Moisés Castillo
La “limpieza” espectacular que anunció el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha quedado huérfana, sin nombres ni apellidos, luego de que se revelara la detención de seis agentes adscritos a la delegación en Tamaulipas por la entrega de migrantes a una banda de plagiarios.
El comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, asegura que desde agosto del año pasado se lleva a cabo un proceso de depuración, a través de la aplicación de exámenes de confianza, y que a la fecha se han evaluado a mil 152 funcionarios, lo que significa la tercera parte del personal.
Hasta el momento, el INM no ha informado sobre el número de agentes que son investigados por delitos contra migrantes, no se conoce el perfil de los siete delegados regionales sustituidos y quiénes los remplazarán.
No se sabe, por ejemplo, cuántas denuncias se han interpuesto y cuáles los delitos que se persiguen. Sólo datos genéricos: cese de 200 agentes, 40 de ellos, sujetos a proceso penal.
Siguiendo la ruta de detenciones y sustituciones, el miércoles pasado fueron capturados Raúl Vázquez Damián y Carlos Moreno Flores, delegado y subdelegado del INM en Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas, acusados de prostituir a mujeres centroamericanas en discotecas del estado.
Para Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, son insuficientes estas medidas del INM y que todo está enmarcado en la Iniciativa Mérida, donde se ha puesto a México como un escudo para defender la seguridad nacional de Estados Unidos y tener un control de los migrantes.
“No podemos —dice el sacerdote— seguir sirviendo de coladera de la migración hacia Estados Unidos. Nuestra política migratoria, la que se lleva a cabo, está atenida a los acuerdos que ha hecho el gobierno de México con Washington”.
Presión social
—¿Cómo entender este doble discurso del presidente Felipe Calderón de proteger a nuestros paisanos en Estados Unidos y aquí se maltrata a los migrantes mexicanos y centroamericanos?
—Es un discurso vacío y sin visión real de la problemática. Tenemos derecho a exigir un buen trato a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero tenemos obligación nosotros también de tratar humanamente a los migrantes que vienen de Centroamérica y Sudamérica y que pasan por México rumbo al norte.
—¿Cómo califica está limpia del INM tras los actos de corrupción y vínculos de agentes con el crimen organizado?
—Es algo que han denunciando las organizaciones civiles derechos humanos, sobre todo en las especializadas en derechos a favor de los migrantes y también las casas del migrante. Desde el 2005 se decía que los agentes del INM participaban en violaciones a los derechos humanos de los migrantes, violaciones graves. El cese de delegados y las acciones del INM fue por la presión social y ante el hecho macabro del descubrimiento de fosas clandestinas en Tamaulipas y Durango.
Por otro lado, organizaciones y periodistas están exigiendo a través del IFAI que haya información del INM y de la PGR, porque los datos son insuficientes ante la tragedia.
—¿Coincide con el padre Alejandro Solalinde en que México es un gran cementerio de migrantes?
—Desgraciadamente es así. Hay cementerios clandestinos de migrantes desde Chiapas hasta Tamaulipas. Se han descubierto fosas en Tamaulipas pero también hay en Durango. Solalinde dice que podría asegurar que las hay también en Veracruz. Le doy la razón al padre Solalinde, él ha venido haciendo estos señalamientos desde el 2005.
—¿Y la responsabilidad de funcionarios y de la ex titular del INM, Cecilia Romero?
Es un cinismo no solamente hacia las víctimas de la política migratoria mexicana sino a la sociedad. Y todo sucede por los compromisos que el gobierno federal ha pactado con Estados Unidos vía la Iniciativa Mérida. Es un acuerdo del Presidente con Washington que ni siquiera pasó por el Senado de la República, y estos funcionarios están cumpliendo al pie de la letra. Así se lo han dicho los delegados del INM en Chiapas y Oaxaca al padre Solalinde. Tienen que cumplir con los acuerdos impuestos por Washington.
—Desde su experiencia en materia migratoria, ¿cuáles serían las soluciones reales para terminar con esta tragedia?
—En primer lugar, exigir que se nos informe por parte de las autoridades. El INM y la PGR tienen que detallar el caso de los agentes involucrados, quiénes son, cuál es la magnitud real de corrupción. Hay que exigirle también al gobierno federal que sea congruente con su discurso de defender y proteger los derechos humanos de los migrantes. Como dice el dicho popular “obras son amores y no buenas razones”.
Por otro lado, hay que sumarse a este movimiento por un México digno, justo y en paz, que es la mejor vía para restaurar el país.
Carencia de políticas públicas
—¿Existe en México políticas públicas para que el migrante retorne a su país como se hace en Bolivia?
—No se ve nada de esto, no tienen idea de nada. Las causas de la migración son económicas y sociales. En Bolivia, que es un Estado plurinacional, están impulsando políticas públicas para ofrecerles a los bolivianos el retorno a su país, brindándoles tierras que cultivar sin más requisito que acreditar que estuvieron fuera de Bolivia por falta de oportunidades.
En México, qué vemos, falta mucho para incentivar la agricultura, el desarrollo del campo. ¿Cuántos de nuestros campesinos se han visto obligados a migrar? Tenemos más de 10 millones de mexicanos expulsados hacia Estados Unidos, la décima parte de nuestro país es migrante.
Aquí no se ven oportunidades, se habla mucho que efectivamente hay que contener la migración porque hay que ofrecer condiciones y no se ven políticas sociales ni económicas de este gobierno.
Hay que recordar que en su Informe Especial sobre Casos de Secuestro de Migrantes en México, presentado en febrero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó 71 municipios con tramos carreteros y ferroviarios de alto riesgo para los migrantes, de los cuales 38 se localizan en los estados en los que el INM inició una limpia, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene ubicados 25 municipios considerados focos rojos en materia de ataques contra migrantes, de los cuales 24 se encuentran en las entidades en las que el INM ha decidido depurar su plantilla, en la llamada “ruta del migrante”.