Alfredo Ríos Camarena

Desde hace varios lustros, políticos, analistas, comentaristas y representantes de la iniciativa privada han insistido en forma rimbombante en que hay que realizar “las reformas estructurales que México necesita”.

¿Qué quiere decir esto? Evidentemente existen diversas y opuestas respuestas, pero la que ha prevalecido es aquella impulsada por los medios de comunicación, y que tiene que ver con la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal. Es decir, el adelgazamiento del Estado, la entrega a la iniciativa privada de las facultades del mismo, darle al mercado el papel principal en la sociedad a través de políticas monetaristas; en fin, se trata de crear una nueva sociedad, cuyos principios y fines tengan como valor fundamental la acumulación de la riqueza.

En este proceso, la Carta Magna ha constituido un serio valladar para —cuando menos en teoría— evitar la aplicación plena del modelo, ya que los principios y la teleología de la Constitución crean un Estado social de derecho, cuyos objetivos se establecen en el marco de la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza, a través del apoyo a los campesinos —vía la reforma agraria— y a los obreros, con una legislación proteccionista.

Por eso, las reformas estructurales neoliberales siempre se han quedado a medias, pues chocan abruptamente con la filosofía constitucional. Sin embargo, se han aplicado y el Estado se ha convertido —lamentablemente— en un simple testigo de las luchas de las fuerzas económicas, y sus funciones de control y regulación se han venido disminuyendo; no obstante lo anterior, sigue vigente el texto económico de la Constitución en los artículos 25, 26, 27 y 28.

Al concluir este periodo legislativo de la LXI legislatura, una vez más están en el tapete algunas de estas propuestas con visión dividida, por eso no se aprobará la reforma laboral ni tampoco la fiscal. Cuando estas líneas se publiquen es muy probable que cuando menos en el Senado, la reforma política limitada se habrá convertido en minuta, y en ella se establecen reformas políticas importantes como la fórmula de sustitución del Ejecutivo federal, las candidaturas independientes, la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, estas dos últimas las aprobamos la legislatura pasada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. También se había aprobado la Iniciativa Preferencial del Ejecutivo, pero estaba sujeta a que también se aprobara la eliminación del veto de bolsillo, esto es, que no quede al arbitrio del Ejecutivo federal la publicación de las nuevas leyes, sino que ese poder esté obligado a publicarlas en un término perentorio, y de no ser así, el Congreso de la Unión pueda ordenar de inmediato su publicación para darle su vigencia plena.

Otro de los temas que requiere quizá una reflexión más profunda es la reelección de legisladores, pues las teorías que han apoyado esta reforma se refieren más a la condición política que guardan los diputados de elección directa que los plurinominales.

En cualquier caso, estas reformas nacidas del decálogo calderonista serán útiles y dejan afuera barbaridades jurídicas como la afirmativa ficta, que se daba para el caso de que no se dictaminaran las iniciativas preferentes. Esta propuesta era absolutamente violatoria de la soberanía del Congreso y afortunadamente fue desechada en la propuesta final; también quedaron en el tintero la aprobación del gabinete por parte del Congreso y la segunda vuelta electoral, así como la reelección de los presidentes municipales.

Es bueno que sean aprobadas estas propuestas, pero lo que siempre resulta complicado es el procedimiento, pues al final, una vez que las comisiones aprueban los proyectos y que éstas reflejan las relaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, muchísimos de los legisladores en el pleno no tienen la menor idea de lo que aprueban, lo cual es grave en el caso de reformas constitucionales; claro está que ningún diputado o senador por sí mismo, tiene la capacidad de ser experto en todos los temas, pero sí debería de existir una mayor conciencia de los legisladores que evitaran lo que en el argot parlamentario y beisbolístico se llaman “bolas rápidas”, que no son otra cosa que sorpresas de última hora, que se presentan a los plenos sin estudio y conciencia de la mayoría de sus integrantes.

Las reformas y la brújula del país no pueden, ni deben, ser dictadas por grupúsculos, la representación parlamentaria debe tener mayor injerencia y capacidad de crítica para mejorar nuestro proceso legislativo, y esto sólo se puede lograr con asesores más preparados y con legisladores más activos.

Estamos al final de esta legislatura, y como hemos afirmado en otras ocasiones existe una ley no escrita: a mayor cercanía del proceso federal electoral para elegir al Presidente del República, menor posibilidad para acuerdos parlamentarios.

Las reformas estructurales no pueden, ni deben, ser simples herramientas del sistema neoliberal, menos aún, regidas por una Constitución que mantiene principios distintos, apegados a la historia del pueblo de México.