Elena Vega De la Mora

En el segundo mes del año, la política del sector educativo en nuestro país ocupó prioridad en la agenda periodística a raíz de la publicación del decreto presidencial que permite que las colegiaturas pagadas a escuelas privadas, desde nivel preescolar hasta bachillerato, sean deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Dicho decreto representa “un paso trascendental a favor del sector empresarial privado de la educación y transgrede el artículo 3º constitucional porque deteriora la responsabilidad del Estado con la educación”, asegura, en entrevista con Siempre! el profesor Hugo Aboites, académico de la UAM-Xochimilco.

¿Por qué el debate sobre el sector educativo siempre despierta enconadas polémicas en la opinión pública?

La educación es sobre todo política. Es muy importante verla desde ese punto de vista. En primer lugar porque ocupa 25 por ciento del presupuesto de la Federación; es probablemente el sector, en términos financieros, más costoso que tiene el país. Entonces, es un debate siempre listo a despertarse porque es un sector muy importante. Es un patrimonio y un terreno en disputa política.

A partir de 1990, existe con toda claridad, una profunda disputa entre varios sectores respecto a quién va a conducir a la educación. El sector empresarial se ha visto particularmente interesado desde 1988 en señalar una agenda de los cambios que deben hacerse en la educación. Si uno ve  los documentos que ellos publican,  por ejemplo en 1988, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, encuentra uno la descentralización como una de sus demandas; encuentra uno la apertura del sector educativo a los inversionistas privados como otra de sus demandas; encuentra uno también la idea de que la Universidad y las instituciones educativas, en general, deben estar mucho más vinculadas al mundo del trabajo como otras de sus demandas. Y todas éstas se han cumplido.

[El sector educativo]es un campo actualmente muy disputado. Un campo de batalla de fuerzas políticas muy importantes –el magisterio, la iglesia, el sector universitario progresista, el movimiento estudiantil, la SEP- incluso de fuerzas internacionales. El hecho de que la OCDE aplique un examen en México (PISA) y haga recomendaciones muy precisas sobre cómo conducir a la educación, habla de otro actor muy importante que también  influye políticamente en esta situación.

El caso del Tratado de Libre Comercio (TLC) que contiene artículos que se refieren específicamente a la educación en el sentido de que se convierta en una mercancía, como un servicio, también es una fuerza fundamental. Muchas decisiones de política educativa en la SEP no se toman en la SEP, sino en la Secretaría de Economía. Finalmente, la cuestión educativa en México parece tener que ver más con lo mercantil que con lo estrictamente educativo.

¿Está usted de acuerdo con la opinión, ya generalizada, de que con el decreto presidencial de deducción fiscal de colegiaturas se acentúan la inequidad y desigualdad sociales?

Totalmente de acuerdo con los argumentos que se exponen. Creo que es claramente un paso trascendental a favor del sector empresarial privado de la educación y en contra de todos los otros actores que están desde otros puntos de vista pensando en la educación como algo distinto en términos del artículo 3º constitucional. Clarísimamente es un incentivo a la educación privada. Va a acelerar la desigualdad, porque grupos minoritarios van a tener un privilegio, una deducción que les va a facilitar la permanencia y el ingreso a la educación privada. Y esto va a ser que se genere también  una carrera de cuotas, es decir,  en la medida en que haya más facilidades para deducir los costos de la educación privada estos tenderán a aumentar.

Acaba de salir publicado en la prensa que el Presidente de la Asociación Iberoamericana de Organización de Padres de Familia demanda que la deducción sea todavía mayor, de 30 mil pesos como el rasero. Sí va a fomentar la inequidad, pero va a generar el surgimiento de más escuelas privadas de muy mala calidad en los barrios de las zonas periféricas de la ciudad, en donde no se puede hablar de calidad.

¿Resulta exagerado decir que con este decreto se viola el artículo 3º de la Constitución y el principio de Laicidad del Estado?

No transgrede tan claramente la cuestión de la laicidad, pero sí claramente lo transgrede en el sentido de que el artículo 3º constitucional habla de la responsabilidad del Estado con la educación. El Estado aparece como el responsable fundamental de la educación, y un decreto que viene a crear un subsidio para la educación privada, evidentemente que está deteriorando el principio de la responsabilidad del Estado, sobre todo cuando se ve claramente que es un política de sustitución, es decir, le conviene más financieramente al Estado establecer estos subsidios y estas deducciones que crear universidades y escuelas públicas. Le sale más barato. Porque la familia paga una parte y el Estado “paga” otra a través de la deducción.Es una forma de expander el sistema educativo que no responde a lo que dice el artículo 3º constitucional.

¿Podría decirse que este decreto tiende a favorecer una política de subsidio a las escuelas confesionales? 

Las va a beneficiar pero no específicamente; aquellas escuelas privadas que sean confesionales se van a beneficiar con este decreto. Pero no tenemos todavía una situación como en España donde el Estado financia a las escuelas confesionales; en donde incluso las escuelas públicas tienen objetos religiosos en todos los salones y se les paga un salario, por parte del propio Estado, a los sacerdotes, a los que trabajan en estas instituciones.

Entonces, no es todavía una  política de subsidio específico a las instituciones confesionales, pero se benefician, evidentemente. De manera indirecta es un incentivo para que las iglesias abran escuelas confesionales y con eso aumente su influencia y su participación en las decisiones educativas.

¿Existen diferencias de fondo entre la educación que recibe un estudiante de escuela privada y otro de escuela pública?

