De la delincuencia
Mucho se ha comentado sobre el operativo de seguridad nacional que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó realizar y que ya se ha puesto en marcha, en el que participarían 310 mil efectivos de las policías ministeriales y de investigación de todas las entidades del país. Del 13 al 19 de junio se hará un trabajo conjunto por parte de las 32 entidades del país para mejorar la seguridad.
El presidente en turno de la Conago, Marcelo Ebrard, declaró a los medios de comunicación que con este operativo se atacarían los principales delitos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, como son: el robo de vehículos, robo de transporte y pasajeros, venta de autopartes robadas, recuperación de vehículos sustraídos, combate al secuestro, desarticulación de bandas criminales y detención de vehículos polarizados o sin placas.
Si bien es cierto que este operativo aparenta ser conveniente, también es cierto que durante lo que va del sexenio, las autoridades locales han rehuído su responsabilidad de combatir el crimen en sus respectivas localidades. La mayoría de los gobiernos estatales le dieron la vuelta a su deber, pecaron de omisión al no hacerse cargo de los problemas delincuenciales que aquejan a sus ciudades y municipios y los dejaron crecer exponencialmente.
Recordemos que en 2008 el 51 por ciento de los agentes del Ministerio Público reprobaron los exámenes de conocimiento de la Averiguación Previa y Derecho Penal, en el Distrito Federal y según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, informó en mayo de este año que el Distrito Federal forma parte de un grupo que, junto con el Estado de México, Quintana Roo y San Luis Potosí, no están listos para cumplir con lo que marca la Ley General del SNSP que obliga a la certificación de todos los policías e integrantes del Ministerio Público a través de la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, con sus cinco pruebas (toxicológica, médica, psicológica, poligráfica y de entorno socioeconómico). La misma ley señala que el oficial que no obtenga resultados positivos deberá dejar el servicio.
Ahora que al parecer las miras al 2012 los han hecho tomar conciencia de que el asunto de la seguridad también les compete a ellos, lanzan este operativo de limitada duración. Este operativo parece ser una respuesta oportunista del jefe de Gobierno del Distrito Federal ante la crítica a la falta de autoridad de los gobiernos estatales y su incapacidad para disminuir los índices delictivos. En entidades como Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero la policía estatal ha preferido cruzarse de brazos y dejar que sea el gobierno federal quien haga frente a la delincuencia. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué sólo por dos semanas?
Es de reconocerse la voluntad de consenso de los mandatarios estatales para sumarse al esfuerzo del combate al crimen; sin embargo, el operativo no disculpa la omisión de autoridad y justicia. El 20 de este mes se dará a conocer el resultado del operativo y veremos entonces qué tan efectivo fue el arrojo de los gobernadores en estas dos semanas.