Retroceso comunicativo
(Sexta de ocho partes)
La concentración de los anacronismos y las desigualdades jurídicas existentes a lo largo de las últimas 5 décadas en el terreno comunicativo del país, sin haber construido desde las estructuras del poder rector nacional salidas democráticas para resolverlos; refleja la presencia real del Estado mexicano fallido en dicho ámbito. Esto debido a que después de tanto tiempo esta instancia rectora medular no ha sido capaz de crear un nuevo proyecto de comunicación y de interrelación ciudadana informativa que garantice los derechos comunicativos básicos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución mexicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dicho Estado fallido se caracterizó por evitar crear un nuevo proyecto de comunicación ciudadana que fortaleciera las bases del proyecto de crecimiento nacional y defendiera las garantías comunicativas centrales de los habitantes de la República; sino que permitió, a corto, mediano y largo plazo, que únicamente se desarrollara el proyecto de difusión masiva privado-comercial que fuera funcional para la expansión del gran capital y para la conservación de las estructuras del poder correlativo que lo protege a escala nacional e internacional.
Con la consolidación de este proceso histórico que anuló el reconocimiento y la inclusión de los intereses comunicativos de la colectividad dentro del marco normativo constitucional, una vez más, la sociedad civil volvió a experimentar una profunda desilusión y desencanto para considerar que los espacios de apertura que creó el Estado mexicano “moderno” para renovar la estructura de comunicación nacional, fueran los conductos viables para la auténtica transformación del sistema de medios de comunicación colectivos en nuestra República. En síntesis, se puede afirmar que hasta el momento la reforma a la radiodifusión nacional quedó frustrada, pues en los últimos 60 años no se realizó ninguna transformación jurídica sustancial con espíritu ciudadano y democrático al marco jurídico comunicativo del país. Al contrario todas las contrarreformas que se dieron en tal ámbito se gestaron con obscuros intereses empresariales, mercantiles y políticos de los monopolios informativos dominantes, dejando fuera a los ciudadanos.
El único cambio relevante que como excepción se dio en todos estos años fue la reforma político-electoral del 2007 que intentó poner límites a la influencia de los poderes fácticos en el terreno de la sucesión de poderes públicos nacionales.
Sin embargo, paradójicamente, en última instancia, dicha iniciativa fue también una acción que sólo favoreció a los sectores en el poder establecido, pues lo que produjo fue más partidocracia y no democracia, al impedir la participación comunicativa de los ciudadanos en estos procesos.
En este sentido, al permitir la reforma electoral que sólo los partidos políticos y no los ciudadanos, participaran en la elaboración y la difusión de los mensajes en los concursos electorales, se reforzó la estructura altamente partidocrática previamente existente en el país que dio origen a la hegemonía de la comunicación electoral de dichas instituciones sobre el resto de la sociedad. De esta forma, en aras de intentar crear con la reforma mayor equidad en las contiendas se produjo en grado extremo una nueva estructura política unilateral al posibilitar que la sociedad mexicana pasara del sistema de gobernabilidad de la telecracia que anteriormente concentraba los procesos de la comunicación política en la República y no consideraba a los habitantes más que como meros sujetos votantes coyunturales; a evolucionar a una nueva estructura partidocrática de naturaleza hermética donde ahora el monopolio de la comunicación política ya no la acaparan las empresas privadas de la difusión masiva, sino la aglutinan los partidos políticos, dejando nuevamente afuera a las comunidades, pues también las contemplan como simples sufragantes casuales.
De esta manera, con la reforma electoral oscilamos de un monopolio mediático de la política en alianza con el PRI, como institución dominate en diversas coyunturas históricas anteriores; a un nuevo monopolio de la partidocracia que acaparó el proceso de la comunicación política y con ello concentró las dinámicas de representatividad masiva, sin darle opciones de interacción pública a la sociedad civil.
En otras palabras, con la reforma electoral simplemente se evolucionó de un sistema autoritario y abusivo de los monopolios privados de la difusión masiva que por décadas no dieron oportunidad para la participación plural de la sociedad en el espacio público mediático, a otro nuevo sistema monopólico burocrático de dominio de los partidos políticos que tampoco otorgó posibilidades de expresión política a las comunidades civiles, especialmente en las fases de contiendas electorales, y que consolidó mediáticamente los intereses particulares de la actual clase política en el poder. Por ello, es necesario reconocer que desde el punto de vista de la apertura del sistema de comunicación colectivo hacia la participación de la sociedad en el espacio público mediático, no existió mayor diferencia de fondo entre el planteamiento abusivo y reaccionario que en el año 2005 incorporó vía el Poder Legislativo el sector monopólico privado de la radiodifusión y de las telecomunicaciones nacionales a través de la denominada ley Televisa; y la propuesta que elaboró la clase política nacional en el Congreso de la Unión en el año 2007, a través de la reforma electoral, pues ninguna de las dos fuerzas del poder central, telecracia o partidocracia, se interesaron en crear condiciones auténticas para la intervención mayoritaria de la sociedad civil en el ámbito de la vida nacional.
De esta forma, si en el pasado los monopolios mediáticos a través de la ley Televisa pretendieron apropiarse jurídicamente a su favor de todo el espectro radioeléctrico de la nación para realizar más negocios privilegiados de comunicación conquistando nuevas cuotas de poder ideológico político y manejar las elecciones como un gran negocio lucrativo; en el presente la reforma electoral igualmente facilitó que los partidos políticos se apropiaran monopólicamente de la dinámica y de los instrumentos de la comunicación política en las fases de sucesión de poderes. De esta forma, a través de la transmisión de los miles de spots que se difundieron, la reforma construyó una opinión pública que blindó a los partidos políticos, sin dar alternativas para que la sociedad civil participara en la edificación de ésta, sino sólo para crear más partidocracia a su favor.
En conclusión, no existió mayor diferencia sustantiva en el hecho de que la sociedad quedara subordinada a los monopolios privados de la difusión masiva o a los monopolios de los partidos políticos, pues en ambos casos cada uno buscó unilateralmente su máxima ganancia político-económica particular, olvidándose de las demandas fundamentales que manifestaban las comunidades nacionales que debían resolverse para poder sobrevivir.
Es por ello, que es necesario contar con diagnósticos, propuestas y acciones sustantivos que contribuyan a reducir la realidad del Estado fallido en el ámbito de la comunicación social del país, para construir políticas públicas que eviten que continúe avanzando la crisis nacional.
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