La guerra contra el narcotráfico ha convertido a la Procuraduría General de la República en una institución inestable. Marisela Morales funge ya como el tercer titular —en el sexenio— de esa dependencia; lo que obliga a preguntar si, ahora sí, ¿ella es la adecuada para el momento, las circunstancias y el lugar o si habrá otros cambios?
Tiene sentido decirlo, porque el presidente Felipe Calderón se ha caracterizado por terminar siempre enojado con sus procuradores.
¿Qué le enoja de los abogados de la nación? ¿Qué le molestó de Eduardo Medina Mora, hoy embajador de México en Gran Bretaña, y qué le disgustó de Arturo Chávez Chávez?
¿Por qué el Presidente cambia tan repentinamente de parecer con respecto al afecto, simpatía o aceptación que originalmente tiene de los abogados que invita a colaborar en su gobierno?
La versión más aceptada es que los dos anteriores se han opuesto a que desde Los Pinos se pretenda utilizar a la PGR como un instrumento de persecución y venganza política.
De ser esto cierto, entonces, habría que colocar en el tapete de la reflexión la duda siguiente: ¿Calderón propuso a Morales por saber que será una incondicional del capricho presidencial o se trata de una abogada cuya calidad ética y profesional garantizará el cumplimiento irrestricto de la ley, de acuerdo a lo que marca la Constitución en México?
A la nueva procuradora no le fue bien durante la comparecencia que tuvo en el Senado ante las comisiones encargadas de verificar si efectivamente cumplía con el perfil que exige la ley para ocupar el cargo.
Pablo Gómez, de acuerdo a su costumbre, se erigió en una especie de exigente e inclemente maestro de tesis que buscaba reprobar a la alumna en el proceso de ratificación. Evidentemente no lo logró —en menos de veinticuatro horas los senadores del PAN y del PRI votaron a favor de su nombramiento—, pero las limitaciones de la nueva procuradora quedaron inevitablemente en evidencia.
El legislador le preguntó: ¿por qué el Constituyente de Querétaro eliminó la Secretaría de Justicia? Morales no supo qué contestar. El cuestionamiento llevaba implícita la crítica: que la PGR sigue siendo, como durante el porfiriato, totalmente dependiente del Ejecutivo y que esta institución, como consecuencia, politizará por órdenes de Calderón la aplicación de la ley.
La funcionaria se puso nerviosa y se enredó en lo que intentó ser una respuesta. Se vio con penosa claridad que el derecho y la historia constitucional no son su fuerte. Aunque, claro, eso no será un impedimento para investigar y perseguir criminales.
Lo que hizo Gómez, sin embargo, fue desnudar intelectualmente a la procuradora general de la República y mostrar el perfil estrictamente pragmático de quien ha sido agente del ministerio público, fiscal y abogada litigante. De acuerdo al currículum que se ha hecho público, Morales tiene una maestría en ciencias penales.
La pregunta clave vuelve, entonces, a colocarse en el centro del análisis: ¿reúne los requisitos para cumplir con la misión de “contribuir a garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…?”.
El procurador general de la República es, por sus facultades y peso político-jurídico, mucho más que un mero agente del ministerio público. Es una de las piezas fundamentales de la gobernabilidad, de la unidad nacional y la paz social. Su estatura intelectual, como jurista, idealmente lo faculta para tener una visión privilegiada de los problemas nacionales y un criterio político que le permite asesorar al Presidente de la República en momentos de urgencia nacional.
¿A qué tipo de necesidad responde Marisela Morales? ¿Sabrá ser procuradora o llegó ahí por saber cómo encarcelar a los enemigos y adversarios del Presidente?