Beatriz Pagés
El presidente Felipe Calderón hizo —sin nombrarlos— un duro reclamo a los movimientos sociales que responsabilizan al gobierno federal de la violencia que ha generado el combate al narcotráfico.
Desde Torreón, Coahuila, el primer mandatario los acusó de estar confundidos: “Ellos —los que secuestran y asesinan—, y no nosotros, son los enemigos… A ellos —que asaltan, roban y envenenan jóvenes— hay que dirigir el «¡ya basta!»”, dijo palabras más, palabras menos.
El Ejecutivo federal se refería obviamente al movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia para exigir a las autoridades la aprehensión de quienes asesinaron a su hijo Juan Francisco y a seis personas más. Y también, claro está, a la campaña liderada por el caricaturista Rius bajo el lema: “¡No más sangre!”.
Calderón tiene razón en una primera lectura. No hay que confundirse. Sin embargo, cabe hacer dos preguntas: ¿qué ha dado pie a lo que el Presidente llama confusión? ¿Por qué una guerra imprescindible e inevitable para la seguridad nacional ha terminado por convertirse en un error?
Error no sólo para los críticos del gobierno, sino visto así también por los propios estrategas de Los Pinos. Convocar —como se hizo recientemente desde las dos grandes televisoras— a firmar un código de ética para bajarle el volumen a la información relacionada con el crimen organizado, demuestra que el gobierno ya no sabe cómo revertir los efectos de una estrategia que no ha resultado ser la mejor.
¿Calderón se preguntará en la soledad de su despacho el motivo de su fracaso? ¿La razón por la cual ha recibido el repudio, en lugar del apoyo automático y solidario de la sociedad?
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, acaba de dar una parte fundamental de la respuesta: “El hecho de que se incremente el número de ejecuciones y no veamos un aumento en el número de detenidos, procesados y condenados, es un reflejo muy claro de cómo las cosas no se están llevando de manera adecuada”.
Es decir, se trata de una lucha que ha dejado en evidencia la ineptitud y profunda corrupción que existe tanto en el aparato policiaco y militar como en el sistema de justicia.
México está en el peor de los mundos. El ex alcalde de Sicilia, Italia, Leoluca Orlando —a quien tocó en los años 90 derrotar a la mafia de su país— decía que la primera línea del frente de batalla contra la violencia es el cumplimiento de la ley y, la otra, es la construcción de una cultura de la legalidad.
Aquí, reina la impunidad. La jurídica y, por consiguiente, la moral.
Entonces, el ¡ya basta! de Calderón debió haber estado dirigido no a la sociedad, sino a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde un principio convirtió la sangre en un espectáculo. La exhibió tanto, hizo tal despliegue y alarde de fuerza que hoy, como una maldición, ya no sabe qué hacer con tanto cadáver.
El Presidente no hizo un adecuado cálculo político de su reclamo a Javier Sicilia; hoy, síntesis del dolor e indignación que embarga a muchos mexicanos. El reclamo al poeta es un regaño al país, lo que lleva a suponer que el verdadero confundido es el Presidente de la República.
El apartado VI del artículo 89 de la Constitución dice que una de las obligaciones de quien preside la federación es “preservar la seguridad nacional…”. Seguridad que se encuentra seriamente amenazada y de la que también son responsables otros actores.
En esta guerra hay policías, jueces, militares, políticos y empresarios intocables. Sin embargo, el Presidente culpa hoy de sus errores al ciudadano.
Foto: El Universal