Despenalizar, por lo menos, la mariguana
La Comisión Global de Políticas de Drogas, que se ha encargado de llevar al plano internacional la discusión científicamente fundada acerca de las maneras humanas y efectivas encaminadas a reducir el daño causado por las drogas, publicó a principios del mes de junio su informe Guerra a las drogas, en el cual expuso la urgencia y necesidad de repensar las políticas implantadas para criminalizar las drogas, así como el combate al tráfico de las mismas.
La guerra global a las drogas ha fracasado, es la frase con la cual la comisión describe las consecuencias lamentables y devastadoras para las sociedades. Recalca que a pesar de los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas, los gobiernos han fallado en reducir eficazmente la oferta o el consumo.
Por el contrario, el resultado ha sido un crecimiento espectacular en los últimos diez años en la escala global de los mercados de drogas ilegales controlados por el crimen organizado.
La propuesta que plantea el informe es alentar a los gobiernos para que implanten modelos de regularización legal de las drogas —especialmente la cannabis [mariguana]— a fin de socavar el poder del crimen organizado, salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos.
Para lograr una reducción de la violencia e intimidación generada por la lucha contra las drogas, contra el crimen organizado y contra quienes son consumidores, es necesario que los Estados empiecen a generar una transformación del régimen mundial de drogas, reemplazando las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y conveniencias del gobierno, por políticas económicas responsables basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos, de manera que sean políticas de regulación legal bien diseñadas y capaces de responder al fenómeno de las drogas.
El punto de partida debe ser el reconocimiento del problema mundial de las drogas, que implica un conjunto de desafíos sanitarios y sociales interrelacionados que deben de ser administrados y no ser vistos como una guerra que debe de ganarse.
La complejidad del mercado de drogas, el uso y consumo de ellas requiere de una articulación de políticas enfocadas al mejoramiento de la salud y el bienestar de la humanidad; a la reducción del crimen y la violencia, así como al desarrollo económico y social de los Estados.
Para lograrlo, se deben tomar en cuenta las diversas realidades políticas, sociales y culturales de los países, y para que sean eficaces tienen que ser políticas sujetas a modernización debido a las circunstancias cambiantes y variables que se vayan presentando.
Dichas políticas indiscutiblemente deben estar basadas en los principios de derechos humanos a efecto de que se logre priorizar el respeto a las personas, a la vida, a la salud, a su derecho de autodeterminación, a no padecer tratos crueles, inhumanos o degradantes y vivir libres de discriminación.
Es necesario derrumbar los estigmas que la sociedad ha construido respecto a las personas que usan drogas o que son dependientes de ellas, a menudo considerados como delincuentes, marginándolos en sus derechos.
Como bien ha señalado Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las personas que usan drogas no pierden sus derechos humanos. Con demasiada frecuencia los usuarios de drogas sufren discriminación, son forzados a aceptar tratamiento, marginándolos y a menudo dañados por enfoques que acentúan la criminalización y el castigo mientras minimizan la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos”.
Es indiscutible que los gobiernos lograrían grandes beneficios sociales y económicos si apostaran por la legalización de las drogas, y en vez de invertir cantidades estratosféricas de recursos en combatir el crimen organizado, deberían optar por invertir en programas sociales de prevención, rehabilitación de pacientes, en políticas públicas enfocadas en el mejoramiento de la salud y bienestar de las personas.
Las estrategias de represión impulsadas hasta el día de hoy han demostrado su ineficacia, no han sido una solución al problema mundial de las drogas y mucho menos suponen alguna posibilidad de poder ganar la guerra.
Por el contrario, el resultado ha sido atroz: violencia desmedida, crimen, muerte y sangre, logrando con ello un gran número de víctimas, una grave inseguridad ciudadana, sociedades llenas de temor, más personas involucradas en el narcotráfico, una corrupción bien cuajada y con ello la amenaza vigente a la seguridad de las personas y constantes violaciones a sus derechos.
En México, la guerra contra el tráfico de drogas y el crimen organizado se ha convertido en un problema alarmante, vulgar y desdichado; el costo se ha traducido en miles de vidas y millones de dólares.
Sangre, violencia y corrupción es el precio que el pueblo mexicano está pagando día a día, por falta de políticas responsables, bien estructuradas y efectivas.
Según el Instituto para la Economía y la Paz, México se encuentra dentro de los países menos pacíficos del mundo. De los 144 países mencionados, ocupamos el lugar 121.
Por eso también me sumo al reclamo social de que ya no queremos más sangre. Indiscutiblemente es más deseable la propuesta de despenalización responsable de la mariguana que la violencia e inseguridad.