Ernesto López Portillo/Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia
Moisés Castillo
La designación de Marisela Morales como nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR) exhibe a una institución políticamente contaminada que desecha procuradores y sin margen de maniobra ante una poderosa Secretaría de Seguridad Pública Federal, de Genaro García Luna, afirma Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
El experto en seguridad pública advierte que mientras la PGR no regularice sus procesos profesionales de trabajo, seguirán los cambios de procuradores que debilitarán de forma irreversible a esta institución de justicia.
Hay que recordar que son contados los casos de procuradores que cumplieron el sexenio presidencial: José Aguilar y Maya, con Manuel Avila Camacho (1940-1946); Francisco González de la Vega, con Miguel Alemán Valdés (1946-1952); Oscar Flores Sánchez, con José López Portillo (1976-1982), y Sergio García Ramírez, con Miguel de la Madrid (1982-1988).
La “maestra”, como se le conoce a Marisela Morales por cursar una maestría en ciencias pnales con especialización en ciencias jurídico penal, es el primer funcionario que llega a la máxima posición de la PGR con carrera en el Ministerio Público. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, trabajó como defensor público y en 1993 se convirtió en ministerio público.
Lastres políticos
¿Qué le parece este nombramiento de Marisela Morales?
Lo más importante no es quién esté al frente, sino cómo hacemos para que la PGR institucionalice un desempeño profesional y confiable para la gente.
La PGR ha tenido innumerables procuradores en los últimos 20 años y estos cambios debilitan la institución, porque no se ha logrado contar con un plan de fortalecimiento institucional a largo plazo.
La PGR ha fallado desde hace muchos años en ganarse la confianza de la sociedad y ha estado sometida a una contaminación política, lo que ha provocado que los procuradores sean desechados uno tras otro, mucho más por motivos políticos y mucho menos por evoluciones de corte técnico-jurídico.
¿Por qué la PGR está contaminada?
Es una institución que no logra desprenderse de coyunturas políticas, no logra desprenderse de la competencia del poder que tienen los partidos políticos y no logra mandar un mensaje claro de estabilidad y fortalecimiento institucional. Es el problema fundamental. El nombramiento de la procuradora será en la parte final del sexenio, lo cual me permite anticipar que ella no tiene tiempo para construir un proyecto que modifique estructuralmente los problemas de la procuraduría.
En este sentido, me parece casi inexplicable el hecho de que a esta altura se sigan haciendo cambios, pero representa una historia de una institución sometida a los cambios políticos.
Dos grandes reformas
¿Cuál sería el rumbo que debería tomar la PGR para que tenga un funcionamiento profesional y que a su vez se sacuda la figura presidencial?
Hay que hacer dos grandes reformas: transformar la PGR en la fiscalía general de la nación como un órgano constitucional autónomo que rinda cuentas al Congreso de la Unión y generar mecanismos de control interno y externo que no permita que esa autonomía se convierta en un cheque en blanco.
En Colombia, por ejemplo, existen tres instituciones con poderes diversos que actúan como contrapeso de la fiscalía general de la nación. Estas son la Procuraduría de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Es decir, postulo una completa separación de la procuraduría con respecto al Poder Ejecutivo federal, por un sistema de controles y rendición de cuentas que asegure que esa autonomía no sea utilizada precisamente como un botín político. La autonomía por sí sola no resuelve el problema pero nos ayudaría en una fórmula de descontaminación política de la PGR.
Ya no hay tiempo
¿Coincide con varios analistas que aseguran que con estos cambios en la PGR se fortalece Genaro García Luna?
El nuevo relevo nuevamente debilita las posibilidades de fortalecimiento institucional de la procuraduría, por la sencilla razón de que cualquier proyecto serio de rediseño institucional lleva tiempo, y Marisela Morales ya no hay tiempo. Ese debilitamiento genera un efecto lateral de un mayor fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública.
Para mí, la calidad personal del titular es importante, pero mucho más trascendente es el diseño de la institución de regularizar procesos profesionales de trabajo y no se observa que se haya logrado eso.
¿La elección del 2012 está en riesgo por los antecedentes de Marisela Morales en el caso del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador?
La PGR genera dudas independientemente de quién sea el titular, pero cuando se tiene información que vincula a esta figura con procesos cuestionados y fallidos jurídicamente, esas dudas razonablemente se incrementan.
Los hechos
Marisela Morales fue coordinador general de Investigación de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR y fiscal especial de los casos de Raúl Salinas de Gortari y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
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Investigó la supuesta entrega de un documento falso que Andrés Manuel López Obrador hizo a la Sección Instructora, como parte de las pruebas en su juicio de desafuero y que era un no ejercicio de acción penal, de una averiguación previa.
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Ganó reconocimiento al encabezar la denominada operación limpieza, con la que encarceló a funcionarios federales de alto nivel infiltrados por la organización delictiva de los Beltrán Leyva, incluido su antecesor, Noé Ramírez Mandujano.
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Tropezó en el denominado Michoacanazo, la exoneración del capo Vicente Carrillo Leyva y la excarcelación de Boris del Valle Alonso, ex asesor de seguridad del ex alcalde de Cancún, Gregorio Greg Sánchez.