El gobierno de México debe cambiar su estrategia en la lucha contra la delincuencia porque está equivocada y no ha podido controlar el crecimiento explosivo de la criminalidad, aseguró el diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida.
Al participar en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que se llevó a cabo del 6 al 10 de junio en el auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio de Medicina, en el Centro Histórico, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dijo que México ya no sufre un problema de seguridad pública, sino de seguridad interior, ya que nunca en la historia del país se habían visto homicidios múltiples como los de ahora.
Navarrete Prida, considerado como uno de los más experimentados juristas del país, amén de que ha sido subprocurador general de Justicia de la República y procurador del Estado de México, sostuvo que la violencia ha alcanzado niveles insospechados; ha generado el desplazamiento de cientos de personas; ha sembrado el terror en diversas regiones; ha confrontado a la sociedad con sus autoridades y ha colocado en grave riesgo la viabilidad de instituciones, mismas que han quedado rebasadas y han sido seriamente infiltradas por la delincuencia.
En su interesante ponencia, en la que hace un diagnóstico sobre la situación de la seguridad pública en nuestra nación, el diputado propuso la desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR) y abrir paso a dos fiscalías constitucionalmente autónomas, la General de la Nación, que se encargaría de atender el conjunto de conductas delictivas en el Fuero Federal, que no sean delitos contra la salud, y la General para el Combate contra el Crimen Organizado, con un órgano de inteligencia técnicamente autónomo, encargada de la investigación y persecución de los delitos contra la salud y las manifestaciones de la criminalidad organizada asociada e éstos.
Por la importancia y trascendencia de este documento, aquí se presenta íntegro.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
SEGURIDAD Y JUSTICIA EN DEMOCRACIA
MESA 9 “DELINCUENCIA ORGANIZADA Y VIOLENCIA EN MÉXICO”
Lic. Alfonso Navarrete Prida
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
El serio problema de inseguridad pública que vive el país es el resultado de la conjunción de diversos factores que se manifiestan por una parte en el continuo deterioro de las condiciones de vida de millones de mexicanos y, por la otra, en la debilidad institucional del Estado para cumplir sus funciones esenciales.
Pobreza, marginación, desempleo, subempleo, oportunidades cada vez más limitadas para que amplios sectores de la población accedan a bienes y servicios básicos como vivienda, nutrición, alimentación, salud, educación, esparcimiento han venido decantando a lo largo de décadas el panorama actual de desigualdad e inequidad entre los diversos grupos que conforman la sociedad mexicana, aunado a ello el incremento en la incidencia delictiva, la corrupción y la impunidad han abonado al estado de inseguridad pública en la que vivimos desde hace ya varios años.
La delincuencia organizada representa un fenómeno criminal complejo por el tipo de ilícitos que cometen los grupos criminales, las secuelas que los mismos dejan en las víctimas, las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto, el nivel de sofisticación con que se planean y ejecutan los delitos, la estructura jerarquizada, la “división del trabajo” de la organización, los recursos financieros que logran obtener, la forma en que blanquean el dinero para incorporarlo a la economía formal y su devastador poder corruptor, todo ello reta la estabilidad de las instituciones. La manifestación más peligrosa de este tipo de criminalidad en el país es el narcotráfico.
Lo que tenemos entonces en el país ya no es un problema de seguridad pública, sino de seguridad interior, nunca en la historia de México se habían visto homicidios múltiples como los de ahora que parecen ser verdaderos exterminios, nunca se habían visto niveles de corrupción asociados a esos asesinatos como los que ahora se han descubierto.
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal que sobre la marcha cambio de denominación a lucha por la seguridad, se planeó sobre el fracaso de la promesa de generar empleos y con base en un diagnóstico inexacto, por lo mismo el diseño de la estrategia ha resultado deficiente y la ejecución ha sido muy cuestionable, incluso contraproducente.
La estrategia se sustenta en la reacción policíaco-militar y fundamentalmente en evitar el trasiego de drogas a Estados Unidos, no en combatir el crecimiento inusitado del mercado interno, el consumo de drogas y la criminalidad asociada a esto. Cuando las policías civiles se vieron rebasadas por la delincuencia organizada se tomó la decisión de enviar tropas a combatirla, la estrategia parece haberse agotado con el envío de militares, la pregunta que se antoja es ¿después del ejército y la marina, qué?
