Nora Rodríguez Aceves

Pasta de Conchos es una lección no aprendida en materia de seguridad minera. De nueva cuenta la impunidad, la irresponsabilidad, la corrupción, la falta de ética, por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, así como los abusos de empresarios han ocasionado una tragedia laboral.

La mañana del 3 mayo una explosión por acumulación de gas metano en un pocito habilitado como mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, dejó como saldo la muerte de 14 trabajadores y un menor con el cuerpo mutilado de 15 años de edad que laboraba en el yacimiento.

A poco más de cuatro años, nulo caso se hizo a las recomendaciones del informe Condiciones de seguridad e higiene que prevalecen en la mina 8 unidad Pasta de Conchos; un estudio realizado por el panel internacional de expertos en seguridad en minas del foro consultivo científico y tecnológico, en octubre de 2007, donde se señala que “una tragedia no se ocasionaría si existiera un sistema de mantenimiento y monitoreo riguroso e íntegro, un sistema con una ventilación eficiente, si se implementara una mejor tecnología para soportar los pilares y los marcos de apoyo, y si hubiera una política gubernamental que promoviera la desgasificación de las minas de carbón”.

En Sabinas se repite el escenario de Pasta de Conchos, esta vez con la presencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; a quien ya lo conocemos, dice el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera.

El rescate de los cuerpos de 14 mineros muertos en la explosión de un pocito “es un botín político. ¿Por qué no trajeron rescatistas chilenos en el caso de Pasta de Conchos? Porque ahora es un botín político”.

Sin ir más allá, ante los cuestionamientos: ¿por qué el secretario del Trabajo coordinó las labores de rescate?, ¿por qué considera que este rescate en Sabinas responde a cuestiones político-electorales?, el obispo únicamente responde: “Todo esto es un botín político. Punto”.

Y es que hay que tomar en cuenta que esta tragedia en el municipio de Sabinas ocurre en el marco de la carrera presidencial para 2012. Javier Lozano, quien ha coordinado los trabajos de rescate de los cuerpos sin vida de los 14 mineros atrapados en una mina de Coahuila, es uno de los siete aspirantes panistas que trabaja ya para posicionarse entre las preferencias electorales, tanto al interior del PAN como al exterior, entre la ciudadanía en general.

De lo que sí habla en entrevista vía telefónica con Siempre! el titular de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, es de la impunidad que aún prevalece por parte de las autoridades federales, estatales y municipales que “permiten que se siga trabajando en los pozos de carbón, y que por tanto los mineros sigan muriendo. Después de la explosión de Pasta de Conchos y antes del siniestro de Bimsa —Beneficios Internacionales del Norte—, propiedad de Alfonso González Vélez, hay 47 muertos en la zona carbonífera, ¿cuándo se llamó a cuenta a los concesionarios?, ¿dónde están los concesionarios?, ¿cuándo se llamó a quienes dan las concesiones en la Secretaría de Economía?, ¿dónde están los que deberían vigilar las condiciones de trabajo, la Secretaría del Trabajo? Por eso es que hablo de impunidad”.

Permitir trabajar los pozos en las condiciones en las que se encuentran “es un crimen, es explotación esclavizante de los mineros con la mínima seguridad. Esos pozos son volátiles, un día aparecen y otro día desaparecen. Los pozos de carbón no cumplen en lo más mínimo las normas de explotación, normas que tiene México y normas todavía más exigentes que tiene el sistema internacional de resguardo del trabajo minero. Ese es otro crimen que están cometiendo las autoridades”.

En ese mismo tono, agrega que “hay poceras que les han dado permiso solamente para explorar y están explotando sin permiso de poceros que les han ordenado cerrar porque han tenido accidentes graves; que les han ordenado cancelar el pozo hasta que haya condiciones de trabajo, de seguridad, con normas en los pozos. Por eso los pozos son ilegales totalmente y trabajan en la impunidad total, porque no tienen principios ni bases legales para hacerlo”.
Frente a esta nueva tragedia en el pozo minero número 3 del municipio de Sabinas, Coahuila, es imposible no referirse a la explosión provocada por acumulación de gas grisú en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde quedaron atrapados 65 mineros, dos de ellos fueron rescatados sin vida, pero el resto continúa en las entrañas de la tierra.

“En Pasta de Conchos dejaron impune este crimen; porque realmente fue un crimen la situación en que tenían a los trabajadores laborando en esa mina, en condiciones nulas de seguridad. Además, tenemos la altísima sospecha de que dejaron a la gente viva, porque ellos —las autoridades— aseguraron que se había colapsado la mina. Sin embargo, los peritajes que la Secretaría del Trabajo le pidió realizar al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología con cámara infrarroja demostraron que eso era mentira, que la mina no se colapsó”.

Asimismo, la gente de la Secretaría del Trabajo argumentó que la explosión había sido de tal magnitud que “ya estaban desintegrados los cuerpos, que por eso no seguían buscándolos. Cinco días después suspendieron la búsqueda de los cuerpos, a 150 metros de profundidad. Cuando sucede el accidente en Chile y vemos que 17 días después se rescató con vida a los mineros que estaban a 750 metros de profundidad, comprobamos cuándo las cosas se hacen para salvar vidas y cuándo las cosas se hacen para ahorrar dinero”.

