Honduras

Frida Modak

Cuando aparezcan estas líneas, ya debería haber regresado a Honduras Manuel Zelaya, ex presidente de la república, porque su período ya transcurrió, aunque fue interrumpido antes por un golpe de Estado, situación que algún constitucionalista podría aclarar.

Como antecedente está el del  haitiano Jean Bertrand Aristide, que fue derrocado a un año de haber asumido el cargo y cuando fue restituido no se consideró el tiempo que permaneció en el exilio y gobernó por el término para el cual fue electo.

En el caso de Honduras se quiso disfrazar el golpe militar de destitución constitucional y a partir de ahí se montó un gobierno claramente ilegítimo, reconocido por Estados Unidos que estaba involucrado en la acción golpista, pero que no fue reconocido por América Latina.

Los golpistas hechos gobierno hicieron como si nada hubiera pasado, le formularon toda clase de acusaciones a Zelaya, reprimieron las manifestaciones populares, concretaron las elecciones presidenciales, programadas desde antes, con el propósito de legitimarse
y rompieron convenios fundamentales para el país.

La participación estadunidense en el golpe de Estado fue clara, lo dijimos desde el primer día y dimos los detalles en estas páginas. Más de un año después, Wikileaks dio a la publicidad un cable del embajador de Estados Unidos en Honduras que confirmaba toda nuestra información.

El objetivo de Washington era frenar la creciente independencia y unidad de América Latina a través de sus nuevas organizaciones regionales, apoyada en su mejor desempeño económico frente a la crisis que azota al país del norte y a sus socios europeos.

El acuerdo de Cartagena

La mediación de los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Hugo Chávez, de Venezuela, culminó con la firma de un acuerdo entre Manuel Zelaya y Porfirio Lobo en la ciudad de Cartagena, del que son testigos los dos mandatarios mencionados, a la vez que se crea una comisión de seguimiento, integrada por los cancilleres de esos dos países.

El objetivo, se dice, es solucionar la crisis política hondureña, lo que le permitiría a ese país reintegrarse a los organismos regionales. La mediación colombo-venezolana se acordó “con base en los cuatro puntos planteados por el ex Presidente Zelaya”, al tiempo que se reconoce la crisis política del país centroamericano desde los días previos al golpe de Estado.

Para alcanzar una solución, el gobierno hondureño garantiza que Zelaya y quienes formaron su gobierno ejercerán “todas sus libertades de acción política” y tendrán “todas las garantías contempladas en la Constitución de la República y las leyes de Honduras tomando para ello las medidas especiales de seguridad que sean necesarias”.

Al mismo tiempo, se le reconoce al Frente Nacional de Resistencia Popular, su derecho a la participación política en igualdad de condiciones, lo que implica que, sí así lo deciden, tanto ellos como otras organizaciones podrán constituirse como partido político.

Se señala en el acuerdo que a partir del golpe militar se produjeron violaciones a los derechos humanos y que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atenderá las denuncias que se presenten y espera contar con el apoyo de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y  el de los cancilleres de Colombia y Venezuela.

 

Los motivos de Lobo

Hemos reseñado lo más importante del acuerdo de Cartagena, nos corresponde ahora referirnos a los motivos que determinaron que Porfirio Lobo buscara este acuerdo que, en los hechos, pone de relieve que el golpe contra Zelaya obedeció a los intereses de Washington.

Para justificar el golpe se argumentó que Zelaya violaba la Constitución al convocar a una consulta popular basada en la ley de Participación Ciudadana, solicitada con la firma de decenas de miles de hondureños. La consulta era para decidir si en la elección presidencial se ponía una urna especial para determinar si se convocaba a una
Asamblea Constituyente.

Sería el sucesor de Zelaya a quien le correspondería hacerlo si la propuesta se aprobaba. La necesidad de un cambio era evidente, pero eso no sólo afectaría intereses estratégicos de Estados Unidos, sino intereses económicos de los presidentes anteriores a Zelaya, los que estuvieron involucrados en el golpe. Lobo, ex militante distinguido del Partido Comunista, no desconocía la nueva realidad político-social del país, pero respaldar la propuesta de Zelaya era cerrarse el camino a  una eventual presidencia. Ganó las elecciones realizadas bajo un régimen de facto presidido por los liberales golpistas, pero no puede sacar adelante  a su gobierno.

Las razones son políticas y económicas. En lo político, porque el gran movimiento popular que ya existía y al que quisieron ignorar, probablemente sea ya la primera fuerza político-social del país y hay que tomarla en cuenta.

Y el otro problema de Lobo es que de por sí la economía del país no funciona, más problemas tiene mientras se mantengan las sanciones impuestas por América Latina, a las que  hay que agregar los altos precios que ha alcanzado el petróleo. Honduras, siguiendo las instrucciones estadunidenses no sólo  se retiró de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América, sino también de Petrocaribe, la entidad venezolana que a los países del área les vende petróleo en condiciones preferenciales.

 

La razón de Zelaya

Resulta, entonces, que el que estaba en la postura correcta era Zelaya y Lobo ha tenido que reconocerlo. Los detalles de cómo se gestó la mediación de Santos y Chávez no se conocen, pero sí se sabe que fue una petición hondureña, basta con señalar que ya Lobo anunció la pronta reincorporación a Petrocaribe, autorizado por el Congreso de su país.

Si a esto agregamos  que después del golpe de Estado ese mismo congreso decidió cumplir el mandato constitucional que lo obligaba desde hacía años a legislar en materia de plebiscitos, se confirma que los que estaban en falta eran los golpistas y no el presidente que abrió la posibilidad de participar a través de una ley.

Y al hacerlo, Zelaya legitimó lo que ahora los golpistas admiten, que el país ha cambiado, que los hondureños tienen derechos que no se pueden desconocer y que están decididos a ejercerlos. Sin embargo, tanto en el  Partido Liberal como en el Nacional, que hasta ahora han sido los mayoritarios, persisten las visiones retrógradas.
El Frente Nacional de Resistencia Popular no ha decidido si se mantiene como movimiento popular o se convertirá en partido político, lo que podría estar relacionado con la decisión que tome Zelaya.

Si él desea recuperar y modernizar al liberalismo, cuya cúpula le es hostil, tal vez el Frente se transforme en partido y posiblemente el de mayor fuerza, como consecuencia no prevista  por el golpismo.

Mientras tanto, esta mediación colombo-venezolana tiene otras proyecciones, de las cuales señalaremos por el momento la nueva visión que algunos presidentes tienen del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, como el peruano Alan García, que ahora le reconoce inteligencia y simpatía.