No es peyorativo

“Estado fallido” es un término empleado por periodistas y comentaristas políticos, para describir un Estado soberano que se considera, ha fallado en la garantía de servicios y garantías básicos, como la pérdida de control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, la incapacidad para suministrar servicios básicos o para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Pa´ pronto, se caracteriza por el fracaso social, político y económico del Estado. Por eso la expresión es ya de uso común. No es un término peyorativo de uso exclusivo de la oposición, ni patrimonio oral de las inteligencias críticas del país. Es el reflejo de una realidad que ha recibido un apelativo apropiado. Un Estado (así, con mayúscula) que no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, incapaz de ofrecer empleos dignos a una población creciente, poco apto para controlar y erradicar la corrupción en la administración pública, es sin duda candidato a tener esta consideración de fracaso.

En pocos años, uno o dos sexenios a lo más, hemos visto crecer la miseria y aumentar a niveles increíbles los índices de la desigualdad social y la injusta, muy injusta, repartición de la riqueza. Por cierto, otro más de los tristes records mundiales que la prensa mundial nos atribuye… Las clases medias se han visto acorraladas, sin opciones válidas y mecidas por el espectro de la pobreza. El comercio informal alcanza proporciones inusitadas; buena parte de esta actividad se centra en el contrabando oriental que entró al país, al igual que las armas y la droga, ante la ineficacia o pasividad, muy próxima a la complicidad, de nuestro ínclito sistema aduanal.

El medio ambiente se deteriora sin remedio, la impunidad parece ser la única regla en nuestro país y la opinión pública, esa vox dei que el Presidente tiene la obligación de escuchar, se estrella contra el muro de la sordera oficial.

Y lo más grave: la juventud sin esperanza… Con graves deficiencias que vienen desde la educación preescolar y primaria, los jóvenes que han terminado los estudios de secundaria tienen muy pocas posibilidades de acceder a la educación superior. La cifra es brutal, 7 de cada 10 ven cancelado así su futuro. Y no se trata de cantidad deleznable. Estamos hablando de una cifra equivalente a la población de un Estado como Jalisco o un país como El Salvador, que cuentan con más de 7 millones 300 mil habitantes.

La precaria infraestructura que prevalece en las bases del sistema educativo nos dice, de acuerdo a la SEP, que en la última década priísta la admisión a licenciatura fue del 82%, en contraste con la última década panista, que es tan sólo del 77%. A eso hay que agregar que de los 420 mil que egresan cada año, muchos de ellos se incorporan a la economía subterránea y que el 42% de estudiantes mexicanos de educación superior nunca se titulan.

A ello se refirió el líder nacional del PRI en su acostumbrada conferencia de prensa en el comienzo de cada semana. No es posible, no es admisible tolerar esta situación, al mismo tiempo que soportamos los discursos muy orondos de quienes afirman que vamos por el buen camino.

¿Qué cabe esperar de un país que se sitúa en los últimos lugares de inmatriculación en nuestra América, muy por debajo de Cuba, Argentina, Chile, Venezuela? Panamá nos supera con más del doble en ese rubro. “De ese tamaño es la realidad –señaló Humberto Moreira–, nos encontramos en una gran desventaja…”.

Por gasto no queda. La danza de los millones en la SEP es alucinante. Pero mientras la inversión en educación superior tiende a la baja, el gasto corriente —viajes, fiesta, giras, discursos, propaganda y claro, altos salarios para los funcionarios de aquí pa’arriba— va a la alza: 333 millones de pesos previstos para este año.

Frustrar la esperanza de millones de jóvenes de nuestra juventud más preparada y prometedora es frustrar la esperanza de todo un país. Moreira convocó a avanzar hacia la consecución de un instrumento eficaz para enfrentar este problema con un Acuerdo Nacional para la Educación Superior que aplique una mayor cantidad de recursos para mejorar y ampliar su cobertura, así como un gran movimiento para aumentar la permeabilidad de los jóvenes hacia las esferas más altas de la formación profesional.

Pero todo eso no podrá ser, mientras continúe la persistencia de un Estado fallido. De eso tendrá que responder el actual gobierno y no falta mucho.