Distrito Federal
El último día de mayo los capitalinos recibieron una tregua a los treinta y tantos centígrados que durante varios días ahogó a una ciudad de México que no está acostumbrada a este tipo de calor. A lo que ya nos acostumbramos es a perder parte de nuestra vida atrapados en el tráfico colapsado por las marchas y plantones.
El pasado martes 31 de mayo la agrupación Antorcha Campesina protestó a través de una larga marcha desde la glorieta de la Diana en avenida Reforma hasta la residencia oficial de Los Pinos. Marcharon desde las diez y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. La manifestación que duró más de seis horas afectó las principales vialidades de la ciudad de México: Reforma, Insurgentes, Periférico entre otras. Por cierto, Reforma reportó que los manifestantes llegaron en camiones con imágenes del candidato del PRI al Estado de México.
Los capitalinos ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que el gobierno del Distrito Federal en poder de los perredistas y de pseudoperredistas como Ebrard, toleren la afectación de millones de vidas productivas para beneficiar en muchos casos a manifestaciones pagadas y de presión política. Ya nos acostumbramos a que los llamados gobiernos de izquierda prefieran sacrificar a la silenciosa y pacífica mayoría ante la violenta y ruidosa minoría que en muchos casos representan las peores causas del país y de la ciudad. Los capitalinos ya nos acostumbramos a que las autoridades de seguridad pública repriman movimientos vecinales, a veces integrados por mujeres y adultos mayores con conciencia cívica y que esas mismas autoridades escolten marchas que defienden la impunidad y a veces al crimen en sus distintas expresiones. Nos acostumbramos a que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sólo emita recomendaciones contra gobiernos perredistas en casos verdaderamente de escándalo como lo fue el plantón de Reforma y del Zócalo por el mesías tropical, el señor López Obrador.
¿Por qué no se cumple la ley en el Distrito Federal? Varias son las razones. La represión de los gobiernos priístas de Díaz Ordaz y Luis Echeverría atrofiaron la legítima facultad del Estado para hacer uso de la fuerza para imponer el cumplimiento de la ley. En el imaginario colectivo toda fuerza policiaca es una muestra de intolerancia y no del Estado de derecho. Los gobiernos llamados de izquierda solapan y protegen en muchos casos a grupos organizados que representan bases electorales. Pero en el fondo subyace una población trabajadora, responsable todos los días por asumir las responsabilidades derivadas del día a día, pero que no asume su carácter ciudadano que supone exigir a la autoridad que cumpla la ley. Los capitalinos tenemos el derecho a transitar y vivir en una ciudad ordenada y en la cual las manifestaciones legítimas se hagan en un marco de respeto al resto de las libertades. Ya experimentamos por más de una década que los gobiernos emanados del PRD son incapaces de dar este orden. Seremos los ciudadanos los únicos que podamos construir una ciudad armoniosa y amable.