Estamos en presencia de un auténtico problema de seguridad nacional porque la violencia ha alcanzado niveles insospechados, ha generado el desplazamiento de cientos de personas que han abandonado sus trabajos, sus negocios, sus bienes huyendo de la violencia, ha sembrado el terror en diversas regiones del país, ha confrontado a la sociedad con sus autoridades, las ha desafiado, ha colocado en grave riesgo la viabilidad de instituciones que han quedado rebasadas y han sido seriamente infiltradas, como ejemplo podernos citar los casos de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Migración; el gobierno federal no ha podido controlar el crecimiento explosivo de la criminalidad organizada que en virtud de una reforma constitucional, determinó “federalizar”.
El México de hoy atraviesa por tres grandes transiciones que lo definen. Una transición demográfica, cuyo efecto visible lo compone el hecho de que en menos de un siglo el país experimentó el cambio de una sociedad eminentemente rural con menos de 20 millones de habitantes, a una de corte urbano, con grandes zonas metropolitanas (56) y con más de 112 millones de habitantes.
Una transición epidemiológica que implica enormes retos para la salud pública y las políticas de seguridad social, al pasar de una expectativa de vida de 35 años promedio, a principios del siglo pasado, a 75 años a inicios del siglo XXI, en la cual las principales causas de muerte dejaron de ser las enfermedades infecto-contagiosas y pasaron a ser las propias de la modernidad y del desarrollo urbano, como son las enfermedades crónico-degenerativas. La tercera transición es la democrática en la que la lucha por el poder político en la alternancia no garantiza continuidad en las políticas públicas que implementan los gobiernos y genera “grandes vacíos” en los espacios de gobernabilidad que se llenan de muy distintas maneras y por muy distintos grupos y facciones.
En este ámbito, se debe considerar una condición fundamental que es la relación con los Estados Unidos de Norteamérica que en materia de combate al crimen organizado, en su vertiente narcotráfico, ha marcado permanentemente las decisiones que el Gobierno Mexicano ha adoptado sobre el tema y que, en sus consecuencias explican en mucho el actual estado de cosas.
La década de los 80’s en materia de narcotráfico se define por una relación tirante entre el gobierno norteamericano y el resto de países latinoamericanos, en especial México.
La política antidrogas norteamericana se basó fundamentalmente en inhibir la oferta de droga; es decir, en la presión a los países productores o transportadores de droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica (marihuana y cocaína cuyo consumo fue creciendo conforme transcurrió la década).
En apoyo a esa decisión estratégica del gobierno norteamericano se implementaron tres mecanismos que afianzaban la presión hacia los gobiernos donde se producía o transportaba droga.
1. Mecanismo de Certificación, en el cual se calificaba anualmente la cooperación o no de países en el combate a la producción o transportación de narcóticos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. País que a juicio del Gobierno Estadounidense no cooperaba, era presionado con medidas de corte económico y político.
2. Sistema Hemisférico de Información, por el cual se obligaba a los países del continente a permitir vuelos sobre sus territorios que permitieran detectar sembradíos de droga o aeronaves que transportaban de droga.
3. Acción directa hacia los países del continente que a su juicio no cooperaban en la estrategia planteada, así se invadieron Grenada y Panamá, en este último país se detuvo a su presidente para trasladarlo a los Estados Unidos de Norteamérica y juzgarlo ahí por delitos cometidos en Panamá.
En México, después de ocurrido el asesinato del agente de la Drug Enforcement Agency (DEA) Enrique Camarena Salazar, la presión directa sobre el Gobierno fue brutal, al grado de establecer en el país una oficina permanente de la agencia antidrogas Estadounidense.
Para el Gobierno Mexicano la política antidrogas se debatía entre una cooperación directa con el Gobierno Norteamericano y críticas bajo el argumento válido de las reivindicaciones soberanas y la autodeterminación interna.
Bajo esa política al combate de la droga y atendiendo a la situación geográfica del país, se concentraba los esfuerzos en evitar el transporte de droga hacia los Estados Unidos. No existían en el país grandes núcleos de población que consumieran droga, ni el consumo se incrementaba de forma alarmante. (No significa que no existiera sino que su crecimiento no era alarmante).