Sí. En ciencias sociales hablamos siempre de tendencias que pueden tener excepciones. Pero sí hay una tendencia a ver el mundo, la educación misma, como un servicio. Yo pago mi colegiatura, yo exijo por lo tanto un buen servicio. Es una especie de relación: proveedor de servicio -usuario de servicio, que es muy distinta de la concepción de la UAM, la UNAM, de la universidad pública autónoma, que es en el sentido de que los estudiantes no son usuarios, son partícipes, miembros de una comunidad, toman decisiones a través de los órganos colegiados, discuten qué es lo que hacen las autoridades y lo que hacen otros estudiantes.Es una especie de República en la cual los jóvenes aprenden a vivir una vida democrática.

En una universidad privada es una relación cliente-proveedor de servicio. Entonces, lo que ocurre con esa mentalidad es que no interesa la institución per se, interesa una formación supuestamente buena o mejor que se va a obtener en ella. Por consecuencia, los jóvenes no se preparan para una vida democrática; sino para vivir una vida de usuarios en relación con prestadores de servicios, pero no captan la concepción de la vida social, la política, las grandes ideas, las corrientes de pensamiento. En ese sentido, sí hay una diferencia en la formación.

La tendencia a abaratar los costos, que es muy frecuente en las escuelas privadas, también se traduce en un empobrecimiento del proceso de formación de los propios estudiantes. En el caso de las privadas, sí son muy competentes para ciertas habilidades muy específicas: ¿cómo hacer una nómina, cómo hacer una declaración de impuestos?, pero no tienen una profundidad en aspectos más importantes. Por ejemplo, ¿cuál sería una crítica a las leyes actuales sobre el fisco? No hay esa capacidad, se preparan más profesionistas de manual, de saber hacer, más que de saber pensar, de tener una visión más crítica del entorno social.

Neoliberalismo: enemigo de la educación

Tras la publicación del mencionado decreto presidencial, el rector de la UNAM, José Narro Robles, exhortó a la sociedad a unir fuerzas para combatir la ignorancia como el gran enemigo de la educación. Sin embargo, el rector aseguró que la Academia tiene muchos enemigos. 

La Academia tiene muchos enemigos, no sólo desde el campo religioso sino también desde la propia SEP, es muy curioso. La ideología tecnocrática, neoliberal, que va en el sentido de que la educación debe ser un instrumento de formación exclusivamente para el trabajo y para una conducta ciudadana “correcta”; es un enemigo de la educación amplia y científica, entendida como un proceso complejo, integral y profundo de conocimiento del mundo, de la sociedad, que no se puede dar. Es muy distinta la educación que recibe un joven en la UAM o en la UNAM que la que se le imparte, ahí sí,  en un Conalep o en una universidad tecnológica.

Hay una corriente muy fuerte en el sentido de despojar a la educación pública de todos estos rasgos, experiencias, tradiciones e incluso de carreras que son parte de esta visión más compleja y amplia del mundo, y sustituirlas por competencias, como se les llama actualmente, es decir, habilidades muy específicas para el mundo del trabajo y la vida social. Entonces  pues sí hay un empobrecimiento, un ataque a la educación pública entendida como lo dice el artículo 3º constitucional que, si uno lo lee, encontrará una visión amplísima de lo que debe ser la educación y, paradójicamente, la SEP es una de las entidades que más combate esta idea de la educación amplia a partir de visiones tecnocráticas, neoliberales, mercantilizadoras.

¿En lo que resta del sexenio, qué tendencias observa en materia de política educativa?

Los próximos dos años se va a enfatizar, se va a profundizar esta tendencia de dar mayor territorio al actor privado-empresarial de la educación. Se anuncia ya por el presidente en funciones, que en el caso de la educación superior habrá un sistema de crédito educativo: los jóvenes podrán tomar un préstamo y, al final de su carrera y cuando encuentren trabajo, pagar entonces las colegiaturas. Esto va a generar no sólo desempleados, que ya los tenemos, sino jóvenes con su título, con deudas y además desempleados. Es esta misma línea de evadir la responsabilidad del Estado.

Esa línea se va a profundizar, creo yo que se va a seguir profundizando la idea de que lo fundamental en la educación es preparar a los jóvenes para el trabajo y que sean éticos en la vida social, digamos, una provisión básica de habilidades de la ciudadanía y una provisión básica de habilidades para el trabajo. Una educación anoréxica en ese sentido, desprovista de prácticamente todo, que va a ser incapaz de generar los jóvenes creativos, con conocimientos profundos que necesitamos para repensar este país en una forma distinta a como se ha venido construyendo en medio de la globalización.

No hemos, como país, como sistema educativo, encontrado la manera de pensar a México en términos tan exitosos como sí lo pudimos hacer después de la Revolución de 1910, donde creamos una industria, creamos un país, una cultura, un sistema educativo enorme, universidades, empleos, etcétera, y ahora no hemos podido reconstruir al país en esta nueva etapa que es la globalización, la mundialización de la economía.

No parece haber, en estos dos años, algún cambio en esta visión tan pobre de la realidad de la educación. Sólo con un cambio en la visión gubernamental a nivel federal, se podrá empezar, ¡empezar!, a hacer que la educación pudiera encontrar su propio sentido, su identidad en un nuevo siglo, en un nuevo contexto mundial frente a Estados Unidos, frente a América Latina, frente a Europa, y consolidar junto con otros países, una identidad latinoamericana, pública, de soberanía, de Estado que se preocupa por toda su gente.