¿Quién podría confiar en ese Congreso?


(Primera de dos partes)

 

A partir de que el legislar y controlar el Ejecutivo pasaron a segundo lugar de importancia, los trabajos del Congreso se hubieran hecho incomprensibles si no se tuviera en cuenta que ambas cámaras o parte de ellas sólo van por lo suyo: allanar el camino de sus precandidatos y minar el camino del supuesto rival. Va a preparar terrenos para los que ya se ven en la silla presidencial. Esto atañe más a los diputados, donde varios ya se creen y actúan como cardenales miembros de la curia, secretarios de Estado. El interés nacional poco les importa. Léase principalmente el priísmo de Enrique Peña Nieto.

La segunda semana de mayo fue la última del presente período ordinario. La próxima se iniciará en septiembre, pero para esas fechas, ¿a quién le importarán las vitales adecuaciones legales? Los trabajos que estaban pendientes para esa última semana, además de incontables dictámenes, eran las revisadas, congeladas, manoseadas y vueltas a congelar y a descongelar, reformas laboral, fiscal, política, seguridad nacional y otras. Podríamos vivir mal, pero vivir sin esas innovaciones, así ya hemos vivido por años. Son de gran importancia pero no de trascendencia inmediata.

Lo que debiera verdaderamente asustarnos son las intenciones presidenciales, apoyadas inicialmente por el PAN y misteriosamente después por el PRI a cambio de muy oscuros silencios, para aprobar una llamada Ley de Seguridad Nacional, que no es otra cosa que la expresión del pánico presidencial por no poder, sin facultades extremas, enfrentar su guerra.

El PRI se suma al acuerdo, según ha trascendido, a cambio del silencio del ejército sobre pecados capitales de ciertos gobernadores. Ojalá eso se esclarezca.

Pero tendría el PRI una razón adicional y tal vez superior a la anterior, que parece medio fantasiosa: la cláusula de gobernabilidad. Entonces, de darse, un presidente (Peña Nieto, ya Calderón dejó de importar) con una ley en la mano totalmente antidemocrática como la de Seguridad Nacional, cuasi fascista y un congreso a su entera disposición. ¿Qué resulta? Pues claramente un modelo de dictadura. ¿Es así como entiende Francisco Rojas, el gran sacerdote, su entrega a Peña Nieto a cambio de un valor nacional supremo? ¡Claro que sí, él sólo vela por el binomio poder/dinero que le ha sido tan a su modo!

Las reformas planteadas a la Ley de Seguridad Nacional son para dotar de mayores atribuciones al presidente para su mando sobre las fuerzas armadas y consecuentes mayores facultades para éstas. Las reformas fueron propuestas originalmente por Felipe Calderón en abril de 2009 y enviadas al Senado que las modificó sustancialmente para introducir algunos controles. La minuta llegó a San Lázaro en abril de 2010, y en días pasados se conoció un predictamen que, apoyado por el PRI y el PAN, retoma esencialmente la propuesta original. Los partidos de izquierda con toda razón se opusieron terminantemente.

El predictamen entra en conflicto con las libertades y derechos establecidos en la Constitución, así como con  instrumentos internacionales de derechos humanos. De aprobarse, abriría la puerta para reprimir la libertad de reunión y asociación, el derecho a la privacidad y a las comunicaciones, incluso permitiría socavar el ejercicio de la libertad de expresión, entre otros. La propuesta criminalizaría la protesta pacífica y los movimientos sociales en general. Otorgaría también una mayor importancia a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interior, sin los controles civiles, legislativos o judiciales adecuados. A continuación algunos ejemplos:

El artículo 3º de aquella ley establece la facultad del Ejecutivo para preservar la seguridad nacional, mediante una serie de acciones, incluyendo el empleo de la fuerza aérea para prevenir o hacer frente a los “obstáculos” que le afecten. Los “obstáculos” a la seguridad nacional son enumerados en 21 fracciones del artículo 5º. No pueden ser más, tampoco menos.

Sencillamente es imposible incorporar en una ley, que por naturaleza debe ser específica, el inimaginable número de casos en que la seguridad nacional podría verse afectada. No es el tema de la Organización Mundial de la Salud, que sí tiene un catálogo flexible de enfermedades y se da el caso de que sumen o resten a ciertas de ellas, como por ejemplo la homosexualidad que en l990 fue retirada de tal catálogo como enfermedad mental.

Terminaré la próxima semana. No abandonen la lectura, gracias.

 

hienca@prodigy.net.mx