Sobre el pasado priísta

En tres ocasiones, el Presidente se ha referido públicamente a los actos represivos que tuvieron lugar en nuestro país hace varias décadas; la primera, en el contexto del festejo del centenario de la UNAM.

Aludiendo al movimiento estudiantil del 68, en las instalaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso externó que a ese lugar entró el bazucazo de la incomprensión y la intolerancia, que ese momento dejó en claro que México no podía seguir tolerando el autoritarismo y el dictado de la vida nacional desde el poder, y que la generación universitaria de ese tiempo abrió anchas avenidas a la democracia que estaría por venir en el país.

Al poco tiempo, en un acto conmemorativo de la fundación de su instituto político aseveró que cuando la pléyade de universitarios fue arrasada a metralla en la Plaza de las Tres Culturas, la única voz que se alzó para defender a los estudiantes y a la máxima casa de estudios fue la de los diputados del partido blanquiazul.

Hace unos días, al hacer uso de la palabra en un acto de graduación de los alumnos de la Universidad de Stanford, afirmó categóricamente que en tiempos pasados era un solo partido el que controlaba todo; cuando los estudiantes protestaban eran masacrados y muchos opositores al régimen fueron desaparecidos.

Tal exaltación, enjundia y coraje a flor de piel hace pensar que el político michoacano se percibe a sí mismo como el jefe de un nuevo y distinto Estado, el panista, emergido a raíz del derrumbe de un Estado anterior, el priísta. Sin embargo, ello no es así.

La sucesión de Estados es una figura del derecho internacional que se materializa, entre otros supuestos, cuando un Estado se extingue y surge otro diferente dentro del mismo territorio, lo que hace aflorar interrogantes en relación a los compromisos, responsabilidades o deudas insolutas del Estado predecesor. Un ejemplo de ello lo brinda la experiencia histórica de la revolución bolchevique: el Estado zarista sucumbió a los embates del ejército rojo comandado por Trotsky y acto seguido emergió el Estado soviético, cuyos líderes se negaron a pagar los préstamos contraídos por el gobierno de Nicolás II.

La ascensión al poder del Partido Acción Nacional no significó una sucesión de Estados, sino una mera alternancia en la presidencia de la república. Ni antes hubo un Estado priísta ni ahora existe un Estado panista. El Estado sigue siendo exactamente el mismo y sobre él continúan gravitando las mismas responsabilidades institucionales derivadas del artero ataque a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

Así pues, si quien está emitiendo estos enérgicos pronunciamientos no es el ciudadano Felipe Calderón, sino el jefe de un Estado, que se salió de cauce y mancilló vidas humanas en aras de mantener incólume un régimen de dominación hegemónica, estamos entonces en presencia de una confesión lisa y llana a la que es necesario dar los efectos legales y humanitarios que le son inherentes. A guisa de ejemplo:

a) El régimen calderonista está compelido a poner en marcha un amplio programa de reparaciones en favor de las víctimas y sus familiares bajo la fórmula conocida en el derecho internacional de los derechos humanos como restitutio in integrum o restitución total, plena e íntegra. Esta no se circunscribe a las indemnizaciones de carácter económico, sino que se extiende a las reparaciones honoríficas, cuyo cometido es pedir perdón públicamente, desagraviar, honrar y reivindicar a los ofendidos, incluyendo el pago de compensaciones por  las afectaciones al proyecto de vida.

b) Igualmente, tiene que otorgar garantías objetivas de la no repetición de las violaciones a los derechos humanos, lo que demanda la instrumentación de una política de Estado centrada en el destierro de la violencia gubernamental como forma de ejercicio del poder político y la proscripción tajante de la criminalización de la protesta social. En este contexto, a fin de prevenir nuevos ataques, debe hacerse efectivo el derecho humano a la verdad, el derecho fundamental a saber lo que realmente sucedió; ello, además, constituye un mandato que el Estado mexicano debe cumplir en la forma y términos que se disponen en los Principios de la ONU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad.

c) Dos acciones son imprescindibles a la luz del imperativo ético y jurídico de la preservación de la memoria, la verdad y la justicia: por un lado, de acuerdo al texto de la sentencia definitiva en la que el Poder Judicial de la federación resolvió que la matanza perpetrada en la plaza de Tlatelolco constituyó un genocidio, la PGR debe verificar si existen nuevas pruebas que acrediten, así sea indiciar la presunta responsabilidad del ex presidente Luis Echeverría.

Por el otro, resulta ineludible que el Estado mexicano se allane a la brevedad a la queja interpuesta por Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández Gamundi y otros líderes históricos del Movimiento Estudiantil del 68 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a la masacre perpetrada por el grupo paramilitar de Los Halcones.

d) La depuración del pasado al que se afana en criticar acremente el ocupante de Los Pinos también exige encarar la ignominiosa guerra sucia, cuyo icono indiscutible fue la hórrida y tenebrosa Brigada Blanca. El gobierno federal debe dar cuenta y razón pormenorizada sobre el destino de los más de quinientos desaparecidos a los que se refirió la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, el ministerio público federal, a cargo de la procuradora Marisela Morales, no puede seguir dilatando la consignación de las numerosas averiguaciones previas que en su momento fueron exhaustivamente integradas por el equipo de trabajo comandado por el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto.

La incongruencia entre los dichos y los hechos presidenciales salta a la vista. Las denuncias mediáticas de Calderón deben ser transportadas a la realidad jurídica. Sólo así se honrará el vibrante reclamo recogido en el poema “Memorial de Tlatelolco”, de Rosario Castellanos: “Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros”.