no tripulados de Estados Unidos, enviados por la CIA, por el propio gobierno norteamericano cruzan y viajan en nuestro espacio aéreo, sin ningún permiso. Esta situación  sorprende e indigna, pero no es nuevo, las vulneraciones a nuestra soberanía son de siempre, pero lo que indigna más, es la posición del gobierno de Calderón. Y sale nuevamente su vocero, Alejandro Poiré, a decir que ellos lo habían pedido, que no hubo un abuso, sino una colaboración bilateral en materia de seguridad.

Insisto: la vulneración de la soberanía, en conjunción con el fracaso en materia del combate a la corrupción, es lo que está dando al traste evidentemente a las posibilidades de que un nuevo gobierno de Acción Nacional pueda ser elegido en los próximos comicios y, obviamente, Calderón está haciendo lo posible porque esto no ocurra.

¿Qué hay de las dos iniciativas presentadas recientemente por Calderón en la materia?

Las iniciativas, hay que reconocerlo, en principio incluyen posicionamientos interesantes, positivos, hasta cierto punto. Lo que más rescato del análisis inicial que hicimos por un lado, es que ya están tomando en cuenta sanciones a miembros del sector privado que se coluden en actos de corrupción.

Otro elemento importante es el asunto de los estímulos económicos para las denuncias, para los que denuncian este tipo de actos. Son puntos importantes que una servidora y quienes trabajamos en materia de lucha contra la corrupción, hemos planteado desde siempre.

Concretamente, en mi más reciente libro Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009), siempre hablamos de la necesidad de que nuestro gobierno, que es signatario de la Convención Internacional contra la Corrupción, incorpore este tipo de medidas de protección y estímulo a informantes o denunciantes internos. Esto lo quiero dejar como un punto positivo de estas iniciativas.

Lo negativo en primer lugar es el timing, el momento en el que surgen. Son periodos electorales, momentos en los que ya ha pasado mucho tiempo para que realmente ese tipo de iniciativas tengan un reflejo serio en las estrategias de política pública. Son iniciativas que no las llevan a sus últimas consecuencias.

Creo que hay cierta confusión entre lo que es el fomento a la cultura de denuncia y estas estrategias tan gastadas y desgastadas que es centrar todo en tácticas delatoras. Es decir, una cosa debe ser la política pública anti-corrupción y otra muy diferente es todo el tema de la llamada guerra contra el narcotráfico que trae Felipe Calderón desde el principio.

El fomento a la denuncia es un aspecto positivo en el combate a la corrupción, pero para ello hay que dar garantías políticas, cívicas, laborales. Garantías en todos los sentidos, que hoy por hoy, en este país, con un estado de derecho tan maltrecho, no son reales. Para que los verdaderos ciudadanos denunciantes de la corrupción, no pongan en riesgo su integridad física, su seguridad laboral, tiene que haber garantías que hoy no están siendo cumplidas, ni observadas en el país.

Por el contrario, también tenemos una ofensiva laboral clarísima, un ataque a todo tipo de seguridad, incluso a garantías que son novedosas, que se han utilizado mucho para los discursos legitimadores, políticos como las garantías al acceso al derecho a la información que no están siendo respetadas en nuestro momento histórico. Todo nos deja ver que éstas propuestas de Calderón son una vez más, electoreras, una pirotecnia electoral.

Aquí el problema es que no hay una estructura institucional que permita que estas iniciativas realmente funcionen.

Exactamente, no hay instituciones que gocen de legitimidad, de credibilidad, ni de eficacia verdadera. Las instituciones tendrían que estar siendo utilizadas para dar protección a los denunciantes, empezando por el propio diseño institucional, lo que ya hemos dicho siempre, que no hay autonomía en la propia Secretaría de la Función Pública.

Para que de verdad ese tipo de figuras de los denunciantes internos cuajen en una estrategia de política pública tendría que haber autonomía para el propio ministerio público o para la Procuraduría General de la República. En la realidad, no hay esta convicción, ni voluntad política para realizarlo.

Uno se pregunta: si verdaderamente se busca avanzar en materia anti corrupción por qué no lanzar iniciativas que abarquen al propio presidente o a ex presidentes de la República en la materia.

Hay una clara demostración de que la voluntad supuesta que se pudiera sospechar al principio, al leer estas iniciativas se desdibuja completamente cuando vemos que no hay coherencia política en términos de combatir la impunidad.

Hace unos días se instaló en la Cámara de Diputados la Comisión Especial de Investigación para los Presuntos Ilícitos, para indagar supuestos negocios del ex presidente del PAN, César Nava, como abogado general de Pemex, quien presuntamente entregó contratos a empresas, a despachos jurídicos vinculados con Vicente Fox, con Felipe Calderón. Esto se inserta dentro de ajustes de cuentas electorales políticas y creo que ahora van a surgir mucho este tipo de asuntos por los tiempos de la sucesión presidencial que se acercan.

Además, ahora se viene el asunto de las elecciones en el Estado de México con el ensayo de laboratorio de la alianza PAN-PRD que se quiere establecer como una forma básicamente de salvar al sistema porque, obviamente, el PAN solo va a perder y el PRD, en términos de la maquinaria que significa y las personalidades que la están controlando, también necesita de la alianza para seguir delante. El PRD no tiene candidato y el PAN no tiene capacidad para ganar.

Va a ver muchos ajustes de cuentas políticos que surgirán y es éste ambiente electoral en pleno que ya estamos viviendo el que explica las situaciones de las muy poco sinceras declaraciones de Felipe Calderón en contra de la corrupción y de los anteriores gobiernos y de las también muy poco sinceras iniciativas anti corrupción presentadas por el gobierno actual.

Lo importante, por parte de la ciudadanía y de los medios realmente comprometidos con transparentar todos estos asuntos, es aprovechar las coyunturas para empujar la verdadera agenda anti-corrupción, porque el hecho de que ellos no tengan la voluntad no nos debe someter a una dinámica de conformismo y depresión social. Por el contrario, es muy importante la denuncia, por ejemplo, de la vulneración de la soberanía que se esta dando con estos vuelos no tripulados de Estados Unidos en México.

Es fundamental también la denuncia de los contratos integrales de Pemex que ya están siendo firmados con empresas extranjeras directamente para la explotación y la exploración de los campos petroleros, el tema de la soberanía traducida en cuestiones reales y concretas de desarrollo económico, social y político que está siendo pisoteado cada vez más, lamentablemente en colusión con el propio gobierno de Felipe Calderón. Ya no es tanto la colusión de lo público y lo privado, sino de lo extranjero y el propio Poder Ejecutivo.