Moisés Castillo

Ante las cifras “incómodas” para algunos estados y municipios sobre la certificación policiaca, que reveló el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cierto es que el país en plena guerra contra el narcotráfico no cuenta con un modelo policial profesional y democrático, que ofrezca alternativas eficaces contra la delincuencia.

Para Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), la policía de mando único que es la opción del presidente Felipe Calderón sólo significaría concentrar recursos y decisiones, que no resolvería las necesidades reales de los estados y municipios.

“Urge un modelo policial —señala López Portillo— que le dé a los municipios, estados y a la federación respuestas distintas a necesidades distintas. Lamentablemente, no tenemos este modelo. La propuesta del Presidente se quedó corta para las necesidades de reforma policial democrática que requerimos”.

Por otro lado, el especialista en seguridad pública afirma que los centros de control de confianza son parte de las deficiencias más críticas y visibles de la precariedad de las instituciones policiales mexicanas y del sistemático maltrato que hacen los actores políticos de ellas.

 

Escenario difícil

 

¿En qué estado de salud se encuentran las policías mexicanas?

No están a la altura de las circunstancias y de las exigencias sociales. Porque atrás de esto hay decisiones políticas y financieras que siguen debilitando a las policías en casi todo el país. No permiten que la policía tenga los recursos suficientes para tener estabilidad, carrera, proyecto de vida, derechos sociales. Todo esto tiene que ver con decisiones políticas y con un diseño técnico que está todo el tiempo administrando altos costos por esa debilidad policial.

¿Cómo interpretar el exhorto que se hace desde el gobierno federal a estados y municipios para que no se retrasen en su proceso de certificación policial?

Se reguló la certificación, pero eso no quiero decir que existan las capacidades institucionales para este proceso de evaluación de certificación de los miembros de seguridad pública del país. La mayor parte de los policías de los estados no tienen estas capacidades. La ley ordena que cada entidad federativa instale un centro propio de evaluación y certificación para que sean acreditados éstos por el Centro Nacional. Esto solamente ha sucedido en dos casos: Baja California y Guanajuato. Tenemos un escenario muy difícil en donde las necesidades son mucho mayores que los recursos disponibles. Simplemente nos permite concluir que no es posible que se cumplirán los plazos de la ley para certificar policías.

¿Cómo califica esta respuesta de la Asociación de Municipios de México de que no hay coordinación para cumplir las certificaciones?

Es normal, pero llama la atención la respuesta que hacen ahora los municipios que están hablando de diferencias de criterios. Es una información que hacen pública después de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública revela ciertos datos. Esto no había estado en debate público, los procesos de evaluación y certificación fueron decididos en el seno del SNSP, particularmente en el Consejo Nacional y sólo hasta que Juan Miguel Alcántara Soria empezó a emitir información, entonces nos encontramos ahora sí públicamente con diferencias de criterios. En donde no todos están de acuerdo ni con los instrumentos ni la forma en cómo se están aplicando.

¿Cuáles son los vacíos que detecta en la certificación y depuración policiaca?

El problema es mucho más complejo. Una cosa es certificar y evaluar a las personas y otra cosa es evaluar y certificar a las instituciones a las que dependen. La certificación policial nació en los Estados Unidos en los 70. Todo esto lo explico porque México apenas empieza a evaluar y certificar a las personas con los problemas enormes que vemos en infraestructura, de voluntad política y resistencia.

Sin embargo, no se ha planteado como política de Estado evaluar y certificar a las instituciones, lo cual hace que tengamos un resultado ineficaz en el combate a la delincuencia.

 

Problemas de diseño y origen

 

¿Percibe “tintes electorales” la revelación de esta información de que ciertos estados y municipios están atrasados en la certificación de sus policías?

La posición que tengo es que la publicidad es lo más importante en estos procesos de evaluación. No puedo afirmar que esto se esté utilizando con fines partidistas o políticos. Lo que sí puedo señalar es que la publicidad del proceso es sana, porque permite que la sociedad se entere de la realidad del proceso y de los problemas enormes que enfrenta la institución policial mexicana para modernizarse y profesionalizarse. Lo que está haciendo el secretario ejecutivo es adecuado en términos de informar a la opinión pública. Me pronuncio sin duda a favor de la publicidad de los resultados, de las evaluaciones. No debería estar a discusión si estas evaluaciones deberían ser públicas o no. En un país democrático este tipo de procesos deben estar escrutados por la sociedad.

¿Las policías municipales están más proclives a ser infiltradas por el narco?

No lo puedo afirmar. Lo que sí puedo decir es que tienen menores recursos para desarrollar mecanismos de fortalecimiento institucional, como puede ser la evaluación de confianza. Las policías municipales tienen una situación desfavorable por la falta de recursos. Pero esto no quiere decir que necesariamente el problema de corrupción de las policías municipales sea mayor con respecto a las estatales y federales. El Insyde tiene un monitor civil de la policía en la montaña de Guerrero que viene registrando problemas importantes a la violación de derechos humanos y violencia por parte de la policía ministerial, que depende de la procuraduría estatal, por ejemplo. El gobierno federal ha construido generalizaciones que etiquetan a las policías municipales como el problema o como el principal problema porque eso le funcione a su estrategia de concentración de recursos y decisiones.

A tres años del Acuerdo Nacional para la Seguridad, ¿se han cumplido las expectativas?

Desde luego que no. El acuerdo de 2008 tuvo un problema de diseño y de origen. En el diseño fue un acuerdo que está saturado de indicadores de proceso y solamente con algunas excepciones, con indicadores de resultados. Este es un asunto importante porque los compromisos tuvieron que ver con reformas institucionales legales, pero no con compromisos en beneficio de indicadores. El origen del acuerdo tiene el problema de que no partió de una legitimidad amplia. El Acuerdo Nacional para la Seguridad reunió a representantes de los poderes, pero no aglutinó a representantes de la sociedad civil en un sentido amplio. Así que nació con un aval disminuido, débil, parcial y con muy pobres mecanismos de evaluación. Hoy tenemos un acuerdo más que se quedó en la historia.