Sainete, regaño ¿y candidato externo?
La frustración oficial en el caso de Jorge Hank Rhon y el desplome del candidato Luis Felipe Bravo Mena provocaron reacciones ásperas del presidente Felipe Calderón, quien tras calificar de autócrata al viejo PRI exigió la pronta aprobación de las reformas política, laboral y seguridad.
Mucha gente cree que el primer mandatario departía con algunos de sus colaboradores y en otro de sus arranques ordenó al secretario de la Defensa Nacional, la madrugada del pasado día 4, el envío de militares a la residencia de Hank Rhon y detener a éste.
De otra manera no se explica que el alevoso arresto lo hubiesen realizado militares sin averiguación previa ni orden judicial y tampoco de cateo.
El artículo 16 de la Constitución mexicana señala: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Al ser violentado ese mandato en cada una de sus partes, a Hank y a su familia no se les puede acusar de nada y están en su derecho de demandar a autoridades federales por allanamiento de morada.
El traslado de Hank y de 10 de sus empleados al Distrito Federal, esposados y metidos a separos de la Siedo, son otras causas delictivas que pasó por alto la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.
Por ley, doña Marisela es consejero jurídico del Presidente de la República y en esa calidad debió advertirlo de sus ilícitos, en vez de instruir a la Siedo para llevar a cabo la consignación de los detenidos por “acopio de armas”.
Hank puede argumentar que las dos armas con las cuales fueron cometidos sendos homicidios el año pasado le fueron colocadas en su domicilio. ¿No debían estar en poder de la Procuraduría de Baja California o de los juzgados de ambas causas?
Si con el arresto de Hank pretendió Calderón asestar un golpe al gobernador Peña Nieto, le falló. Y en pleno escándalo llegó a la Universidad de Stanford, California, a acusar a gobiernos priístas de autócratas.
Autocracia quiere decir: “Gobierno ejercido por una sola persona, cuya voluntad es la suprema ley”. Algún consejero debió advertir a Calderón que, durante el “viejo PRI” tuvieron vigencia los tres Poderes y él formó parte del Legislativo.
Todavía bajo los efectos del fracasado encarcelamiento de Hank, Calderón preparó un agresivo discurso, de exigencia al Congreso de la Unión para que apruebe las reformas política, laboral y de seguridad, sin decir que él tiene encajonadas 19 leyes que se niega a promulgar.
La mayoría de diputados del PRI, de partidos de izquierda e incluso algunos del PAN, rechazan un periodo extraordinario de sesiones y tampoco les anima a aprobar los proyectos laboral y de política. El primero porque contiene conceptos de estilo “gringo” que agravian a la clase trabajadora.
De la reforma política sólo interesa a Calderón la candidatura externa. En el Consejo Nacional panista del 5 de marzo pasado planteó buscar a los “mejores aspirantes” a puestos de elección popular, incluido el candidato presidencial “aunque no sean militantes”, a fin de continuar los “gobiernos democráticos”.
Replicó el líder albiazul, Gustavo Madero: “No, no, no hay posibilidades para un externo”. Esto debió enfriar la relación entre ambos porque, para candidato del Estado de México, Madero propuso al senador Ulises Ramírez y Calderón ordenó que fuese Bravo Mena, quien apenas rebasará el 10 por ciento de la votación mexiquense.
¿Acaso piensa Calderón en un priísta para candidato externo? Eso le faltaría al PAN.
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