Humberto Musacchio
El viernes 22 de abril, en el diario La Jornada, apareció una información según la cual el gobierno mexicano solapa al cártel del Chapo Guzmán, al que se supone más fuerte, para que se encargue de eliminar a los grupos que le disputan el mercado de las drogas. La fuente es el reporte Mexican Drug War 2011 de la “consultoría de seguridad global de origen estadunidense Stratfor”.
Al parecer, dice el citado documento, “el gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción en este entorno (de inseguridad) es librar una guerra de desgaste”, en que el cártel de Sinaloa asuma la posición dominante en el país, lo que permitiría “imponer una reducción forzada de la violencia de los grupos criminales”.
El mismo reporte destaca que las operaciones represivas del Estado mexicano han debilitado a todas las mafias, menos al llamado cártel de Sinaloa, que se permite auxiliar al cártel del Golfo para combatir al grupo de los Zetas, en tanto que Vicente Carrillo Fuentes, capo del cártel de Juárez, ha logrado preservar su dominio sobre Ciudad Juárez, pero ha perdido las zonas periféricas.
Abunda la información —o especulación— en el informe de marras sobre las operaciones de los conglomerados delictivos y concluye que “en los próximos tres a seis meses, Stratfor espera que la banda de Sinaloa se convierta en la que controle Acapulco y Durango”, mientras que prevé “un nivel aún mayor de violencia en Juárez”.
El documento abunda en esa clase de detalles que poco o nada dicen a quienes no son especialistas. Lo destacable es que se insiste en que el cártel del Chapo incursiona tanto en territorios de las mafias rivales como de los grupos presuntamente amigos ante la pasividad del gobierno federal, que supuestamente ha optado por dejar los delincuentes combatirse entre ellos y dejar que le hagan el trabajo sucio, sin reparar en la pérdida de vidas inocentes.
Para quienes dividen al mundo en buenos y malos, la estrategia parece estar justificada, sólo que al dejar la guerra en manos de los delincuentes se abandona a la población al mayor de los peligros, pues las mafias no saben de leyes ni hallan impedimento para realizar sus actividades delictivas, las que causan la muerte de numerosos criminales, pero todavía más de la población que vive dentro de la ley.
De ser cierto lo dicho por Stratfor —y hasta el momento de escribir estas líneas no hay una negativa oficial—, resultará que Felipe Calderón sí pacta con criminales, pero sólo con algunos de ellos. La acusación es grave y el que calla otorga.