Para los cárteles de la droga importaba quién en México garantizaba el transporte hacia los Estados Unidos (tanto los productores nacionales de marihuana, como los sudamericanos productores de marihuana y cocaína), por ello, los “socios” en el negocio ilícito eran fundamentalmente corporaciones policíacas federales o militares que garantizaban “corredores geográficos del producto” (Cártel de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, etc.). Los grandes capos de la droga en México eran o elementos o ex-elementos de esas corporaciones, en esta época se consolidan los grandes “comandantes” que asociados con la delincuencia organizada controlaban los aseguramientos, detenciones y, desde luego, el traslado de droga.
La violencia asociada al tráfico de droga era muy focalizada, realmente era la lucha de cárteles por el control de rutas.
El policía mexicano podía ser un elemento de comportamiento “valioso” para su corporación, al interior de la sociedad mexicana, en sus problemas propios, su actuación se llegaba a calificar de “ejemplar”, hacia afuera, es decir, el transporte de droga a Estados Unidos era otra cosa, pero solo esporádicamente se traducía en actos ostensibles de violencia o inseguridad hacia el resto del conglomerado social.
Por otro lado, la delincuencia común o convencional en el país estaba condicionada por su propia evolución criminal los gropos delincuenciales en la mayoría del territorio nacional se dedicaban básicamente a la llamada “delincuencia común o convencional”.
A este panorama habría que añadir la existencia de un partido predominante que garantizaba una conducción casi monolítica y permitía en materia de seguridad, actuar con mayores márgenes operativos y aumentar la “eficacia aparente” de las corporaciones policíacas y los órganos de inteligencia.
La década de los 90’s marca la reorientación de la política antidrogas por parte del Gobierno norteamericano ya que de tratar de frenar la oferta de la droga pasa a inhibir el consumo de la misma, abandona poco a poco el proceso de certificación al resto del mundo y fomenta mecanismos de cooperación internacional con el añadido del apoyo técnico y económico hacia otros gobiernos.
La única exigencia que no ha variado por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, consiste en el compromiso de los gobiernos del hemisferio a un combate directo al tráfico de drogas hacia su territorio.
Para el país, el abandono paulatino del proceso de certificación constituyó una “reivindicación soberana” y el fomento a la cooperación, basado en el libre intercambio de bienes y servicios, propició un clima de mayor entendimiento con el Gobierno norteamericano, aunado a nuevos fenómenos que hacían crisis en la relación bilateral como lo son la migración, los derechos humanos y el tema democrático.
La mecánica de producción y tráfico de drogas en el continente también cambió, al socio Mexicano dedicado al transporte, se le convirtió en socio dedicado a transportar y recibir en pago parte del cargamento de droga que se le enviaba, con la única condición de que esa droga en pago no ingresara al territorio americano para no generar “sobre oferta”.
Esta transformación fundamental modificó de raíz el panorama delictivo al interior del país.
México tenía condiciones inmejorables para fomentar el surgimiento de grandes mercados internos para el consumo de drogas. En un inicio se ubicaba el “nuevo producto” que llegaba en forma masiva, en los grandes centros de distribución de mercancías ilícitas en el país (Tepito), pero a medida que penetraron volúmenes mayores en forma permanente al territorio nacional para quedarse en él (ya no sólo marihuana sino cocaína y nuevas drogas sintéticas), se hizo necesario el apoyo de las organizaciones delictivas locales para distribuir y consolidar mercados internos de consumo de drogas.
El fenómeno modificó el comportamiento de las organizaciones delincuenciales, locales, potenció su agresividad bajo la tutela de las grandes organizaciones delictivas (crimen organizado), las hizo evolucionar rápidamente en nichos delictivos diversos (robo masivo de vehículos y secuestro) y sobre todo, propició que el control del territorio (plaza) se volviera el centro de su actividad.
Ya no era entonces buscar una ruta de trasiego sino el control del territorio, el resultado fue claro gran violencia y generación de nuevos fenómenos delictivos poco conocidos en el país. (Ahí se encuentra parte de la explicación del aumento en las ejecuciones en México).
Las organizaciones delictivas locales “asociadas” empezaron a crecer, a reclutar miembros activos que estuvieran dispuestos a enfrentarse a muerte al rival (con poca o nula formación) y corromper, presionar o ejecutar a autoridades y a policías locales (fundamentalmente municipales) que sin estar preparados para enfrentar el fenómeno en la mayoría de los casos han sucumbido al embate de las nuevas organizaciones.
