Moisés Castillo

A pesar de la violencia criminal que registra Michoacán y las amenazas contra algunos aspirantes panistas por parte del crimen organizado —según el PAN de Michoacán—, las elecciones del próximo 13 de noviembre se tendrán que llevar a cabo, ya que no tiene ningún sustento constitucional una posible suspensión.

Para Lorenzo Córdova, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hablar de una interrupción del proceso electoral michoacano que se inicia este martes 17 de mayo, por causas de inseguridad pública, atenta contra el orden constitucional y, paradójicamente, se estaría incentivando la violencia.

“Jurídicamente —dice—,  las elecciones no pueden ser suspendidas en un régimen democrático, a pesar de las situaciones dramáticas que podrían estar sucediendo en un estado. Si sucediera, estaríamos asumiendo que la violencia puede ser utilizada como un mecanismo para inhibir la realización de una elección”.

En días pasados, el dirigente del PAN en Michoacán, Germán Tena, aseguró que aspirantes de su partido han sido intimidados por bandas del crimen organizado, para que se desistan al puesto de elección popular, principalmente en municipios de la Tierra Caliente, como Huetamo y Apatzingán.

Hay que recordar que la Familia Michoacana es un grupo criminal que se consolidó luego de que el PRI salió de Los Pinos en 2000 y que su mejor estrategia ha sido el soborno, no sólo a la policía local, sino con el paso del tiempo a agentes estatales y federales.

Ni en un estado de excepción

Ante este contexto complicado, ¿la elección en Michoacán puede cancelarse?
La ley no prevé la suspensión de ciertas elecciones. Es decir, ni siquiera en el escenario de un Estado de excepción en el marco de los tratados internacionales, está contemplada la suspensión de los derechos políticos. Cada legislación electoral prevé estos mecanismos de salvaguarda para no validar una elección que no ha cumplido con ciertos condiciones mínimas. Incluso, la violación generalizada de los principios que deban regir un proceso electoral ha sido avalada por el propio tribunal electoral como un criterio aplicable. Los mecanismos salvaguardas están en la propia ley.

¿Cuáles son los retos de los órganos electorales en estados donde la violencia es imparable?
Tienen que tratar de generar una conciencia de que la peor reacción que la ciudadanía puede tener frente al crimen organizado es dejando de participar en los procesos democráticos. La peor reacción que la sociedad puede tener es volver la situación de excepcionalidad a una situación de normalidad. Y, en ese sentido, la falta de participación en los procesos democráticos genera menor legitimidad entre los gobiernos, entre los órganos de decisión política y consecuentemente una mayor erosión frente a estas bandas criminales.

¿Cómo juega el factor miedo en la participación ciudadana?
Hay que subrayar que el papel de los ciudadanos no solamente es ir y votar, [sino que] trasciende ese momento. Significa hacer política permanentemente, participando en marchas como la del domingo pasado. Asumir una actitud de no pasividad frente a un fenómeno lacerante y profundamente antidemocrático. El problema es que el miedo y la democracia son incompatibles. Asumamos eso. Si realmente queremos una sociedad democrática, tendremos que sobreponernos a nuestro miedo. El Estado tiene una responsabilidad para que los comicios se desarrollen en un contexto pacífico, porque de lo contrario los comicios pierden su razón de ser.

La opinión de Sicilia

Cabe apuntar que en el marco de la Marcha Nacional por la Paz, el poeta Javier Sicilia exigió a los partidos políticos limpiar sus filas del crimen organizado.

“No aceptaremos —les dijo— más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado”.

“Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar”, expresó.

¿Cómo leer esta postura de Sicilia contra los partidos políticos?
La fiscalización a los partidos es muy estricta, tal vez insuficiente, sin duda, pero es una fiscalización bastante bien lograda. Somos uno de los países que más fiscalizan a sus partidos. En todo caso a cada autoridad le corresponde afinar detalles, por supuesto que existe la posibilidad o que ocurra eventualmente que el crimen organizado financie la política o que pretenda financiar la política. El punto es quién y cómo se tiene que blindar ese hecho. No podemos pretender que eso le corresponda a las autoridades electorales, porque es materia de las autoridades de procuración de justicia encargadas del combate al crimen organizado.

¿El IFE se encuentra a la altura para la elección del 2012, luego de que se cuestionara su actuación en 2006?
El IFE y el tribunal electoral son actores importantísimos para que la elección se desarrolle adecuadamente. Ahora vemos una serie de decisiones, como la exoneración de Enrique Peña Nieto, que me parece que son resoluciones que complican el ambiente en lugar de destensarlo.

Desafortunadamente las autoridades electorales son parte del problema y habrá que crear un contexto de eficiencia para que ello no siga ocurriendo.

Afortunadamente, el IFE no es sólo su Consejo General, sino que la operación técnica de la elección está en manos de un servicio profesional probado y que ha constatado con el paso del tiempo ser capaz de organizar comicios con garantías de certeza y transparencia envidiables.

La elección presidencial será complicada por la complejidad de los actores involucrados, por la irresponsabilidad que caracteriza a estos políticos, partidos, concesionarios de radio y TV, gobiernos, funcionarios públicos. Tenemos una institucionalidad bastante endeble, problemas endógenos de los órganos electorales que no se han resuelto.

En fin, también desde este flanco pinta complicado el 2012.