Beatriz Pagés
La pequeñez del candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, al gobierno del Estado de México es inversamente proporcional al odio que siente Felipe Calderón por los priístas y a su enojo por la derrota que sufrirá su partido en esa entidad.
La causa de la detención de Jorge Hank Rhon no pudo ser más obvia: tratar de hacer aparecer en las encuestas al invisible Bravo Mena.
El ex secretario privado del Presidente, una especie de monje cartujo, se ha destacado a lo largo de la contienda por ser simple y llanamente la definición más pura del anticandidato.
Ni el relanzamiento de su campaña con la presencia de los aspirantes panistas a la Presidencia de la República, ni el apoyo de toda la maquinaria del Estado, incluyendo medios de comunicación, han sido suficientes para hacerlo penetrar y crecer. Vamos, para alcanzar algunos picos en la representación gráfica de las encuestas.
Ese y no otro es el móvil de la consignación de Hank Rhon ante un juez.
La forma ilegal como el ejército irrumpió y detuvo al empresario termina por demostrar que con su captura —antes que hacer justicia— se buscó crear un escándalo de alto impacto para detener el ascenso del candidato del PRI en el Estado de México.
El uso de las televisoras, muy al estilo del productor de los reality-shows, Genaro García Luna, muestra una vez más que la credibilidad y legalidad de las hazañas contra el crimen está más sustentada en la espectacularidad de la imagen que en la correcta aplicación de la ley.
Las tomas detalladas y publicitadas de un Hank Rhon esposado, con el rostro fatigado, vestido con un suéter viejo, confundido entre los otros reos, obliga a preguntar —como en muchas otras ocasiones— si se trata de un acto propagandístico para demostrar de lo que es capaz el señor presidente o si es un proceso verdaderamente legal.
Pareciera que las autoridades estuvieron más interesadas en humillar al hijo de una leyenda política que en engrandecer la aplicación justa del derecho.
El juicio a Hank Rhon puede llegar a convertirse también en un juicio al ejército. Si los abogados defensores logran acreditar que la Secretaría de la Defensa mintió o utilizó sin fundamento el argumento de que al inculpado se le detuvo en flagrancia; que los militares sembraron las armas y que entraron al domicilio sin orden de cateo, México asistirá al réquiem de sus fuerzas armadas.
Quedará comprobado el mal uso, la manipulación ilegal que ha hecho y hace el Presidente de la República del ejército. Lamentablemente, quien pagará los costos jurídicos y políticos de esto y de las innumerables víctimas inocentes que han caído bajo las armas militares como consecuencia de una guerra sin ruta ni control, es el ejército mexicano.
Calderón, como ex presidente, se irá a su casa. La ley garantiza la impunidad de los ex mandatarios, pero el honor, la dignidad, la legalidad del ejército, cuya lealtad a las instituciones ha sido determinante para preservar la estabilidad del país, quedará seriamente afectada.
¿Qué sigue para las fuerzas armadas en general y qué sigue para sus principales mandos? La participación ilegal de los militares y su supeditación a los caprichos presidenciales obliga al Congreso a retomar el debate sobre la ley de seguridad nacional y a que se redefina, dentro del código militar, el concepto de lealtad.
¿Lealtad a quién? A las obsesiones, odios y necesidad de venganza del presidente en turno o lealtad a México, que, muchas veces, lamentablemente, no es lo mismo.
El caso Hank Rhon es un adelanto de lo que viene: tratar de ganar, a través de la persecución policiaca, lo que se es incapaz de ganar en las urnas.