Contrarió la soberanía nacional
Pablo Lucas Verdú, catedrático de derecho político de la Universidad Complutense, escribió una obra sobre el sentimiento constitucional, al que definió como la voluntad de adherirse a las normas e instituciones fundamentales de un país en virtud de que se está hondamente convencido de que son buenas y convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de la justa convivencia, la cohesión política, la gobernabilidad democrática y el bienestar individual y colectivo.
El recuento de algunos de los acontecimientos que han tenido lugar a partir de diciembre del 2006 refleja con prístina claridad que la administración calderonista está lejos, muy lejos, de encajar en el paradigma jurídico y político concebido por este ilustre pensador español. Los hechos hablan por sí solos.
Saltándose los mandatos contemplados en los artículos 21, 29 y 129 constitucionales, el Ejecutivo Federal tomó la determinación de sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles y guarniciones y dar inicio a una guerra intestina, un conflicto armado de carácter interno; cruel e inaudita marcha de la locura que ha acarreado la muerte de más 40 mil seres humanos de carne y hueso, la perpetración de más de 10 mil desapariciones forzadas y el surgimiento de un número mayor a 50 mil huérfanos.
Contrariando el imperativo de la soberanía nacional preconizado por el artículo 39 constitucional, el gobierno federal ha propiciado actos de intervención extranjera que implican una amenaza a la seguridad nacional: aviones estadounidenses de control remoto surcan nuestra zona de vuelo; agentes del FBI practican investigaciones penales dentro del territorio nacional; oficinas de inteligencia dependientes de la Casa Blanca operan abiertamente en un centro estratégico erigido en pleno Paseo de la Reforma. Por si todo esto fuera poco, acorde a Wikileaks, el Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, ofreció al gobierno de Washington compartir datos de inteligencia relacionados con la guerra antinarco.
Sin miramiento alguno se han violentado los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Carta de Querétaro: a través de los contratos integrales para los campos maduros de Pemex se permitirá a los inversionistas privados que intervengan en el área estratégica de los hidrocarburos y se beneficien de la renta petrolera que sólo le corresponde a la nación; vía reglas administrativas expedidas por la Secretaría de Energía se está facilitando la privatización del eslabón de la cadena de la industria petrolera nacionalizada consistente en el transporte, almacenamiento y distribución de las gasolinas y otros petrolíferos, mercado interno cuyo valor anual asciende a 70 mil millones de dólares.
Desde Los Pinos se está desplegando una masa crítica de presión política a efecto de que se apruebe un proyecto de ley de asociaciones público-privadas, cuyo propósito es defenestrar o derrumbar al Estado rector del desarrollo nacional surgido del movimiento social de 1910 y sustituirlo por una entelequia de corte gerencial abocada a la administración de contratos con duración de 40 años. ¿No es esto una amenaza a la seguridad nacional?
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el acoso a la dirigencia del sindicato minero-metalúrgico constituyen, sin lugar a dudas, severos ataques a los derechos de la clase trabajadora tutelados por el artículo 123 constitucional.
El michoacanazo, la asistencia al acto litúrgico de beatificación del papa Juan Pablo II y la inducción presidencial al voto en cadena nacional a la que se refirió la resolución desaprobatoria del Consejo General del IFE, responden igualmente a la línea del desacato normativo.
Poniendo en juego los brillantes conceptos del jurista en alusión, puede decirse que al interior del grupo en el poder no está introyectando el sentimiento constitucional, sino todo lo contrario, se comporta como si en su núcleo de identidad estuviese instalado un hondo resentimiento contra la Ley Fundamental de los mexicanos.
Ese alarmante escenario acaba de sufrir un salto cuántico a raíz del caso Hank Rhon. Sin que ello signifique la apología de tan controvertido personaje, la versión propalada por las instancias gubernamentales resulta inverosímil. La supuesta espontaneidad de la mecánica de los hechos se hace añicos frente al carácter anónimo de la denuncia y al magno trabajo organizativo que implica la planeación y el traslado en avión de un cuerpo de militares desde la ciudad de México.
Todo hace suponer que el operativo obedeció a un guión preestablecido en cuyos renglones torcidos se colaron flagrantes transgresiones a la normatividad constitucional: participaron miembros del ejército, quienes carecen definitivamente de atribuciones legales para investigar conductas ilícitas; el ingreso al domicilio no fue precedido de una orden de cateo; no medió orden de aprehensión alguna librada en contra del político de marras.
La opacidad que envolvió esa actuación penal es manifiesta, se procedió sin observar las formas jurídicas más elementales, como si se estuviese viviendo un estado de sitio. Fue un genuino alarde de fuerza, con tintes de desvío de poder, una acción que bien podría ser subsumida en el cuerpo de consejos aportados por Nicolás Maquiavelo a Lorenzo de Medicis. En su texto clásico, el florentino se pregunta qué es mejor para el príncipe: ser amado o ser temido, y se responde a sí mismo que, en defecto de la conjunción de ambas opciones, es mucho más seguro ser temido; por tal razón, el príncipe debe ejecutar algunos castigos ejemplares cuando le sea preciso imponer la obediencia, sin que deba cuidarse mucho de la reputación de cruel.
Ante el peligro latente del asentamiento definitivo de un Estado policíaco-militar, haciendo eco de las sabias enseñanzas de Carlos de Secondat, Baron de Montesquieu, al pragmatismo, brutalidad y ausencia de moral de las prácticas maquiavélicas, es preciso oponer la fuerza ética proveniente del espíritu de las leyes, la democracia y la división de poderes, así como la más elevada, la más sentida adhesión al valioso texto constitucional que nos legó el histórico Congreso Constituyente de 1917.