Beatríz Pagés
La descalificación que lanzó la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, en contra de la juez federal Blanca Evelia Parra Meza, por haber ordenado la liberación de Jorge Hank Rhon, evocó las dictaduras latinoamericanas.
Sin duda, la del ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien el 5 de abril de 1992, bajo el pretexto de tener que “aligerar la reconstrucción nacional”, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y ordenó que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea cercaran a los partidos políticos de oposición.
Y eso, con sus matices, es lo que sucedió en Tijuana con la ilegal aprehensión de Hank Rhon y el irregular proceso judicial al que pretendía someterlo la Procuraduría General de la República por órdenes del presidente Felipe Calderón.
El caso se ha convertido en un icono de la violación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en un conato de ruptura del orden constitucional que logró evitar, por cierto, el Poder Judicial.
El mensaje que Bugarín dio ante los medios —el pasado miércoles 15 de junio— confirmó la impresión de estar frente a una intentona digna de un régimen fascista.
A la subprocuradora le interesaba más desacreditar al Poder Judicial, por haber liberado al empresario y echar a perder así los planes electorales de Calderón, que hacer una exposición precisa y transparente de las razones jurídicas que había tenido la Procuraduría General de la República para detener al inculpado.
Tan ese era el objetivo, que la funcionaria llegó a la conferencia de prensa con la orden expresa de acusar a Parra Meza y al Poder Judicial de haber realizado una valoración parcial y subjetiva de las pruebas. Con ello, Bugarín pretendió, perversamente, levantar una sombra de sospecha y complicidad sobre la juez para desacreditarla ante los medios y propiciar su linchamiento.
Para la enviada de Los Pinos, era más importante arrojar culpas a otros, ocultar los excesos y errores de su dependencia, que sustentar técnicamente el valor de las pruebas.
Sorprendió ver cómo una subprocuradora, una abogada, recurría a la difamación y a la deshonra para tratar de destruir el fallo de una juez que, evidentemente, va en contra del interés político de la Procuraduría General de la República.
La disputa entre la Procuraduría General de la República y la Judicatura o entre la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, por el caso Hank Rhon, no tiene su origen en una interpretación diferente de la ley, sino en una clara diferencia de criterios sobre la separación de poderes. Más aún, en convicciones éticas y jurídicas opuestas.
Mientras la Procuraduría General de la República mostraba, sin pudor, su incuestionable sometimiento a los caprichos presidenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación daba a la juez Blanca Evelia Parra Meza todo el respaldo constitucional, para que actuara con absoluta autonomía e independencia y no se dejara presionar por el gobierno federal.
¿Quién estaba, entonces, fuera de la legalidad? ¿La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de Bugarín o la juez que evitó convertir al Poder Judicial en una marioneta golpista del Ejecutivo federal?
Después de Tijuana, nada será igual. Calderón ultrajó la administración de justicia y dejó sin futuro al ejército.