Los cárteles mexicanos asociados al crimen trasnacional, bajo esta nueva transacción en el trasiego de drogas también comenzaron a crecer; por un lado, aumentaron el valor del producto al existir mercado interno y por lo tanto, mayor demanda inicial e incluso desarrollaron capacidades para exportar producto a otros mercados como el europeo, no sólo en materia de drogas sino de otros productos de ilícitos como vehículos robados, pues ya contaban con organización territorial capaz de ejecutar esas acciones.
No es gratuito que ahora se diga que las bandas de narcotraficantes mexicanos son las más poderosas y violentas del mundo. En efecto, no fue gratuito sino producto de la evolución criminal, de consecuencias de demandas insatisfechas, entornos hostiles y de errores crasos en las decisiones estratégicas para abatirlos.
Los datos duros avalan este proceso. La producción mundial de droga se ha mantenido constante en los últimos años, el precio ha aumentado, han surgido nuevos tipos de drogas sintéticas con mayor potencial adictivo y “negocios” asociados al tráfico de drogas mundial, han prosperado como son el tráfico de armas y el robo de vehículos.
El número de adictos a nivel mundial también ha crecido y en México de forma exponencial (70% en ocho años). La pregunta es, ¿Cómo se sustenta la afirmación de que se está ganando la “guerra” que declaró el Gobierno federal?
Se reitera que existen muchas otras causas que propician el estado de cosas en el que nos encontramos, no se desconocen ni se omiten con un mal propósito, como ejemplo citaría el hecho de que para propiciar un mejor intercambio en la producción de vehículos al “abrirse” la economía mexicana se tomó la decisión de eliminar el llamado “registro vehicular”, las consecuencias en materia de seguridad pública de esta decisión con un propósito loable en su origen ha tenido resultados muy cuestionables, lo mismo que las recurrentes crisis económicas, los cambios políticos, etc.
No se desconocen estos fenómenos y su influencia, pero como se señaló al inicio del presente documento, la finalidad del mismo es señalar uno de los trazos que han delineado el perfil de México en el tema de seguridad.
En este contexto es posible explicar los errores en la estrategia del Gobierno mexicano en materia del combate al crimen organizado, fundamentalmente narcotráfico.
1. El Gobierno mexicano ha seguido la misma decisión estratégica desde hace 10 años, cuando la condición y variables del fenómeno han cambiado radicalmente.
2. El Gobierno mexicano basa su estrategia en mantener como propósito exclusivo la premisa del combate al trasiego de droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica este es el eje rector de toda la política antidrogas.
3. Los programas, los presupuestos, su lógica y su propaganda, se basan en ese propósito: combatir el trasiego de drogas a Estados Unidos de Norteamérica.
Cada vez que autoridades mexicanas aseguran droga a un capo del narcotráfico se hace énfasis en lo importante que es para el Gobierno norteamericano ese hecho, pero se menciona en la propaganda oficial que es para “que ésta no llegue a nuestros hijos”, cuando el cargamento iba destinado a Estados Unidos.
4. La ausencia de resultados del Gobierno federal en las más de 40 mil ejecuciones y el aumento en conductas delictivas relacionadas, son explicadas como la consecuencia de los severos golpes afectan la estructura de las organizaciones criminales que al quedar sin cabeza, son atacadas por otras para adueñarse de la plaza, es un proceso de “eliminación” entre ellas, existe una negativa oficial a aceptar que la lucha por los territorios (plazas) tiene que ver con la consolidación de un nuevo nicho de mercado ligado a la evolución criminal de organizaciones locales; es decir, no está decreciendo la fuerza del crimen organizado sino aumentando, evolucionando y diversificándose.
5. Con base en la premisa de origen, la respuesta del Gobierno federal se soporta únicamente en la respuesta policíaca, donde el ejército tiene una participación fundamental.
Esta estrategia, desde luego, representa el aval del Gobierno norteamericano al mexicano, lo reconocen públicamente y de manera periódica; para los objetivos de política interior estadounidense la decisión del Gobierno mexicano es correcta (se frena la oferta lo que permite a las autoridades norteamericanas aplicar estrategias orientadas a bajar el consumo) aunque en la realidad esto tampoco suceda (sigue creciendo el número de adictos en país vecino).