 

El recuerdo de Pasta de Conchos

Por eso, el obispo Vera López señala que la tragedia en la mina Pasta de Conchos del municipio de San Juan de Sabina, en donde desde el 19 de febrero del 2006, están sepultados 63 cuerpos de los 65 que fallecieron en la explosión, se ha dejado en la impunidad. “Son los únicos restos que no se han entregado, sólo entregaron dos cuerpos y faltan 63 por rescatar”.

Recuerda que si bien es cierto que en el primer siniestro que hubo en 1889 en las minas de carbón en donde quedaron atrapadas 300 personas, cuando la tecnología en esa zona era nula y los mecanismos de rescate en el mundo eran pobres, no se pudieron rescatar los cuerpos, después de esa tragedia tan grande, la mayoría de los cuerpos han sido rescatados para darles sepultura. “Excepto la mina Pasta de Conchos en donde sistemáticamente la Secretaría del Trabajo se opuso a que se siguiera con el rescate con lo cual la dependencia ha estado encubriendo la impunidad de la empresa Minera México en ese crimen que realizaron y que nosotros tenemos tantas sospechas”.

En ese mismo sentido, el prelado condena la manera en que son explotados los mineros, la miseria en la que viven, pero sobre todo las condiciones infrahumanas en las que trabajan. Las minas no son otra cosa que “un vil boquete, con tiros de un metro 20 centímetros de altura horizontal. Trabajan en cuclillas y dañan su columna vertebral, los músculos de su cuerpo y tienen que estar haciendo gran esfuerzo, mientras están ocho horas o más abajo, en esas condiciones. Entran y salen en el mismo malacate que sacan el carbón. En ese mismo malacate, que es un bote con cadenas. Entran primero, minero por minero y después así como entraron los sacan a uno por uno. Entonces, cuando hay un derrumbe, un accidente, las posibilidades son nulas, pues hay que sacar a uno por uno. De ese tamaño están las cosas en los pozos de carbón”.

“Es una manera ilegal contra toda norma de seguridad. Además, los poceros del carbón están en la asociación de productores. El Estado les compra el carbón a través de una paraestatal. O sea la falacia que hay de un trabajo ilegal que se hace legal reconociendo oficialmente sus asociaciones. Es un crimen, es una salvajada”.

Tras detectar diversas irregularidades en el pozo en Sabinas, el titular de la Secretaría del Trabajo anunció la cancelación de la concesión para Bimsa, empresa responsable de su explosión. Sin embargo, para el obispo Vera la medida no es suficiente porque “hay muchos pozos matando gente. Es ilegal, irracional y falta de toda ética. Irresponsabilidad total del señor secretario de Economía y del señor secretario del Trabajo, el dejar que sigan trabajando los pozos. Además, cómo es posible que Javier Lozano haya declarado que era muy difícil encontrar los pozos si cada pozo tiene un malacate y todo se ve cuando tú vas a la zona carbonífera. Se ve que en su vida ha visitado esa zona de trabajo. No tiene ni idea de las cosas que pasan. Cobra salarios gratuitos, cobra salarios irresponsablemente; porque no tiene la mínima idea de lo que tiene —el secretario— en las manos. Con eso digo todo”.

Para Raúl Vera lo que hace falta para terminar con toda esta impunidad y corrupción “es responsabilidad, ética. Se necesita el mínimo de moral, se necesita tener conciencia y se necesita tener leyes. Por mucho menos le dieron 111 años de cárcel al líder de Atenco por defender la tierra, por haber retenido a un funcionario que equipararon a secuestro. Aquí en este momento los criminales están sueltos, no se les toca, andan matando gente. Pero eso sí a los defensores de los derechos humanos les ponen cadenas, ese es el ejemplo más claro. Los funcionarios no le cierran los pocitos a los empresarios y si lo hacen mañana abren otro y pasado mañana el tercero y le cambian a su compañía el nombre y sigue funcionando con el mismo dinero y sigue explotando obreros. Ese es el drama del carbón; pero diles, pregúntales, qué están haciendo para que eso se acabe, nada”.

 

Sin contratos de trabajo

De acuerdo al V informe sobre minería del carbón, denominado Dime desde allá abajo, presentado el 19 de febrero pasado, por el Centro de Reflexión y Acción Laboral y la Organización Familia Pasta de Conchos, “los mineros del carbón no cuentan con contratos de trabajo, salvo de palabra. No están registrados en el IMSS, y cuando se les registra es con un salario menor al que perciben y tercian las inscripciones. Es decir, los pueden reportar como trabajadores una semana sí y dos no. En esta región, la mayoría de las minas no cumple con las normas de seguridad e higiene. O sea, los pozos no cuentan con salida de emergencia; la entrada es la salida, lo cual está prohibido por la ley”.

“Ahí, los trabajadores no tienen comedores, ni sanitarios, ni enfermería. No hay comisiones de seguridad e higiene. Se les descuentan cuotas por impuestos, pero no hay un contrato legalizado. Por tanto, no deberían tener descuentos. No se les liquida o se les liquida en promedio de entre 600 a mil 700 pesos por un año o cuatro años, no importa el tiempo trabajado. Es una asignación aproximada que va más de la mano con el cómo le cae al contratista o dueño. No tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como botas, lámparas, cascos”.

“Los mineros tienen que poner su propio equipo, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan. Tampoco les dan autorrescatadores. El minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo. En lugar de poner cuatro ademes —soportes— ponen dos y no emparrillan los techos de los túneles”.

Hay que señalar que desde el año 1889 hasta mayo de este 2011, han muerto mil 635 trabajadores por explosiones en minas de Coahuila.