Antonio Cerda Ardura

El legislador republicano estadounidense Michael McCaul acaba de proponer que los cárteles mexicanos de los hermanos Arellano Félix, los hermanos Beltrán Leyva, los Zetas, de Sinaloa, del Golfo y La Familia Michoacana sean incluidos en la lista de terroristas elaborada por el gobierno de Washington, con el objetivo de que la comunidad internacional se vuelque en su contra y castigue también a quienes les otorgan apoyo financiero, logístico, de capacitación y de cualquier otro tipo.

Esta reclasificación fue propuesta originalmente por Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y asesor de las Naciones Unidas en materia de delincuencia organizada, después del atentado con granadas de fragmentación, la noche del 15 de septiembre de 2008, en Morelia, Michoacán.

En entrevista con este semanario, Buscaglia indica que el presidente Felipe Calderón no ha apoyado esta medida porque las repercusiones políticas serían muy graves, puesto que se conocerían los vínculos entre políticos y empresas mexicanas con los grupos criminales.

La falta de apoyo del Congreso y de la ciudadanía, y el financiamiento de campañas políticas con dinero ilícito mantienen rengo y manco a Calderón en su lucha contra el crimen organizado, añade Buscaglia, quien apunta, por otra parte, que Marisela Morales ha sido, hasta ahora, como funcionaria de la PGR, parte del problema de la corrupción.

Visión mediática

Desde hace tiempo, en las páginas de Siempre!, usted propuso que algunos cárteles de narcotraficantes mexicanos fueran incluidos en la lista de grupos terroristas que ha clasificado el gobierno de Estados Unidos. Ahora es un congresista estadounidense quien hace eco de esta iniciativa. ¿Sería una estrategia correcta?

El que los grupos criminales mexicanos cometen actos de terrorismo, es un hecho comprobado desde un punto de vista técnico-jurídico. Como país soberano, México ha firmado y ratificado con solemnidad distintas convenciones de las Naciones Unidas relativas al terrorismo, así que también debería de llevar hasta ese nivel y asentar en esa lista, que incluye a agrupaciones como Al Qaeda, la ETA y las FARC, a ciertas organizaciones de mafiosos. Pero el gobierno mexicano no lo ha hecho por razones políticas, principalmente la que asienta que, desde el punto de vista mediático, sería muy contraproducente para el presidente Calderón que México sea clasificado como una nación en cuyas calles deambulan grupos terroristas. El Presidente, por ello, tiene igual una visión mediática del problema, no una percepción real ni basada en datos duros. Lo peor es que sus funcionarios salen a decir disparates, como lo hizo esta semana el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien manifestó que en siete años se va a reducir la violencia. La experiencia internacional indica que cuando un país enfrenta a los grupos terroristas con los instrumentos establecidos en las convenciones que le he mencionado, la violencia disminuye drásticamente en muy poco tiempo. Así que los funcionarios estadounidenses, el Pentágono y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, no han hecho más que coincidir con lo que anuncié por CNN en septiembre del 2008, cuando estalló una granada en Morelia: que los actos violentos ya estaban adquiriendo tonos de terrorismo. Esa realidad mexicana se discute en Estados Unidos ya no tanto a puertas cerradas, sino a puertas abiertas, y por eso se sugiere al gobierno de Calderón que lleve a los cárteles de Sinaloa, del Golfo, a los Zetas y a La Familia ante el foro de las Naciones Unidas para que se les observe con lupa a través de las Antiterrorist Units (ATUs), o unidades antiterroristas. Obviamente la tendencia será entonces al desmantelamiento de esas organizaciones.

Esto le convendría al propio Presidente. Si él ha aceptado ciertas circunstancias, por ejemplo la del poder de corrupción del narcotráfico, ¿por qué no aceptar que ya hay actos terroristas? Tal vez obtendría mucho más apoyo del exterior.

Lo que normalmente sucede cuando un grupo criminal es incluido en la lista formal de terroristas es que se comienzan a desmantelar sus vinculaciones en todos los países del mundo, desde Asia hasta América, y el nivel de intensidad en la investigación se incrementa exponencialmente. Es decir: si antes en Francia había diez policías siguiendo a los grupos criminales mexicanos, una vez que han sido incluidos en las listas de terroristas van a tener a mil agentes tras ellos. El aumento de intensidad en la investigación hace que los vínculos patrimoniales de cualquier persona física con estos grupos, a nivel global, salgan de inmediato a la luz pública. Eso incluye a políticos mexicanos de todos los partidos, incluido el del Presidente de la República. La segunda razón por la cual Calderón no se anima a incluir a las mafias en la lista de terroristas es que las repercusiones políticas serán muy graves, y se van a observar en Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, los vínculos entre políticos mexicanos y latinoamericanos y los grupos criminales mexicanos. Van a comenzar a salir también las relaciones entre empresas mexicanas importantísimas y las organizaciones delictivas. Por tanto, cuando este tema se comienza a enfocar desde el punto de vista del terrorismo internacional, las ligas políticas se vislumbran con mayor claridad y obviamente los presidentes y los actores de los partidos que están involucrados con las bandas comienzan a pagar un costo político muy alto. El presidente tampoco se anima a llevar a estos grupos a las Naciones Unidas, porque no es solamente un acto formal diplomático, sino un acto operativo muy potente.