6. México se encuentra prácticamente desarmado para atacar el fenómeno que se está viviendo, ya que la lógica y orientación global del gobierno está basada en el combate al trasiego de la droga. De hecho, Gobierno federal bajo el argumento de “potenciar el esfuerzo” ha trasladado el combate al narcomenudeo hacia los estados, sin recursos para enfrentarlo.
7. Por otra parte, la estrategia de respuesta policíaco-militar para detener el trasiego de droga hacia Estados Unidos no requiere de una estrategia social (no la necesita, es sólo para el trasiego a Estados Unidos) esto ha generado el desmantelamiento de las instituciones encargadas de estos temas y el agravamiento de las condiciones sociales de las amplias poblaciones del país.
8. En este sentido, estructuralmente existen deficiencias institucionales para la atención eficaz de los problemas sociales que generan las drogas como lo son: que los programas contra la pobreza son exclusivamente de corte asistencialista no de incidencia en el entorno y en el futuro directo de jóvenes, hombres y mujeres, no propician ni crecimiento económico ni empleo, factores fundamentales en el combate a la inseguridad.
Igual sucede con el Sistema de Salud, los temas de adicciones son responsabilidad federal pero por Ley sólo en materia normativa. La operación de los servicios de salud desde 1996 se encuentra descentralizada a los estados. Por ello, las cifras y acciones del Consejo Nacional contra las Adicciones o los CIS son inexactas. insuficientes, parciales y en consecuencia irreales.
9. Las miles de ejecuciones que se registran en el país en los últimos años no se van a detener, por el contrario, van a aumentar en la medida que el control de los mercados internos de consumo no se encuentren estables, esa será la única forma en que se reduzca la violencia, ya que la intervención del Estado resulta en estos momentos imposible. (Está jugando un juego distinto a lo que está ocurriendo).
Las consecuencias de estas omisiones resultan y resultarán en el debilitamiento general de las instituciones y la sociedad, en la subordinación en varias partes del país de las autoridades locales al crimen organizado en el alejamiento de inversiones, en el envenenamiento de la juventud (70% de aumento de adicciones en ocho años) y en la elevación de costos de manera inimaginable para atender las consecuencias que genera el crecimiento de estos nuevos fenómenos (recursos de procedencia ilícita, tráfico de armas, secuestro, extorsión y robo de vehículos).
10. A esto se debe sumar que el Gobierno mexicano no ha podido eficientar sus mecanismos no policíacos pero sí de combate al crimen organizado, como son: los órganos de inteligencia, los mecanismos de control financiero en contra del lavado de dinero y de las aduanas que siguen siendo extraordinariamente “porosas” en la introducción de bienes ilícitos.
11. El Gobierno federal ha solicitado al Congreso de la Unión modificaciones profundas al sistema de seguridad y al de garantías individuales, que sólo han servido para fortalecer la respuesta policíaca de corte centralista e ineficiente con graves riesgos de corrupción para las autoridades; esas reformas y adiciones constitucionales pretendían remover las garantías que fuesen obstáculo para la intervención directa de las autoridades federales: cateos y arraigos ordenados por el Ministerio Público, entre otros; ahora se pretende eliminar a las policías municipales que son cuerpos de proximidad y probablemente a las locales, ese es el fondo de la propuesta conocida como “mando único de policía”. Las reformas sugeridas atentan contra el espíritu de la Constitución, contra el régimen federal y contra nuestra historia, además de resultar profundamente ineficaces.
Una estrategia integral contra la inseguridad debe pasar por medidas de carácter social, educativo, de salud, debe inscribirse en un ámbito más comprensivo. Se proponen, entre otras, lo siguiente:
CAMBIOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1. Creación de una Subsecretaría contra las Adicciones que en funciones de autoridad sanitaria desarrolle programas efectivos de prevención y rehabilitación de adictos (si es necesario obligatoria).
2. Desaparición de la Procuraduría General de la República y creación en su lugar, de dos fiscalías constitucionalmente autónomas.
1. La Fiscalía General de la Nación, que se encargará de atender el conjunto de conductas delictivas en el Fuero Federal, que no sean delitos contra la salud.
2. La Fiscalía General para el Combate contra el Crimen Organizado, con un órgano de inteligencia técnicamente autónomo, encargada de la investigación y persecución de los delitos contra la salud y las manifestaciones de la criminalidad organizada asociada e éstos.
3. Fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación, en sus funciones de coordinación de acciones de Gabinete, así como mando de la Policía Preventiva.
4. Redimensionamiento de la actual Secretaría de Seguridad Pública, subordinación orgánica y funcional de la policía investigadora al mando ministerial.
5. Transformación de la Unidad de Inteligencia Financiera en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con mayores recursos atacar eficazmente la capacidad financiera de los grupos delictivos.
6. Autonomía constitucional del Servicio de Administración Tributaria, con mayor control sobre las aduanas del país y creación de la Policía Fronteriza que evite la entrada de productos ilícitos al país por puntos no vigilados en aduanas.
CAMBIOS EN LOS CUERPOS POLICIACOS
7. Otorgar mayores recursos para las corporaciones de seguridad pública de estados y municipios.
8. Condicionar las asignaciones presupuestales a reglas e indicadores de desempeño y metas comprometidas que garanticen el destino de los recursos.
9. Evaluación de resultados.
10. Mejorar las condiciones laborales de las policías municipales y estatales.
11. Proporcionar capacitación de calidad a los miembros de las corporaciones de seguridad pública, a los órganos de inteligencia financiera y de control de aduanas.
12. Mejorar el equipamiento, parque vehicular, armamento y tecnología anticrimen (policías preventivas, ministeriales, agentes del ministerio público, peritos).
13. Trato digno a policías, apoyo psicológico después de participar en enfrentamientos u operativos de alto riesgo.
14. Atención para el manejo de estrés.
MEDIDAS PARA REFORZAR EL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO
15. Diseño de un plan para combatir las fuentes de suministro de las organizaciones criminales (armas, vehículos, dinero, equipamiento).
16. Ataque a la capacidad financiera de los grupos delictivos.
17. Establecimiento de un sistema serio de recompensas para la denuncia.
MEDIDAS DE DESARROLLO SOCIAL
18. Ejecución de programas de desarrollo social en las regiones y comunidades que presenten altos índices delictivos.
19. Desarrollo de programas educativos de fomento a los valores de la vida gregaria (respeto a la vida, la libertad, la salud, la propiedad y los derechos de las personas), a la cultura de la legalidad, al repudio de toda forma de antisocialidad y a la prevención del delito.
20. Intervenciones directas en grupos vulnerables (niños y jóvenes en situación de calle, madres solteras adolescentes).
21. Ampliación de la oferta educativa y de carreras técnicas.
22. Aplicación efectiva de programas antidrogas en el sistema escolarizado, si es necesario antidopajes obligatorios.
23. Canalización de adictos a centros de salud y seguimiento permanente.
24. Orientación a padres de familia para detectar adicciones.
25. Desarrollo de programas contra las adicciones en centros de trabajo.
26. Levantamiento de un censo real del número de adictos en el país.
27. Fomento a la creación de redes sociales de autoayuda.
28. Recuperación de espacios públicos.
29. Vigilancia en cápsula (alumbrado, bacheo, cercado de terrenos baldíos, demolición de inmuebles abandonados usados por delincuentes.
OTRAS MEDIDAS
30. Fortalecimiento de la autonomía técnica de los órganos de control y vigilancia para evitar cooptación de los servidores públicos.
31. Ataque frontal a la corrupción y la impunidad.
32. Desarrollo de programas para incentivar la participación social en las propuestas de seguridad pública.
33. Suscripción de un Pacto de Colaboración con los medios de comunicación para revertir el impacto negativo que genera la información de incidentes delincuenciales.
34. Hacer del trabajo el mecanismo efectivo de la reinserción social.
MEDIDAS JURIDICAS
35. Readecuación de la Reforma a la Justicia Penal aprobada en 2008 a estas propuestas.
36. Expedición de una Ley General de Prevención Social del Delito.
37. Expedición de las reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional.
38. Modificaciones a los marcos normativos para obligar a las autoridades competentes a revisar el funcionamiento de giros comerciales para evitar compra venta de drogas, trata de personas y otros ilícitos que se conoce pueden cometerse en bares, discotecas, cantinas, incluso en giros aparentemente inofensivos.
Ningún esfuerzo hecho por la policía será suficiente para revertir la inseguridad pública que agobia a los mexicanos si no se mejora sensiblemente la calidad de vida de millones de compatriotas que sobreviven no solo en la ofensiva marginalidad sino en la indecente indiferencia gubernamental.
