Injusticias

El sistema judicial en México adolece de transparencia, de autonomía financiera, sufre la perniciosa intervención del poder ejecutivo, sobre todo en los estados, en la designación de magistrados. Lo anterior se resume en impunidad, en injusticias.

En Ginebra, Suiza, la relatora de la ONU Gabriela Knaul elaboró el resumen de sus conclusiones tras visitar México en octubre del año pasado. Esta no es la primera investigación que el organismo multinacional realiza en el país. Los datos que arroja su trabajo son pertinentes y veraces a decir del propio magistrado Juan Carlos Cruz Razo, integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Cruz Razo realizó un resumen sobre la autonomía financiera del Poder Judicial tanto a nivel federal como en los estados. Sus apuntes señalan lo mucho que hay pendiente en materia de leyes que doten al Poder Judicial de independencia real, no solo teórica, respecto al Ejecutivo, y sobre todo del Legislativo, que es el que se encarga del diseño del presupuesto de egresos, son los diputados quienes determinan cuánto se le da al Judicial para infraestructura humana y material.

Es en el Congreso donde se mandata por ley al Poder Judicial sobre las formas de operar y debéres que cumplir, todo esto vía las reformas que realiza. No basta, pues, con la reforma para juicios orales, hay que reflejar estas en el presupuesto de formación, capacitación e implementación para la nueva manera de impartir justicia. Pero en el Congreso no se escucha la voz de los jueces y magistrados ya que el diseño presupuestal es de su exclusiva competencia. Históricamente al Poder Judicial se le ha destinado entre el 1.5 y 2 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En las circunstancias actuales, en el contexto de esta crisis de inseguridad y delincuencia, ¿seguirá siendo suficiente? Como sabemos, mucho del presupuesto se diseña a partir de criterios políticos, partidistas o de grupos de poder y en esa rebatinga se afecta lo asignado al Poder encargado de juzgar y sentenciar.

En cuanto a la dependencia directa de los ministerios públicos a los poderes ejecutivos, a través de las procuradurías, la relatora de Naciones Unidas también señala su inadecuada preparación para sustentar ante jueces las acusaciones y el debido proceso que ha de seguirse. ¿Le va quedando más claro el panorama y origen de nuestros reclamos y lamentos?

Claro que eso de pedir más recursos, o los mismos, pero en condiciones de autonomía, como ocurre en otros países donde se manejan cifras similares, pero que en automático se asignan igual cada año, sin posibilidad de disminuciones, que permitan una planeación más profesional, requiere también de una fiscalización más severa, a mayor independencia mayor transparencia. Y sí también estructuras más eficientes.

En eso están de acuerdo los miembros del Consejo de la Judicatura, que por cierto son los mismos que denunciaron al secretario del juzgado noveno en materia administrativa, Esiquio Martínez Hernández, por su presunto enriquecimiento inexplicable, luego que la SHCP les reportara movimientos por 432 millones de pesos en la cuenta personal del funcionario. Hasta el momento el patrimonio de este sujeto asciende a 50 millones de pesos, el resto del dinero no se ha podido comprobar que le pertenezca, pero parece suficiente con esto para que sea castigado y siente un precedente necesario.

Cuando se escuchen los reiterados llamados del Ejecutivo al Legislativo para aprobar reformas que atañen directamente al trabajo de jueces y magistrados, aproximadamente 1,200 en todo el país a nivel federal, y a su arquitectura institucional, debemos preguntarnos qué se hace en paralelo en materia de presupuesto. En muchos y obvios casos, hay sobrecarga de trabajo, hay poca calidad y por lo tanto, injusticias e impunidad.

Vale la pena atender la mirada y diagnóstico que la relatora de ONU hace al respecto. Desde Suiza para México. Integrar esto en la construcción de la narrativa gubernamental, de los mitos que Alejandro Poiré se ha dado a la tarea de contrastar y desmentir. Y a la discusión y análisis de los diputados en el próximo presupuesto. Sumar estos datos a la compleja y dolorosa circunstancia en que estamos sumidos dará más elementos racionales, menos discursos y mejores decisiones. Hay que exigirlo. Es justo.

 

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