Félix Fuentes
Frente al incremento de ejecuciones masivas y secuestros colectivos, el gobierno de Felipe Calderón presiona para que, basado en la Ley de Seguridad Nacional —en proyecto legislativo— se permita a las fuerzas armadas sofocar movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, así como decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.
La intención de aprobar esa ley en fast track —vía rápida—, tras permanecer encajonada desde el año pasado, daría facultades al Ejército, la Marina e incluso al Cisen para restringir la circulación de mercancías, vehículos, revisar pertenencias de particulares en las calles y requerirles información con “cualquier herramienta que resulte necesaria”.
Organizaciones civiles, como La Red por la Paz y la Justicia, consideran que, de ser aprobada dicha ley en los términos pretendidos, se daría paso a la creación de un Estado político-militar, propio para incrementar la violencia.
Según dicho organismo, el operativo para matar al capo Arturo Beltrán Leyva motivó a los cárteles a incrementar en cientos las ejecuciones en el estado de Morelos.
En análisis atribuido a la Secretaría de la Defensa Nacional se indica que mediante las modificaciones a la ley discutida en el Congreso no son creadas las bases de un Estado militar, ni se pretende dar armas al Ejército para violar los derechos humanos de ciudadanos, ni para someter a movimientos electorales y sociales.
Sin embargo, se abren las puertas para violar derechos civiles y garantías individuales, según hizo ver el petista Jaime Cárdenas Gracia, dado que en dicho proyecto es incluida una definición sobre el estatus de la guerra y la paz, al suponer la existencia de una “etapa intermedia” la cual permite intervenciones militares.
Alarma a Cárdenas y a otros legisladores la intromisión del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a gobernadores y congresos locales. De todas maneras actúan a discreción y constan a la nación los numerosos ataques a civiles por soldados carentes de experiencia en la lucha contra el narcotráfico.
El Ejército gozaba de prestigio envidiable, pero por involucrarlo en la “guerra” calderonista ha recibido numerosas acusaciones de homicidios, violaciones y tratos de los jefes militares con bandas del narcotráfico.
A juicio de legisladores y analistas, si a las fuerzas armadas se les otorgan atribuciones adicionales, como disolver marchas sociales —las de los electricistas, entre otras— y hacen registros de personas en tránsito e incluso revisan mercancías, el número de ilícitos cometidos por soldados se incrementará.
Peor será si el Ejército y el Cisen hacen uso de “cualquier método de recolección de información” y recurren a “cualquier herramienta”. Diputados y senadores están obligados a impedir los excesos mediante una ley congruente, alejada del militarismo.
El diputado priísta Alfonso Navarrete Prida apoya algunas pretensiones del gobierno panista en materia de seguridad. A su juicio, si en los operativos son cometidos abusos contra la población civil, “ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley”.
Navarrete sabe que, una vez cometidos los excesos, las autoridades responsables optan por eludir culpas y las descargan en víctimas. Los militares no están exentos de esas acusaciones ¿Para qué causarles peores problemas y perjudicar más a la población?
enlalinea@hotmail.com
felixfuentes@prodigy.net.mx