En el proceso de la elección presidencial


En los días previos a la toma de protesta del presidente Felipe Calderón —noviembre de 2006—, el clima político se encontraba ensombrecido, las autoridades electorales no habían definido con precisión el resultado de la elección presidencial y, finalmente dictaron una resolución que favoreció a Calderón; pero en el mismo contexto de este documento el Tribunal Electoral cuestionaba y criticaba parte del proceso electoral.

Dos meses antes, el presidente Vicente Fox no pudo ingresar al recinto de la Cámara de Diputados para entregar su informe de gobierno y lo hizo desde la puerta del mismo; el país estaba dividido y hasta convulsionado.

En ese tiempo, los diputados del PRI a la LX Legislatura, tomamos el acuerdo unánime de apoyar las instituciones y la resolución jurídica del tribunal electoral, más allá de nuestras preferencias políticas y pasiones partidarias. Nos presentamos en el pleno el día primero de diciembre enarbolando pequeñas banderas mexicanas, como símbolo de la institucionalidad y del respeto al marco jurídico. Así permitimos y apoyamos que se cumpliera el artículo 83 de la Constitución y el presidente electo pudiera rendir protesta. Gran parte de la sociedad aplaudió nuestra actitud, especialmente los panistas.

Hoy que se acerca el proceso de la elección presidencial, las cosas han cambiado, y con ello, los discursos del gobierno —del Presidente en particular— son agresivos y llenos de pasión; la razón es obvia, el PRI se ha posicionado como el próximo ganador de la elección presidencial; vendrá la contienda electoral y lo único que esperamos es que se nos dé el mismo trato de respeto a la ley, que nosotros tomamos como parte de nuestro compromiso democrático.

La entrada y salida de la cárcel de Jorge Hank Rhon ha sido un tiro por la culata para el régimen, y el discurso de Stanford prende la mecha para que los acuerdos parlamentarios —que faltan muchos— no se realicen.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador también se “internacionalizo” e inició una abierta campaña para su grupo Morena, también en Estados Unidos, concretamente en California, los mismos días que el Presidente.

Mientras tanto, en el Estado de México, las encuestas, los sondeos de opinión y la percepción de la ciudadanía, nos indican que el triunfo del PRI será apabullante, lo que refleja, esta vez más que nunca, las preferencias políticas de los mexiquenses, y también en general de los mexicanos.

Los candidatos a gobernador son paradigmáticos, y representan, sin duda alguna, a las figuras más destacadas de sus respectivos partidos; Luis Felipe Bravo Mena ha sido presidente del PAN y recientemente secretario particular del presidente Calderón; Alejandro Encinas fue secretario de Gobierno de López Obrador, y más tarde, su sustituto en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y Eruviel Avila pertenece a la clase política del Estado de México, y hombre de las confianzas de Enrique Peña Nieto.

Tal cercanía a estos personajes nos obliga a considerar que el escenario electoral del Estado de México, además de la importancia de la propia entidad, la elección es el principio de la disputa por la candidatura presidencial y por la presidencia misma.

Entre más nos acercamos al final de este proceso, también está más definida la identidad de quienes habrán de ser candidatos a la primera magistratura; por el PAN será Ernesto Cordero, por el PRI Enrique Peña Nieto y por la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de las características de cada uno de ellos, es necesario tratar de desentrañar la ideología que representan, pues todas se resumen en el centro, con diversos matices; en el tema de la economía y de la distribución de la riqueza, la filosofía del PAN se vincula al concepto del “bien común”, que a su vez, es producto del principio de la doctrina social de la Iglesia católica, nacida de la ética y la caridad.

El mismo tema para el PRI se define como “justicia social”, término que implica la utilización de las herramientas del Estado, a través de las disposiciones constitucionales vigentes, para impulsar la distribución del ingreso y la política social.

En el PRD no está claro, pero para López Obrador se requiere una nueva revolución a la que él llama el “cuarto movimiento”, en continuidad a la Independencia, la Reforma y la Revolución, plantea un nuevo movimiento, que dice ser pacífico, pero no define con claridad cuál es y cómo será esta cuarta revolución.

Hacia el futuro se requiere que la ideología, la doctrina y los principios sean los que determinen las preferencias ciudadanas, y no sólo la mercadotecnia hueca y la frivolidad como atributos.

Es tiempo que los partidos definan no sólo sus principios, que ya están en sus documentos básicos, sino sus estrategias y políticas concretas, para combatir la inseguridad, la pobreza, la insalubridad y la ignorancia.