Bloquear la Carta Magna en materia de derechos humanos

Genaro David Góngora Pimentel

“Las legislaturas estatales analizan un posible bloqueo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada el pasado 8 de marzo por el Congreso de la Unión”.

Según fuentes del periódico Reforma (19 abril), el principal problema es la nueva redacción del artículo 1 constitucional, que ahora diría: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”

De acuerdo con  fuentes cercanas al tema, bastaría la aprobación de cualquier tratado que contemple derechos de las personas para generar una norma de rango constitucional, sin que pudieran intervenir las legislaturas estatales o la Cámara de Diputados, pues los tratados sólo requieren participación del Senado y del Ejecutivo.

Esos derechos incluyen desde los más básicos hasta cuestionamientos como la propiedad de bienes, que pueden dar lugar a problemas complejos, amén que todos los derechos previstos en los tratados ya vigentes también se convertirían en ley constitucional.

La redacción que se pretende dar al artículo 1° constitucional sí da lugar a entenderla en los términos de las legislaturas estatales inconformes, pues se incorpora claramente —en mi opinión—, a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte a la Constitución.

Luego, podríamos escuchar una voz que con énfasis dijera: ¡mexicano, esta es tu Constitución! Y mostrar el libro que la contiene.

Sin embargo, ahora, esa voz diría: ¡mexicano, esta es tu Constitución y además del mencionado libro agregar los 50 tratados de derechos humanos de los que México es parte!

Pero, el que estos tratados tengan el mismo nivel de la Constitución, no puedo ver cuál sería el interés para evitar su cumplimiento. Esto lo único que hace es dar mayor amplitud a las defensas de los particulares. Las autoridades locales quedan obligadas a aplicar tratados en cuya aprobación no intervinieron, sin poder alegar que son inconstitucionales, precisamente porque ya tendrían el mismo nivel de la Carta Magna, tampoco encuentro en eso un motivo fundado de inconformidad, pues en la celebración y aprobación de los tratados, conforme lo dispone la Constitución solamente deben intervenir el Presidente de la República y el Senado, no la Cámara de Diputados, no las legislaturas locales, para eso tienen los estados, senadores que se supone los representan.

Si no intervinieron las autoridades locales en la aprobación de estos tratados, sedebe a que la Constitución no les da esa facultad. ¡No les gusta: cambien la Constitución!

Según las fuentes cercanas al tema de cuya información goza el periódico Reforma, este cambio constitucional afectará a las facultades de la Corte, porque sus sentencias relacionadas con derechos personales serán revisables por tribunales internacionales previstos en los tratados. Esto ya está sucediendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto cinco acciones en donde condenó al Estado mexicano por violación de derechos humanos, obligándolo a restituir, a indemnizar y a reformar la ley que consideró inconstitucional.

En lugar de ser motivo de crítica supone un elogio para la Corte de Derechos Humanos. Además, nuestro país reconoció a esta Corte en los tratados que ha firmado y que ahora no quiere cumplir.

En lo que —en mi opinión— sí tienen razón las legislaturas estatales es en cuanto a la forma en que las cámaras del Congreso resolvieron las diferencias que tenían en el tema de la facultad de investigación de grave violación de garantías, porque los problemas que ahora se han puesto a consideración de la Corte, se discuten en el tribunal pleno frente a la nación entera que puede observar y calificar las discusiones en la televisión nacional.

De aceptarse la reforma que propone el Senado de la República, la calificación, investigación de violación grave de garantías, la “discutiría” el ombudsman nacional que tendrá que discutir contra sí mismo.

La pretensión de la Cámara de Diputados de que la discusión fuera al nivel del Consejo que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bien merece el levantamiento de cejas por el asombro de pasar a ministros que discuten problemas jurídicos a consejeros que ni siquiera son abogados.

Ya se ha dicho que al renunciar a esa “facultad de investigación”, prevista en el artículo 97 constitucional, la Corte envió un mensaje desolador: “Los ministros no somos quienes señalamos horizontes ni fijamos criterios; somos humildes revisores de expedientes”. Si es verdad que la facultad debió ceñirse a la posibilidad de emitir opiniones, no debió desaparecer; “somos un tribunal de casación”, nos dicen los ministros. “No nos pidan más”. Ya de por sí, apenas nos damos abasto verificando si los tribunales colegiados hicieron bien su trabajo o no”.

A ese paso, como bien se ha dicho, habrá que crear un auténtico tribunal constitucional, o bien, cambiarle el nombre a nuestra Suprema Corte por el de Tribunal de Tercera Instancia.

También tienen razón las legislaturas estatales al explicar que en vez de aplazar toda la reforma para un segundo periodo de sesiones, el Congreso “encorchetó” las partes no aprobadas y envió lo demás a los estados para seguir con el proceso, con base en el artículo 72-E de la Constitución, siendo que ese precepto sólo es aplicable a reformas legislativas ordinarias, no ha cambios a la Carta Magna, pues no habla de mayorías calificadas para las aprobaciones, y refiere que se turnarán los decretos directo al Ejecutivo sin referirse a las legislaturas estatales a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La situación es nueva, nunca se había dado, siempre el turnar a las legislaturas estatales la reforma constitucional era un simple trámite.

El cambio que estamos viendo, injustificado en algunos aspectos y ampliamente justificado en otros, nos anuncia que este país ya no es el mismo. El anuncio de la inconformidad de las legislaturas estatales merece nuestra felicitación y nos hace aspirar a tener la esperanza de que estemos en el umbral de un país que quiere se le informe a conciencia de las razones de los cambios constitucionales y que nos dará para el año 2012, nuevas sorpresas.