Nora Rodríguez Aceves
Organizaciones de todo el continente Latinoamericano exigen cambios en las políticas contra las drogas: el fin de un enfoque puramente criminal y policiaco, y la construcción democrática de otro en el que se privilegie el desarrollo social, la educación, la cobertura universal en salud, la libertad y los derechos de todas las personas. “La guerra hacia ellas nunca podrá ser la solución”.
Al cumplirse el pasado 17 de junio los 40 años del inicio de la Guerra contra las Drogas, decretada por el presidente estadounidene Richard Nixon, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés) indicó, en el documento titulado Es hora de la Paz, los devastadores efectos sociales de esta conflagración: “el peso de la aplicación de la ley recae sobre los más vulnerables, desempleados, campesinos, indígenas, migrantes, y mujeres; la criminalización de los usuarios confunde el mundo de las políticas de salud con las de seguridad; los sistemas de justicia y carcelarios se encuentran al borde del colapso; la participación de las fuerzas armadas en esta guerra, ha incrementado sustancialmente las violaciones de los derechos humanos; las instituciones democráticas sufren inmensas presiones por parte de grande de grandes intereses, que se empeñan en mantenerlas débiles para garantizar sus negocios; las mafias y el crimen organizado se han consolidado en la región, progresivamente extienden sus intereses a otras actividades ilegales igualmente rentables”.
En contraste, los miembros del IDPC exigen un cambio en la estrategia y proponen: “que todas las políticas hacia las drogas observen un equilibrio entre las prioridades de salud y las de seguridad, partan de bases científicas y empíricas, respeten los derechos humanos y sean sujetas a evaluaciones objetivas, imparciales y periódicas en las que participe la sociedad civil; que las políticas hacia las drogas cuenten con recursos suficientes; que las estrategias gubernamentales para la reducción de los cultivos ilegales se bases en la promoción del desarrollo económico y la prestación de servicios básicos; se desarrolle una cultura de no discriminación de los usuarios de drogas, de modo tal que estos encuentren apoyo en las instituciones, en lugar de persecución y criminalización, especialmente entre las poblaciones más marginadas; las leyes relativas a drogas observen proporcionalidad en la tipificación del delito y las penas y contemplen también sanciones alternativas para aquellos que al infringir las leyes no hayan cometido delitos violentos, entre otros planteamientos que hacen los organismos de la región latina.
“Después de 40 años tenemos evidencia de que la estrategia actual no sólo no funciona, sino hasta empeora la situación”, dice Coletta Youngers, asesora principal sobre políticas de drogas de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). “Es tiempo de implementar políticas que aborden las causas sociales del consumo y tráfico de drogas”.
Entre los miembros latinoamericanos del IDPC están: el Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias (México), Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos (Perú); Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas; De Justicia (Colombia); Intercambios (Argentina); Psicotropicus, Centro Brasileiro de Política de Drogas (Brasil); WOLA (Estados Unidos); Trans National Institute (Holanda), y otros organismo más.
Foto: Olazaran’s Weblog