Raúl Jiménez Vázquez
La globalidad jurídica es hoy en día una variable estratégica de las decisiones fundamentales que se adoptan al interior del aparato gubernamental. México está inmerso en una auténtica constelación de normas pertenecientes al derecho internacional de las que no es posible sustraerse alegando el principio de la soberanía nacional; mismas que derivan de la costumbre internacional, los principios ius cogens, las resoluciones emanadas de la ONU y otros organismos internacionales, todas ellas constitutivas del soft law, y los tratados internacionales, conocidos también como el hard law.
El deber de acatar tales disposiciones supranacionales proviene, entre otras fuentes jurídicas, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, instrumento de derecho convencional que para el Estado mexicano entró en vigor el 27 de enero de 1980. En su artículo 26 se contiene la afamada regla Pacta sunt servanda que dispone que los tratados obligan a las partes y deben ser cumplidos por ella de buena fe. Correlativamente, el numeral 27 indica que no es lícito invocar disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, salvo que se trate de vicios en el consentimiento por violaciones manifiestas a preceptos de importancia fundamental.
Si se contraviene una obligación primaria del derecho internacional emerge la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos a que se refiere la resolución 56/83 de la Asamblea General de Naciones Unidas, fechada el 12 de diciembre del 2001.
La Corte Internacional de Justicia ha emitido diversos fallos condenatorios apelando a esta figura punitiva, como sucedió en el litigio de Bosnia Herzegovina vs. Serbia Montenegro (2007) y en el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua (1986).
Todo lo anterior funge como un gran marco de referencia para enfatizar que, además de su patente inconstitucionalidad y su grosero desdén por la vida, la verdad y la dignidad humana, la guerra antinarco ya ha incursionado en el ámbito internacional y, más temprano que tarde, habrá de desatarse un cúmulo de consecuencias jurídicas a las que nunca antes se había enfrentado el Estado mexicano, ni siquiera en los aciagos tiempos del cruel exterminio de opositores políticos.
No es para menos. La comunidad internacional no puede permanecer impasible ante los perversos frutos de la estúpida decisión tomada a principios de diciembre del 2006: más de 34 mil vidas segadas, más de 3 mil desaparecidos, más de 50 mil huérfanos, múltiples desplazamientos poblacionales, aparición de escuadrones de la muerte encargados de labores de limpieza social.
Varias son las instancias internacionales en las que ya está presente el asunto que nos ocupa. La primera de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la audiencia pública que tuvo verificativo hace unos días en la ciudad de Washington, diversas ONG formularon una impactante denuncia en el sentido de que se están cometiendo ataques sistemáticos a los derechos humanos.
La respuesta de los representantes gubernamentales estuvo impregnada de una inconmensurable estulticia porque, según esos personeros, se trata de una lucha en favor de los derechos humanos. ¡Vaya paradoja con tintes de parajoda! ¡Ahora resulta que a fin de proteger los derechos humanos es preciso incurrir en su violación masiva! Seguramente en breve la Secretaría Ejecutiva de la Interamericana emprenderá acciones al respecto.
La segunda instancia es el Comité de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Ante los directivos de ese organismo, el 31 de enero pasado la Red por los Derechos de la Infancia en México acusó a la Sedena y otras autoridades de utilizar a menores de edad en la lucha contra el crimen organizado.
De nueva cuenta, los portavoces gubernamentales rayaron en el ridículo; negaron que lo que está sucediendo sea un conflicto armado interno, lo que llevó a los miembros del Comité a formular la siguiente pregunta: “¿Cómo es posible que algo que no es una guerra interior haya causado más de 34 mil muertes?”
Un tercer foro es el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas. Este llevó a cabo una misión oficial del 18 al 31 de marzo, a efecto de reunir información de primera mano sobre la situación de las desapariciones forzadas ocurridas en el pasado, a lo largo de la denominada guerra sucia, y durante la guerra antinarco.
En relación a lo primero, aún no se sabe cuál es el resultado de la actuación del Grupo; empero, no es difícil predecir que será absolutamente desfavorable al Estado mexicano, ya que en la histórica recomendación 26/2001 de la CNDH quedó perfectamente establecido que la tenebrosa Brigada Blanca se encargó de desaparecer a por lo menos 500 personas.
Respecto a lo segundo, los expertos de la ONU afirmaron que la presente administración carga con un pasivo de más de 3 mil desaparecidos y que el ejército debe ser retirado de las calles en el corto plazo. El informe final será examinado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a mediados de marzo del 2012.
El cuarto escenario es la Corte Penal Internacional. La guerra antinarco constituye, sin lugar a dudas, un conflicto armado interno sujeto a las reglas humanitarias del artículo tercero común de los cuatro Convenios de Ginebras de 1949. En su desenvolvimiento se han perpetrado graves transgresiones a los derechos humanos que podrían ser tipificatorias de crímenes de guerra u otras figuras delictivas del derecho penal internacional captadas en el Estatuto de Roma.
Dado que el Estado mexicano no quiere, o no puede, indagar, procesar y sancionar a los presuntos responsables, las víctimas y/o las ONG están en aptitud de solicitar al fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, que se avoque a la apertura de una investigación de oficio o prima facie.
Como puede apreciarse, el régimen ha propiciado el surgimiento de inéditos fuegos internacionales colocando al país en un tremendo predicamento ante la comunidad de naciones. Esas posibles responsabilidades internacionales son, ni más ni menos, un legado maldito, un dardo envenenado, una aplastante loza de granito puro que gravitará sobre los hombros de quien asuma la Presidencia de la República a partir del 1º de diciembre del 2012.
¿Acaso no es oportuno y conveniente solicitar al licenciado Felipe Calderón que antes de abandonar Los Pinos asuma las responsabilidades que le competen como jefe de Estado y que proceda a hacer la obligada limpieza de armario?