Sin pagar costos

Si el propio Presidente, por simples cuestiones mediáticas, no está aplicando los mecanismos que serían eficientes para combatir el narcoterrorismo, entonces al final sólo está dando palos de ciego.

¡El hombre está aplicando medidas políticamente viables para él y su partido! Son medidas insuficientes, equivocadas en muchos casos, y que requieren políticamente de valentía en un jefe de Estado. Calderón no quiere pagar costos políticos en esta lucha contra los grupos criminales. El quiere solamente beneficios. Pero ningún gobierno del mundo ha logrado disminuir la escala de operación de los grupos criminales con esas premisas. Tienen que combatir a la delincuencia asumiendo los costos y los beneficios políticos. ¡Ambos! Y este pobre presidente no tiene esa visión, primero, por la debilidad electoral que ha sufrido desde el primer día de su administración. No ha sido un mandatario con un apoyo político fuerte del Congreso o de la misma ciudadanía, electoralmente hablando. Por lo tanto, es un presidente que está rengueando, es un presidente manco, es un presidente que no ha logrado aplicar medidas difíciles, como la de desmantelar los vínculos patrimoniales políticos-empresas legales-grupos criminales. ¿Por qué? Porque eso vínculos llegan al financiamiento de campañas electorales. Por eso Calderón no puede contener a las mafias, porque las medidas que debería aplicar son políticamente costosas y deberían darse en el marco de una alianza entre todos los partidos. Es un pacto político que el Presidente todavía no ha podido gestionar por su debilidad electoral.

¿Esta noción del narcoterrorismo requeriría, entonces, para enfrentarla, de un pacto político nacional?
¡Claro! Pero le va a empezar a llegar a México un Tsunami de causas abiertas en todos los países que investigan terrorismo. Ese Tsunami va a involucrar a políticos y a empresarios mexicanos que financian campañas.

La ventaja, como se dice coloquialmente, es que les echarían montón a los mafiosos.
Efectivamente. El rango de narcoterrorista es una medida muy adecuada para desmantelar a los grupos criminales. El Presidente lo sabe, pero políticamente es muy difícil para un mandatario débil, como lo es Calderón, aplicar una estrategia como esa.

Parte del problema

¿Qué opinión le merece la propuesta de Marisela Morales como procuradora general de la República y las recompensas que ofrece el gobierno a quienes denuncien lavado de dinero?
Para que un sistema de recompensas funcione, tiene que haber una percepción en la ciudadanía de que las autoridades no están infiltradas hasta el tope. Si usted coloca recompensas con autoridades corruptas e infiltradas como las que hay en México, ningún ciudadano honesto va a denunciar por temor a ser asesinado. Los que terminarán entonces aportando información serán los mismos testigos protegidos manipulados por Marisela Morales y por toda esa banda que ella ha prohijado en sus años como funcionaria de la PGR [nota del autor: Marisela Morales ha sido acusada de corromper la Operación Limpieza en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO]. La señora Morales es una persona que, hasta ahora, ha sido parte del problema, no de la solución. El hecho de que recientemente se le haya dado un reconocimiento en Washington —el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 2011— obedece a motivaciones de urgencia política del gobierno norteamericano, que con una mano con guante de terciopelo recompensa y con otra castiga con un palo. ¡Así opera Washington! No quieran leer ustedes, los mexicanos, con ese premio a Marisela Morales, ningún sentido profundo de su labor, que ha sido muy pobre y que refleja los años de fracaso y de debilitamiento institucional que viene sufriendo la PGR.

En suma, ¿la recompensa a quien denuncie lavado de dinero y el nombramiento de Marisela Morales son puntos en contra de Calderón, y la inclusión de narcotraficantes en la lista de terroristas un punto a favor?
Esto último fomentaría la cooperación internacional. El apoyo internacional se da automáticamente cuando la ONU clasifica a un grupo criminal como terrorista. Todas las autoridades del mundo quedan obligadas a poner una lupa mucho más potente a esa banda.