La reforma laboral, su expresión en México

Magdalena Galindo

Grandes movilizaciones, con la participación de cientos de organizaciones, se han realizado para rechazar las reformas laborales que pretenden aprobarse en la Cámara de Diputados. No es para menos. Las tales reformas significan el despojo de un conjunto de derechos de los trabajadores, así como la precarización del empleo y una baja drástica de las remuneraciones.

Ciertamente, los cambios a la Ley del Trabajo no son una propuesta surgida en México, sino forman parte de una maniobra mundial de las burguesías para conseguir una restitución de sus utilidades. No son un asunto nuevo. En realidad, a partir de la crisis económica surgida en los setentas, cuya causa fundamental fue la caída de la tasa de ganancia, el capital ha llevado adelante una ofensiva global contra los trabajadores.

Algunos de esos ejes han sido la disminución del gasto social, la privatización de los servicios sociales anteriormente prestados por el Estado, la desaparición de instituciones de apoyo a los trabajadores y, de manera muy especial el ataque al régimen de pensiones que ha suscitado airadas protestas alrededor del mundo.

Esa ofensiva no se ha circunscrito al terreno del gasto estatal y en general a las políticas gubernamentales, sino que ha operado especialmente en el terreno de la producción, como estrategia ante las nuevas circunstancias. En ese terreno, la transformación más importante, que constituye el motor del proceso de globalización, es la internacionalización del proceso productivo, de modo que los segmentos intensivos en capital y tecnología se reservan para los países altamente industrializados, mientras los intensivos en fuerza de trabajo se llevan a los países subdesarrollados para aprovechar la baratura de nuestra fuerza de trabajo. Otro cambio también es importante y es que las grandes corporaciones han procurado modificar su sistema de trabajo, de manera que hoy se produce bajo pedido, esto es, para evitar la acumulación de inventarios, primero se vende y luego se fabrica la mercancía. Esto significa que las empresas contratan equipos de trabajadores para generar un determinado producto y una vez terminado, el siguiente pedido necesita otro equipo ad hoc, que puede o no coincidir con el anterior.

Para ese tipo de organización del trabajo, los empresarios, para obtener altas ganancias, necesitan poder contratar y terminar los contratos, sin trámites y sobre todo, sin tener que pagar indemnizaciones por despidos. A esa prerrogativa de los patrones, que constituye a su vez un despojo de la seguridad en el empleo y de la indemnización por el despido, se le llamó con el elegante término de flexibilidad en el trabajo.

Y eso es lo que constituye el meollo de la reforma laboral que se discute en el Congreso. Desde hace años, han estado aumentando de manera acelerada en el país los contratos temporales o los llamados por obra determinada, cuya característica fundamental es que una vez terminado el plazo o la obra, se da por terminado el contrato, o sea legalmente no hay despido, y por lo tanto no hay indemnización.

Por otra parte, estos nuevos contratos, que por supuesto son individuales y no colectivos, o sea que también constituyen un golpe a los sindicatos como negociadores de las condiciones de trabajo, no incluyen prácticamente ninguna prestación, sino que se restringen al pago del salario.

Otra de las transformaciones que como respuesta a la crisis se ha provocado en el terreno de la producción es lo que puede llamarse la feminización y la juvenización de la clase obrera, es decir la mayor participación de las mujeres y los jóvenes en las actividades productivas, porque ambos sectores ganan salarios más bajos. Y en ese terreno también las reformas buscan aumentar la explotación de los trabajadores a través de legalizar los contratos por capacitación inicial.

Uno de los aspectos más agresivos de la reforma planteada es el establecimiento del pago por hora, ya que amplía las oportunidades de los patrones de contratar medios tiempos y deja inoperante al salario mínimo, que aunque ha descendido tanto y es notablemente insuficiente, por lo menos constituía un piso que no podían disminuir los empresarios.

Las reformas significan pues un deterioro drástico de las condiciones de vida de los trabajadores y, por lo tanto, una descomposición mayor del tejido social. Esperemos que no sean aprobadas y que el Congreso escuche la protesta de la inmensa mayoría de la población.