La justicia sin fuerza es la impotencia.
Blaise Pascal

 

José Fonseca

 

Los políticos de todos los partidos procuran no ser tan obvios como para atar de manos a las autoridades electorales, pero se encargan de crearles cada día más obstáculos, con tal de diluir su autonomía.

Ahora, por ejemplo, descubrimos la razón por la cual el Congreso decidió quitarle al IFE la facultad de designar a su contralor general.

Las declaraciones, que no demandas legales, sobre presuntos escándalos financieros y el intencionado retraso en la designación de los tres consejeros faltantes debilitan a la institución encargada de organizar las elecciones.

Luego, desde un sector del PAN, al amparo del fuero, tan útil para calumniar impunemente, se acusa al presidente del Tribunal Electoral por el solo hecho de hacer vida social, no monástica, y reunirse con personalidades de los partidos políticos.

Se ha llegado al extremo absurdo de solicitar el relevo de todo el Tribunal Electoral cuando faltan apenas 15 meses para la celebración de la elección presidencial.

Ambas instituciones, el IFE y el Tribunal Electoral, fueron creadas para que las elecciones fueran limpias, legales y reflejaran razonablemente la voluntad de los electores manifestada al depositar los votos.

Han sido el factor fundamental en la transición democrática, al garantizar que los votos se cuenten, y se cuenten bien, y que la legalidad sea respetada a lo largo de todo el proceso electoral.

Tribunal Electoral e IFE de alguna manera han resuelto el problema de la desconfianza ciudadana hacia los comicios y con ello han facilitado el gradual y persistente arraigo de la democracia en la política nacional.

Han tenido errores, claro, porque la condición humana nunca está más presente que en los procesos políticos, el quehacer humano por excelencia.

Pero los errores no justifican vulnerar su autonomía. Esa autonomía es la mejor garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestro voto sea respetado.

Después de todo, en esta república, el único día que tenemos poder es el día de las elecciones, por la sencilla razón que somos eso, una república, en la cual los ciudadanos mediante nuestro voto delegamos la facultad de tomar decisiones de gobierno en los funcionarios electos.

Las desbordadas ambiciones avivadas cuando la Presidencia está en disputa no pueden prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a ser protegidos por las autoridades electorales al ejercer su derecho al voto.

Combatir, aunque sea solapadamente, a las autoridades electorales es una ofensa más a los ciudadanos por los partidos y los políticos que se creen que están bordados a mano.

jfonseca@cafepolitico.com