Nación víctima de agendas partidistas
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Para las ganancias temporales,
“la simulación de la virtud se aprovecha”.
Maquiavelo
La urgencia de acotar la discrecionalidad con la que el Ejecutivo federal utiliza a las fuerzas armadas se estrelló ante la decisión legislativa de postergar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
Al igual que la iniciativa presidencial y la minuta del Senado, la “reforma a la reforma” elaborada en San Lázaro, fue víctima de agendas partidistas e intereses personales, demostrando con ello que antes que la patria, para la actual clase política, ¡el voto es primero!
A diferencia de las fundadas y razonadas intervenciones de los constituyentes del 57 en relación al artículo 29, los defensores a ultranza de las garantías individuales asumieron con toda responsabilidad su obligación de garantizar que la excepcionalidad derivada por esas condiciones no sirviera de excusa ni pretexto para ―como lo expresó don Filomeno Mata― “subvertir los principios constitucionales”.
Los hombres que sufrieron en carne propia persecuciones, cárcel y destierros, producto de la discrecionalidad con la que los tiranos en turno, sobre todo el recurrente Santa Anna, desconocían derechos, abusando de la ausencia de tal hipótesis en el texto constitucional, por ello tuvieron especial cuidado en acotar el poder presidencial en dichos casos y colegiar la suspensión de garantías a través del establecimiento de la autorización del Poder Legislativo.
La grandeza de tal determinación radica precisamente en que con ello acreditan que el interés de la nación, estaba para ellos por sobre sus posturas ideológicas.
Hombres de la talla de Zarco, Arriaga, Cerqueda, Olvera y Ocampo, entendieron que el mejor servicio a la patria era incluir en el pacto constitucional los mecanismos para aplicar un estado de excepción, así como sus alcances, regulando con ello las funciones del Ejecutivo en el caso de presentarse cualquiera de las hipótesis del enunciado del artículo.
En una magistral argumentación, Ocampo defendió la disposición recurriendo al símil del enfermo y el remedio, afirmando que muy a su pesar, como médico, reconocía que por muy amargo que resultase suspender garantías, esa era la última medida para garantizar el retorno a la normalidad del Estado mexicano o como reiteró el liberal, recuperar “la salud de la República”.
En 1917, Múgica, Recio, Colunga, Román y Monzón ratifican la vigencia del postulado del 57 y lo enriquecen al establecer la regionalización de la aplicabilidad del enunciado, y al determinar que la suspensión precise que afectará a todas aquellas (garantías individuales) que fuesen obstáculo, para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación de emergencia.
A pesar de las inéditas y dramáticas condiciones que en la actualidad viven amplias regiones del país; a pesar de las casi 40 mil muertes; a pesar de que esa imparable intimidación pone cotidianamente en riesgo grave a la sociedad, y perturban con efectos mortales la paz pública, nuestros representantes populares prefirieron anteponer sus agendas partidarias por sobre este urgente interés de la nación.
Con la irresponsable postura asumida por todos los partidos políticos, lo único que se logró es ampliar al Ejecutivo su abusiva discrecionalidad, su obsesiva proclividad a “darle la vuelta a la Constitución”, condenable conducta que, desde diciembre de 2006, le ha permitido sacar y mantener el ejército a las calles, sin fiscalización alguna, además de someter a esas instituciones del Estado mexicano a una irresponsable incertidumbre jurídica y a un acelerado desgaste de su prestigio ante la población, a la par de auspiciar acciones violatorias a los derechos humanos.
Resulta muy lamentable comprobar el nulo valor que todos los partidos políticos le han dado a un asunto fundamental para la salud de la República, a la que en lugar de buscar un remedio, sólido y apegado a la Constitución, las maquiavélicas corporaciones partidarias respondieron simulando defensas de derechos y principios, para en el fondo imponer sus agendas e intereses partidarios de cara a sus metas electorales. Ganancias temporales en unas urnas que por la simulación de nuestra clase política, podrían teñirse de violencia y sangre en días no tan lejanos.