La ONU y México

 

Raúl Jiménez Vázquez

El fenómeno de la desaparición forzada es un serio desafío para la gobernabilidad democrática, una grave vejación a la conciencia universal y una ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad humana. Su propósito es anular por completo a la víctima, sustrayéndola del orden jurídico y convirtiéndola en un homo sacer, según el extraordinario concepto construido por el tratadista Giorgio Agamben, en un ser humano al que se le despoja de todo y se le reduce a la mera condición de nuda vida, vida desnuda que puede ser dispuesta por el agresor sin más límites que su voluntad.

Constituye por ello el recurso favorito de los gobiernos autocráticos pues obvia los controles y límites esenciales del Estado de derecho. También cumple el objetivo estratégico de amedrentar e inocular miedo en el inconsciente colectivo a  fin de seguir manteniendo incólume un régimen de dominación hegemónica

La ONU tiene puesto un lente crítico alrededor de este delicado tema. El 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General aprobó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento convencional que recientemente entró en vigor en nuestro país. Asimismo, desde hace un par de años, en el seno del Mecanismo de Evaluación Periódica Universal, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se hizo preocupantemente patente que el Estado mexicano adolece de un grave déficit en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas.

Así se explica por qué el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ordenó al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas, que realizara una misión oficial para recabar información de primera mano que permita el esclarecimiento de las desapariciones forzadas perpetradas desde la llamada guerra sucia hasta la guerra antinarco.

Al término de su encomienda, los expertos de la ONU confirmaron que la guerra antinarco en México ha arrojado un saldo de por lo menos 3 mil desaparecidos. El informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos en el mes de marzo del año entrante.

Dicho informe internacional seguramente dará cuenta de la desaparición forzada de  Alicia de los Ríos Merino, quien fue detenida en enero de 1978 y posteriormente trasladada al Campo Militar número 1, donde fue vista con vida por uno de sus compañeros. A partir de ese momento se le perdió el rastro, aunque se asegura que, sin haber estado sujeta a proceso penal, fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y que de ahí con frecuencia era extraída por personas al servicio del Estado.

Ante la falta de justicia y una vez agotados los recursos internos, su hija, del mismo nombre y apellidos, y diversas ONG, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el pasado 5 de abril interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso de Rosendo Radilla tampoco pasará inadvertido para los representantes de las Naciones Unidas; fue detenido por militares el 25 de agosto de 1974 y desde entonces no se tiene noticia alguna sobre su paradero. Gracias a la tenacidad de su hija, Tita Radilla, el asunto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una paradigmática sentencia, el tribunal hemisférico resolvió que el Estado mexicano incumplió las obligaciones básicas derivadas del sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales; asimismo, le atribuyó responsabilidad internacional, le ordenó investigar los hechos e imponer las sanciones penales a que haya lugar y lo conminó a que se modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que los delitos que no estén directamente relacionados con la disciplina castrense sean juzgados por  autoridades jurisdiccionales de carácter civil.

Evidentemente, los ilustres visitantes también se harán cargo de la recomendación 26/2001 de la CNDH, en la que quedó perfectamente demostrado que a lo largo de la guerra sucia imperó un brutal terrorismo, una descarnada violencia de estado. El punto de mayor virulencia de esa política sistemática fueron las refinadas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se inflingieron a quienes fueron detenidos sin orden de aprehensión y jamás fueron puestos a disposición del ministerio público

A confesión de parte, relevo de prueba. Tal recomendación implica el reconocimiento palmario e irrebatible de los muy escarnecedores ataques a la dignidad humana cometidos por agentes del Estado mexicano; igualmente, pone de manifiesto su ineludible responsabilidad internacional respecto a los más de 500 desaparecidos a que se contrae el pronunciamiento oficial del ombudsman nacional.

El asunto de las desapariciones forzadas estallará en poco tiempo, vía la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en su caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como aconteció en los casos de Alicia de los Ríos y Rosendo Radilla; o cuando los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU rindan su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.  Las consecuencias serán indiscutiblemente desastrosas.

Por un lado, México habrá de rendir cuentas ante los órganos humanitarios interamericanos y, posiblemente, ante la Corte Internacional de Justicia.

Por el otro, las desapariciones forzadas y las torturas sistemáticas son crímenes de lesa humanidad y se rigen por los principios, normas e instituciones del derecho penal internacional; por tanto, deben ser perseguidos y castigados dondequiera y cualquiera que haya sido el tiempo o lugar de su ejecución material, esto es, son de naturaleza imprescriptible y están sujetos a la jurisdicción universal, por lo que los tribunales de cualquier Estado, e incluso la Corte Penal Internacional, podrían enjuiciar a los presuntos responsables

Todo lo anterior hace aconsejable poner orden en la casa, antes de que la comunidad internacional nos fije los lineamientos para realizar la faena interior. Es menester hacerlo ahora, antes de que en el exterior cunda la sospecha de que la dignidad nacional, la verdad, la justicia y el sentido común también han sido objeto de una desaparición forzada por parte del gobierno de Felipe Calderón.